Con una economía duramente golpeada por la pandemia del COVID-19, el futuro mandatario o mandataria del país sudamericano deberá implementar medidas para incrementar el gasto y la inversión pública, ampliar la base tributaria e impulsar la formalización laboral con miras a reactivar los diversos sectores y consolidar el crecimiento económico.
El próximo 28 de julio, Perú celebrará el Bicentenario de su Independencia con un nuevo inquilino en Palacio de Gobierno ocupando el sillón de Pizarro. Al cierre de esta nota, el conteo del ente electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), daba una ventaja de más de 71.400 votos al izquierdista Pedro Castillo frente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
No obstante, sin importar quién sea proclamado como ganador, los retos en materia económica que enfrentará el próximo gobierno son claves para que Perú retome la senda de crecimiento. Y es que el país sudamericano –considerado años atrás como la niña bonita de la región por su buen manejo macroeconómico– ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19, que produjo una contracción de su economía de 11,1% en 2020 y un aumento de la pobreza de 10 puntos, alcanzando al 30% de su población.
La pandemia no ha sido el único factor que ha complicado la situación económica peruana, sino también las postergadas reformas en diversos ámbitos económicos que han puesto en evidencia los problemas estructurales de la economía y las graves consecuencias que traen en momentos de crisis como el que se vive actualmente, producto de la emergencia sanitaria.
En ese sentido, para Javier Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), la medida más inmediata en materia económica que el mandatario electo debe adoptar, incluso antes de asumir el cargo el próximo mes, tiene un fuerte componente político.
“Todo indica que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú y tiene dos opciones: buscar una moderación, que es lo que ha hecho en la campaña de la segunda vuelta o regresar a su plan de gobierno inicial más radical. La preocupación que se vive hoy en el país es la posible fuga de capitales y el alza del dólar. La única manera que tiene Castillo de combatir esto es anunciar quiénes serán el ministro de Economía, el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP) y su primer ministro que den confianza al mercado porque son tres puestos claves”, dice. “Esperemos que no sea gente muy ortodoxa porque sería muy difícil. Lo ideal sería un ministro de Economía como Kurt Burneo y que Julio Velarde se mantenga al frente del BCR o Richard Webb. Como primer ministro, una buena alternativa sería Salomón Lerner que, si bien es de centro izquierda, tiene experiencia en el gobierno de Ollanta Humala y es empresario. Eso daría más tranquilidad”.
De esta forma, se pondría paños fríos a los mercados financieros de Perú que podrían sufrir una fuga de capitales de salir electo el candidato de Perú Libre, según advirtió JP Morgan en un comunicado a inicios de esta semana. Del mismo modo, frenaría el alza del dólar que alcanzó un máximo histórico de S/ 3,94, tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta, que daban una ligera ventaja a Pedro Castillo.
“La mayor parte de peruanos y analistas internacionales piensan que hay que aclarar y decir las cosas como son, si es que [Castillo] va a ser radical e ir en contra del mercado y llevarnos al comunismo y estatismo”, dice Melvin Escudero, economista de Pacífico Business School (PBS). “Garantizar que el funcionamiento de la política monetaria va a estar enfocada en el control de la inflación y nada más es importante. No se trata de utilizar las reservas internacionales con otro propósito, sino continuar con esta política monetaria que ha dado buenos resultados durante tres décadas. Hay que seguir manteniendo la autonomía del BCR y a la vez tener una política fiscal responsable. Este es un elemento crítico para mantener al país como un destino atractivo para la inversión internacional y que genere confianza para los inversionistas locales. La plata puede salir muy rápido de Perú si las condiciones que los inversionistas consideran adecuadas para estar en nuestro país no se dan”.
Más gasto social y recaudación tributaria
Las demandas sociales en el país se incrementaron con la pandemia, tras la fuerte caída de la actividad económica y la pérdida de empleo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 2,2 millones de peruanos quedaron desempleados al cierre de 2020.
