Un abogado de la junta de supervisión financiera federal de Puerto Rico dijo a la jueza estadounidense Laura Taylor Swain en los argumentos iniciales que los dos principales grupos de acreedores expresaron su interés en mantener las discusiones mientras continúa el proceso en tribunales.
Los principales acreedores de Puerto Rico, que comparecieron ante una jueza estadounidense por el mayor caso de reestructuración financiera pública en la historia, se mostraron interesados el miércoles en continuar con las negociaciones para un acuerdo que resuelva el impago de la isla por US$70.000 millones.
Un abogado de la junta de supervisión financiera federal de Puerto Rico dijo a la jueza estadounidense Laura Taylor Swain en los argumentos iniciales que los dos principales grupos de acreedores expresaron su interés en mantener las discusiones mientras continúa el proceso en tribunales.
Swain, la magistrada designada por la Corte Suprema para presidir el proceso por la bancarrota de Puerto Rico, dijo que "el alcance y la escala" del caso es "aleccionador" y que "ciertamente tendrá costos", aunque "el fracaso no es una opción".
Ante una corte atestada por unas 100 personas, la jueza añadió que "dedicar todo nuestro tiempo al litigio no puede ser la única forma de avanzar".
La audiencia del miércoles marca el inicio de un proceso que podría tomar meses o años. También es la culminación de más de dos años de amargo debate entre el Gobierno de Puerto Rico, sus acreedores y legisladores federales sobre la manera en la que la isla debería abordar una carga de deuda que ha arruinado su economía.
Previamente este mes, el gobierno central del territorio asociado de Estados Unidos presentó una versión modificada de la declaración de bancarrota, creada bajo los términos de una ley especial de rescate denominada PROMESA (por sus siglas en inglés), a fin de permitirle reducir sus obligaciones de deuda por la vía legal.
La autoridad tributaria de la isla, conocida como COFINA, le siguió unos días más tarde con su propia solicitud de acogerse al capítulo 3 de la ley PROMESA, que le permite seguir un mecanismo similar a las declaraciones de insolvencia en Estados Unidos.
El abogado Martin Bienenstock dijo que la junta de supervisión quiere presionar a los tenedores de deuda para que ingresen al proceso de mediación. El monto de la deuda en manos de inversores involucrados en ambos procedimientos legales alcanza casi los US$36.000 millones, casi la mitad del total del monto adeudado por Puerto Rico.
