Venezuela enfrenta casi 30 demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, desencadenadas tras la ola de nacionalizaciones ordenadas por Hugo Chávez.
En el 2012, Chávez solicitó oficialmente abandonar el Ciadi, con sede en Washington, sin embargo ello no exime al país de cumplir los fallos que emita el tribunal por casos anteriores. Estos son los principales casos, sin incluir arbitrajes en otros tribunales:
ConocoPhillips: Es el arbitraje más oneroso que enfrenta Venezuela, con una aspiración de indemnización de US$31.000 millones por la nacionalización de dos proyectos en el Orinoco y dos convenios de exploración en oriente. Una decisión parcial en 2013 determinó que “Venezuela no actuó de buena fe” en compensar adecuadamente a ConocoPhillips por tres grandes activos petroleros. Se espera una decisión final pronto.
Exxon Mobil: En el 2012, un fallo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ordenó a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) pagar US$907,58 millones a Exxon por la culminación abrupta en el 2007 de un contrato para explotación petrolera en la Faja del Orinoco. Venezuela consideró el fallo como un triunfo, pero el litigio ante el Ciadi -donde la petrolera demanda US$10.000 millones- sigue pendiente de resolución.
También empresas latinoamericanas entre los afectados
Cemex y Holcim: Entre el 2008 y el 2009, luego de que la mexicana Cemex y la suiza Holcim no lograran acuerdos con Venezuela, solicitaron arbitrajes ante el Ciadi por la expropiación de la industria cementera. Sus reclamos involucran unos US$2.000 millones en conjunto. Aunque Holcim y Venezuela dijeron que llegaron a un arreglo amistoso, el caso no ha sido retirado de la corte. En diciembre del 2011, Cemex dijo que Venezuela le pagó US$600 millones por la nacionalización de sus activos.
Gold Reserve: En el 2009 la minera canadiense solicitó arbitraje por la revocatoria de dos proyectos auríferos. Esta semana, el Ciadi determinó que Venezuela debe pagarle a la minera US$740 millones en compensación. Uno de los últimos litigios mineros en ventilarse corresponde a la canadiense Crystallex, que solicitó US$3.800 millones por el proyecto aurífero Las Cristinas.
Venezuela: tierra movediza para la industria internacional
Anglo American: La minera Anglo American, con sede en Londres, demandó a Venezuela a principios de 2014 por la cancelación de varias concesiones. Anglo American, una de las mayores mineras del mundo, fue propietaria del 91,4% de la mina Loma de Níquel en Venezuela hasta el año 2012 cuando el Gobierno de Chávez le canceló 13 concesiones y se negó a renovarle otras tres.
Rusoro: En el 2012 la minera ruso-canadiense Rusoro solicitó un arbitraje ante el Ciadi al no lograr un acuerdo con el Gobierno por la nacionalización de sus activos. La firma, que cotiza en la bolsa de Toronto, busca recibir alrededor de US$3.000 millones en compensación.
Tidewater: Tras esperar por meses a que Venezuela compensara a las 76 empresas de servicios petroleros que expropió en mayo del 2009, la estadounidense Tidewater solicitó un arbitraje para recuperar el valor de sus embarcaciones, estimado en unos US$45 millones.
Universal Compression Holdings: La firma, adquirida por la estadounidense Exterran, fue otra afectada por las expropiaciones del 2009. Introdujo arbitraje en el 2010 por sus activos valuados en US$400 millones.
OPIC Karimun: Introducido en el 2010 por una filial de la estatal taiwanesa CPC Corp, que tenía una porción minoritaria en los proyectos petroleros Golfo de Paria Este y Oeste.
Owens-Illinois: La fabricante estadounidense de envases de vidrio solicitó arbitraje en septiembre del 2011 por la expropiación de sus dos plantas en Venezuela, que representaban 5% de sus operaciones mundiales. Poco antes, la estadounidense Koch Industries introdujo un caso similar ante el Ciadi por la toma de Fertinitro, una empresa mixta para la producción de fertilizantes que compartía con la estatal Pequiven y la italiana Saipem S.p.A, subsidiaria a su vez de Eni.
