Sin embargo, el mandatario advirtió que "yo defiendo el derecho de los Estados a que, en un momento dado, y con la justa compensación, puedan nacionalizar una empresa en función del bien común".

El recién reelegido presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirma que las empresas españolas pueden invertir con seguridad en su país, porque allí existen "reglas muy claras" y "una estabilidad impresionante".

No obstante, el mandatario asegura: "yo defiendo el derecho de los Estados a que, en un momento dado, y con la justa compensación, puedan nacionalizar una empresa en función del bien común", en una entrevista que publica hoy el diario español ABC.

"En principio, no vemos necesidad, en el corto plazo, de tomar dichas medidas con ninguna empresa ni nacional ni internacional. Las reglas del juego están muy claras", afirma el presidente.

Correa cree que detrás de su victoria electoral del pasado 17 de febrero, cuando fue reelegido en la primera vuelta, no están sólo las mejoras en infraestructuras y otros avances logrados en Ecuador en su primer mandato.

"Lo que no se ve, el cambio de actitud en la gente. La gente había perdido la esperanza, porque éste era un país destrozado", afirma Correa para explicar, en parte, su victoria.

El presidente ecuatoriano asegura también que no tiene intención de aprovechar la reforma constitucional que quiere llevar a cabo para consolidar la "revolución ciudadana" con el objetivo de permitirle acceder a un nuevo mandato.

"El sistema es muy coherente: una sola elección para cualquier cargo de elección popular. Yo no veo por qué hay que cambiar ese sistema, que es bastante conveniente y coherente", afirma.

También subraya que, en relación al liderazgo en la región de Latinoamérica, "todos somos necesarios y ninguno imprescindible. Ni Rafael Correa, ni Hugo Chávez, ni Evo Morales".

En cuanto a las relaciones con el Gobierno español de Mariano Rajoy, las califica de "muy buenas y cordiales", a pesar de las polémicas que ha habido, por ejemplo, con el asunto de los desahucios, que han afectado a muchos inmigrantes ecuatorianos, y que ha llevado al Gobierno de Quito a llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo la ley hipotecaria española, que no prevé la dación en pago.