La Corte Suprema de Estados Unidos derogó sólo algunos artículos de una ley que regula a las empresas de contabilidad que trabajan con compañías que cotizan en bolsa, conocida como la ley Sarbanes-Oxley.

Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión dividida, derogó este lunes algunas directrices federales que crearon un organismo regulatorio privado para inspeccionar y disciplinar a las empresas de contabilidad que trabajan con firmas en bolsa.

La corte, en fallo dividido, encontró faltas en algunas partes de la Public Company Accounting Oversight Board, una agencia creada como parte de la ley Sarbanes-Oxley de 2002 para combatir los escándalos corporativos, luego del colapso de Enron y WorldCom.

El Congreso le había dado a esta corporación sin ánimo de lucro compuesta por una junta de cinco miembros, una amplia autoridad regulatoria sobre las firmas de contabilidad que auditan a las empresas que cotizan en bolsa.

El magistrado Roberts dijo que la estructura de la junta de contabilidad violaba el principio constitucional de la separación de poderes, debido a que era demasiado difícil que el presidente pudiera cambiar a los miembros de la junta.

Sin embargo, la corte se rehusó a acabar con la junta en su totalidad, asegurando que la mera existencia de ésta no viola la constitución.

El magistrado Roberts dijo que la ley Sarbanes-Oxley "sigue siendo completamente operativa como ley", agregando que las cláusulas inconstitucionales que gobiernan a la junta podrían ser separadas del resto de la ley.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ahora tendrá la autoridad de remover a los miembros de la junta a voluntad. Previamente, la SEC sólo podía cambiar a los miembros por una causa justa.

Un grupo de libre empresa y una firma de contabilidad del estado de Nevada demandaron la legalidad de la junta, argumentando que violaba los principios constitucionales de separación de poderes.

Los demandantes argumentaban que el Congreso otorgó a la junta de contabilidad un poder amplio y sin supervisión que no podía ser balanceado por el presidente o el director de un departamento del gobierno.