“Lo más urgente e inmediato que se puede trabajar son los temas de protección social y hambre. Después de muchos años hemos visto un incremento muy fuerte de la pobreza que, además, ha puesto en evidencia la fragilidad de lo que llamábamos clase media o clase media emergente y se ha hecho evidente la precariedad de muchas zonas urbanas, a diferencia de las zonas rurales que es donde siempre nos concentrábamos”, dice Ricardo Fort, investigador principal del think tank peruano de política social, Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade).
De acuerdo con Fort, por primera vez en la historia del país se ha visto el fenómeno de peruanos retornantes a las zonas rurales de origen. “Calculamos que solo en 2020, 250.000 personas que vivían en zonas urbanas regresaron a zonas rurales donde tienen redes de protección y algunos recursos. Ahí hay mucha vulnerabilidad que enfrentar. Además, mucha de esta gente no figura en ningún padrón porque probablemente tiene el DNI con la dirección de la zona rural, no está en ninguna planilla, entonces no existe. Gran parte de los problemas de los bonos que no han llegado a la población es por esto. Hacer una política de protección social y de empleabilidad para ellos es la clave”, dice.
Para ello, el investigador de Grade señala que el próximo gobierno debe invertir intensivamente en infraestructura básica o proyectos de servicios, contratando a gente local. “La necesidad de vías, muros de contención y veredas en todas estas zonas periféricas de las ciudades que han crecido de manera informal es enorme. La brecha de inversión es gigantesca y no es difícil hacer una planificación rápida del territorio que permita ver dónde hay necesidad de poner un muro de contención, asfaltar una pista o hacer una vereda. Son proyectos pequeños que generan bastante mano de obra y no muy calificada”, dice.
En tanto, para Javier Portocarrero es primordial expandir el gasto social para satisfacer la demanda social ampliando la presión tributaria del país. “Perú es un país con 14% de presión tributaria, lo cual es muy bajo. El gobierno va a tener que aumentarla, no ahora, pero quizás a partir del segundo semestre de 2022 o 2023 para expandir el gasto público e implementar más servicios sociales, atender a su base social, dar más salud, educación, más infraestructura básica, económica y social como agua, desagüe y alcantarillado con inversión pública”, dice.
Una mayor recaudación implica una reforma en el plano fiscal. No obstante, para Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), esta debe ser gradual y consensuada, para no repetir la experiencia de Colombia, cuya propuesta de reforma tributaria del presidente Iván Duque desencadenó violentos disturbios y descontento social.
“Las reformas no se tienen que hacer al caballazo o de la noche a la mañana, sino de manera consistente y con todos los componentes involucrados de esta reforma. ¿Qué requiere esto? Que la parte estatal, laboral y empresarial tienen que estar presentes para llegar finalmente a un mínimo común denominador. Las mejores negociaciones son aquellas en las que todas las partes ganan. Imponer algo al final genera un costo altísimo para el país. Tenemos que entrar en una dinámica de formalización y eso implica que el que está siendo informal tenga algo que ganar. Hay una serie de acciones que deben ser tomadas para demostrar que la formalidad genera beneficios, pero hasta ahora no las hemos podido definir. Esta es una reforma que se debe iniciar ya, porque nunca va a haber un momento ideal y es vital porque apuntala el crecimiento del país”, dice Posada, quien también es director de Comercio del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam).
Según Melvin Escudero, Perú debe aspirar a una presión tributaria del 30% del PIB. “Eso es más del doble de lo que tenemos ahora. ¿Cómo lo conseguimos? Obviamente, hay que reducir la informalidad con supervisión, pero hay que crear crecimiento en cadenas de valor, para eso necesitamos un Estado eficiente porque el actual no lo es”, dice.
La siguiente administración debe expandir el gasto social y dotar de infraestructura de servicios básicos en zonas rurales y periféricas.
Reforma laboral y modernización del Estado
La informalidad laboral es otro aspecto a superar en el país sudamericano y tener una de las legislaciones laborales más estrictas de la región no contribuye a revertir esta situación.
