Se proyecta una profundización del socialismo en Venezuela tras la reelección de Hugo Chávez. Una devaluación se avecina para resolver desequilibrios fiscales y monetarios mientras se fragua el estado comunal.
Los precios de la deuda soberana cayeron y los mercados respiraron más tranquilos al confirmarse la nueva victoria de Hugo Chávez en las urnas. El pasado 7 de octubre, los venezolanos optaron por un escenario continuista y revalidaron al presidente por seis años más. Con un 55,26% de los votos, el cuarto mandato de Chávez anuncia una profundización de su política económica.
Para el economista y profesor de la escuela de negocios IESA José Manuel Puente, la reelección da luz verde a Chávez para “dar continuidad y profundización a su política económica socialista”.
Según el experto, el nuevo periodo seguirá marcado por una economía “hipercontrolada”, por un sector privado reducido, un alto nivel de importaciones y un Estado cada vez más poderoso, aunque van a necesitarse algunos ajustes por los “gigantescos” desequilibrios económicos que acumula el país con las mayores reservas petroleras del mundo.
Puente destaca, en el programa de gobierno, la propuesta de desarrollo de la “economía comunal” frente al modelo capitalista, esperando crear hasta 3.000 nuevas comunas en seis años.
Bolívar débil. En el primer semestre de este año, Venezuela recibió US$47.324 millones por la venta de petróleo. Con la inestimable ayuda de los altos precios del crudo y la agenda electoral en mente, el gobierno hizo una gran expansión del gasto público y de la deuda nacional, dejando el déficit fiscal entre un 8% y un 9% del PIB. Permitió también que el bolívar, bajo estricto control de cambio desde 2003, se sobrevaluara hasta el punto en que hoy se obtiene en el mercado negro por tres veces su precio oficial.
“El gobierno se va a ver obligado a sincerar la actividad económica”, dice Pedro Palma, director de la firma Ecoanalítica, para quien la devaluación es impostergable y se producirá en los próximos meses.
Tras los ajustes monetarios en enero de 2010 y de 2011, este año el gobierno venezolano evitó depreciar el bolívar por las cruciales elecciones. Palma estima que esto llevó a una sobrevaluación de la moneda que, entre otros aspectos, “restó competitividad al aparato productivo interno”, dando continuidad al boom importador que beneficia a socios comerciales como Estados Unidos, Brasil o Argentina. Sólo en este primer semestre Venezuela importó US$ 27.020 millones, un 26% más que en el mismo periodo del año pasado y cifra récord en la historia del país.
La sobrevaluación monetaria tampoco ha ayudado a reducir la inflación, una de las mayores de la región, que podría cerrar el año cinco o siete puntos por debajo del 27,6% del año pasado. Para Puente, de IESA, es difícil adelantar qué tipo de devaluación estudia hacer el gobierno, aunque “por razones políticas” descarta que llegue a un 100%, como se hizo en 2010. Pero recalca que la devaluación a automáticamente va a “mejorar las cuentas fiscales” del gobierno, ya que va a percibir más bolívares por cada “petrodólar”.
El ex ministro de Industrias en la primera década del gobierno de Chávez y exdirector de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Víctor Álvarez, ve la situación desde otra óptica. Para el ahora investigador del oficialista Centro Internacional Miranda, lo que hace falta no es una devaluación, sino un “manejo inteligente de la política cambiaria”. Álvarez aboga por “un tipo de cambio Mercosur o ALBA como un incentivo a los exportadores venezolanos” para que vendan sus productos a 4,30, pero puedan revalorizar sus beneficios a 5,30 o al cambio del mercado paralelo.
Piedra en el zapato. Durante la campaña presidencial, Chávez hizo varios guiños al sector privado aventurando tiempos de mayor colaboración y llegando a afirmar, incluso, que a los ricos les convenía su reelección. “No es que tenemos en nuestros planes que la empresa privada participe junto al Estado en el desarrollo económico del país, es que ya está ocurriendo”, dijo el mandatario en un discurso que dejaba de lado sus repetidas amenazas a los empresarios “ricachones”, desde que en 2007 inició una ola de nacionalizaciones y expropiaciones a empresas como la telefónica CANTV, Cemex, Banco Santander o la francesa Casino.
Por esto Venezuela tiene pendientes una veintena de arbitrajes internacionales mientras que, según cifras del Banco Mundial, la inversión extranjera cayó de US$ 3.900 millones en 1998 a menos de US$ 1.000 millones en 2011. ¿Podría este cuarto mandato de Chávez abrir espacios para una relación más pragmática con el sector privado?
Palma, de Ecoanalítica, lo duda. Y recuerda el reciente nombramiento del ministro de Agricultura y Tierras, cuando Chávez dijo: ‘oligarcas temblad, que Juan Carlos Loyo volvió’”. Desde el oficialismo Álvarez cree que el diálogo entre el gobierno y el sector privado sólo mejorará cuando los gremios empresariales “quieran ser interlocutores de sus afiliados y tomen una actitud mucho más propositiva en lugar de seguir actuando como si fueran organizaciones políticas”.
Pero espacios de negocios hay y, como Puente subraya, las empresas transnacionales compensan el “alto riesgo-país con altas ganancias y grandes volúmenes de rentabilidad”, comentando el ejemplo de Microsoft, “que tiene en Venezuela su oficina más rentable del mundo”.
¿Estado comunal? Venezuela es un país de grandes contradicciones. El gobierno profesa odio al “imperio”, pero mantiene a Estados Unidos como principal socio comercial. Un 27,8% de la población aún vive bajo la línea de pobreza, pero es el primer consumidor latinoamericano de whisky (sólo superado por EE.UU. y Arabia Saudita, según la Scotch Whisky Association).
El discurso de Chávez apunta ahora a afincar el estado de las comunas para que el poder popular asuma paulatinamente la producción nacional. “Ese episodio de las estatalizaciones es prácticamente un capítulo cerrado. La tendencia ahora será invertir en nuevas formas de propiedad social, popular, comunal, que empoderen a los trabajadores”, dice Álvarez.
Para el exdirector de PDVSA el objetivo del gobierno es aumentar la densidad empresarial del país con “empleo productivo” y pasar de 0,25 establecimiento industrial por cada 1.000 habitantes a estándares regionales de uno por cada 1.000.
La implementación del estado comunal, cuyas atribuciones podrían incluso competir con las de alcaldías y gobernaciones, “tiene sentido y lógica” en el discurso del gobierno, según Puente. “Pero, ¿hasta dónde va a llegar? La revolución no siempre hace lo que dice”, apunta. “Yo firmé un decreto creando algo así como un ente superior de las comunas. ¿Dónde está? (…) No se ve el espíritu comunal y eso es grave. ¿Será que seguiré clamando en el desierto por cosas como éstas?”, preguntó Chávez recientemente a sus ministros. La respuesta la dará el tiempo.