Según datos procesados por El Observador la dirección general impositiva (DGI), la producción de cerveza cayó 5,9% en el acumulado de enero a julio de este año respecto a igual período de 2011.

La presión oficial para reducir el alcance del aumento salarial acordado entre los empresarios de la bebida y el sindicato del sector pone en duda la continuidad de un subsidio que recibe la producción cervecera local desde hace varios años, y que en 2011 ascendió a $298 millones, lo que equivale a unos US$15,4 millones, según datos de la Dirección General Impositiva a los que accedió El Observador.

El acuerdo alcanzado entre la patronal y la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) contempla aumentos reales en los próximos tres años que no están ligados a ningún criterio de productividad sectorial –como pretende el gobierno– y con una inflación proyectada por encima de los lineamientos oficiales, en momentos en que la producción de cerveza abandona el confort del crecimiento.

Según datos procesados por El Observador en base a las unidades físicas declaradas por los fabricantes a la Dirección General Impositiva (DGI), la producción de cerveza cayó 5,9% en el acumulado de enero a julio de este año respecto a igual período de 2011.

Mientras que en los primeros siete meses del año se produjeron 46,8 millones de litros de la bebida a nivel local, en igual período de 2011 el sector había declarado unos 13 millones de litros más (49,8 millones).

Si se consideran períodos cerrados, la producción de cerveza no ha mantenido vectores claros de evolución en los últimos años. Es en parte por ese motivo que el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller, cuestionó que un incremento que superará el 10% nominal cada año sea “muy rígido, porque es a tres años independientemente de lo que pase con el sector y con el país”, según sostuvo ayer en declaraciones a radio Sarandí.

“Ese acuerdo que se alcanzó no es consistente con los lineamientos de los acuerdos salariales”, ratificó Masoller, explicitando el descontento del Poder Ejecutivo.

La producción de 2011 fue de 97,2 millones de litros, lo que representó un incremento de 7,7% respecto a 2010, cuando se procesaron 90,2 millones de litros. No obstante, en 2009 –año que impactó en el país la crisis internacional– el sector se contrajo 2% respecto al año precedente, lo que evidencia la elasticidad de la demanda de un producto como la cerveza ante situaciones adversas.

“Creemos que la economía se está desacelerando, el gasto se frena, la demanda es menos fuerte que el año pasado, aumentó el desempleo. La realidad del país es diferente”, complementó Masoller.

Bebidas subsidiadas

El sector cervecero –que en Uruguay está dominado en un régimen cuasi monopólico por Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC), que pertenece al conglomerado internacional AB InBev– está gravado por el Impuesto Específico Interno (Imesi) con una tasa del 27%. La tasa se fija sobre un precio estipulado o “base específica” fijada por decreto –que para el caso de las cervezas es de $ 40,20–, o sobre el precio de fábrica del producto en caso de que sea mayor.

No obstante, en la Ley de Presupuesto aprobada en enero de 2011 se dispuso un subsidio directo a través de un crédito fiscal a los fabricantes de bebidas que utilicen para su comercialización envases retornables, que podrá ser de hasta 40% del valor del impuesto.

En los hechos y de acuerdo a un decreto del 23 de marzo de este año, se estableció que el crédito fiscal sea para el caso de las cervezas de $3,10 por cada litro comercializado, y de $ 1,30 para el caso de las maltas, con vigencia desde el 1° de marzo hasta el 31 de diciembre.Como solo alcanza a las bebidas envasadas en botellas retornables, no se benefician las bebidas importadas. Es ese el beneficio que ahora está en duda si no son revisados los términos salariales negociados.

Para ello, el gobierno tiene que torcer la voluntad de los empresarios que decidieron convalidar la propuesta del sindicato.

De acuerdo a la nueva ley de negociación colectiva, el gobierno no tiene injerencia sobre los convenios negociados fuera de la órbita del Consejo de Salarios, como es el caso actual. No obstante, puede decidir la convocatoria del Consejo del sector, en cuyo caso tampoco cuenta con mayorías para imponer sus lineamientos si las contrapartes privadas están de acuerdo. De aquí que el elemento de presión para poner a la patronal del lado del gobierno sea un subsidio que, según Masoller, hoy no necesita el sector de la bebida.

“Eso es lo que se evalúa, en la medida que se consolide ese convenio y se haga un traslado a precios de los aumentos, quiere decir que están en condiciones de competir. Si no, no justifica esos aumentos. (Es) un sector que tiene un nivel de protección y subsidio, y eso es lo que se va a evaluar: el mantenimiento o no en función de la situación planteada”, dijo Masoller.