“Esto afecta tanto al trabajador como al empleador. Tenemos tal cantidad de regulaciones para contratar que no solo implica desembolsar la remuneración, sino una cantidad de costos adicionales que las empresas están obligadas a pagar, pero gran parte de estos no llega el trabajador, sino al Estado. Lo ideal sería que el empleador gaste esa plata y que la mayor cantidad llegue al trabajador por el trabajo bien realizado. Para eso se debe desburocratizar el régimen laboral en el sentido más amplio, que no haya necesidad de regulaciones que generen costos sin ningún tipo beneficio directo a la actividad laboral per sé. Hay muchos trámites, requisitos, exigencia irracional que le cuesta al formal para poder mantener una planilla laboral. Por lo tanto se fuerza al que no está en capacidad de pagar a entrar al mundo informal. Ahí también hay que ver los tres componentes: trabajador, empleador y Estado”, dice Carlos Posada.
En ese sentido, un elemento a considerar es mejorarla gestión del Estado y su capacidad de ejecución vinculada a la provisión de salud, educación, seguridad ciudadana y desarrollo de infraestructura.
“En los últimos años se esperaba una avance significativo de mejora del Estado, pero lo que hemos observado es una situación de parálisis e incluso deterioro por los escándalos de corrupción de Lava Jato y el Club de la Construcción que han mermado mucho a los funcionarios y a los sueldos, que son relativamente bajos y no atraen a los mejores profesionales”, dice Melvin Escudero. “Tenemos un Estado que no hace lo que debería hacer bien, funcionarios incompetentes y una elevada burocracia que traba la capacidad del país para salir adelante. En los últimos 20 años hemos tenido un crecimiento económico importante, pero un Estado que no ha sido capaz de ir a la par, lo cual nos está generando un problema que se observa ahora en la pandemia”.
Tener buenos funcionarios públicos tiene un impacto positivo en la administración de recursos del Estado y la calidad del gasto. “Se tiene que definir bien las prioridades de la inversión pública, sobre todo para el desarrollo productivo. Hay muy poco criterio de planificación territorial y de distribución de la inversión pública. El sistema de inversión que data desde los 90 mira proyecto por proyecto y no el conjunto. Ejecutan proyectos aislados que no se conectan entre sí. No hay conexión entre los sectores y entre los niveles de gobierno. Invertimos muy mal, hay que cambiar el sistema de planificación de la inversión pública de raíz”, dice Ricardo Fort.
La informalidad laboral, como la que se da en el emporio comercial de Gamarra, es uno de los grandes obstáculos de la economia peruana.
Inversión privada
La inversión privada, que en Perú ha jugado un gran papel para la generación de empleos y la reducción de la pobreza, es otro tema que el próximo gobernante no puede dejar de lado.
“Se debe evitar que la inversión privada se caiga porque esta representa el 80% de la inversión total. El sector empresarial está sumamente asustado y desconfiado de cómo va a ser el nuevo gobierno a partir del 28 de julio. La previsión del BCR era que la inversión iba a aumentar 15% este año. Eso ya es muy difícil que se dé, pero hay que evitar una caída y alcanzar un aumento de 4,5% a 5% para 2022”, dice Javier Portocarrero.
Ricardo Fort, por su lado, enfatiza que la inyección de inversión privada permitirá implementar diversas políticas y dinamizará el crecimiento. “Tenemos que comenzar a recuperar niveles de inversión privada en los principales motores y quizás crear otros, tomando en cuenta que hay sectores, como el turismo, a los que le va a costar mucho recuperar sus niveles de crecimiento pre pandemia”, dice.
Para Carlos Posada, dada la ubicación geográfica de Perú, se puede aprovechar el nearshoring de empresas globales que han identificado a América Latina como una región atractiva para recolocar sus operaciones.
“El COVID demostró que no se puede tener toda la producción en China. Ante ello, se está dando la tendencia de nearshoring, que es regresar a las orillas cercanas del país de origen de la compañía. Esto está haciendo que muchos países –Perú no es uno de ellos– atraigan esta inversión para diversificar procesos productivos”, dice. “Colombia, Centroamérica y Brasil ya lo vienen haciendo. Hay una tendencia natural a nivel internacional de promocionar zonas económicas especiales o zonas francas que buscan atraer inversión especializada en ciertos sectores, como tecnología, automotriz o salud, para generar facilidades. Eso es algo que el gobierno de uno u otro candidato tiene que implementar”, dice.
* Fotos Andina.
