Desde que el juez Thomas Griesa ordenó la semana pasada que Argentina desembolse hasta el 15 de diciembre US$1.330 millones, muchos ahorristas confían en que la larga espera que comenzó hace 10 años esté más cerca de acabar.
Buenos Aires. Pequeños ahorristas argentinos perjudicados por la masiva cesación de pagos del país sudamericano en 2002 alientan esperanzas tras una década de batalla judicial, luego de fallos favorables en Estados Unidos.
Desde que el juez Thomas Griesa ordenó la semana pasada que Argentina desembolse hasta el 15 de diciembre US$1.330 millones para garantizar pagos a acreedores que no quisieron participar en dos canjes de deuda impaga, para evitar sufrir duras quitas, muchos ahorristas confían en que la larga espera que comenzó hace 10 años esté más cerca de acabar.
Entre los litigantes hay ancianos y otros que han fallecido, pero algunos demandantes como Horacio Vázquez, un ingeniero de 56 años, piensan que el momento de un resarcimiento se aproxima, pese a que el fallo de Griesa fue suspendido este miércoles por una corte, que escuchará a las partes en conflicto hasta el 27 de febrero.
"Es la primera vez que tengo esperanzas en serio que Argentina se siente a negociar de buena fe. Nuestra única opción era la justicia norteamericana", dijo Vázquez, que compró en el 2000 bonos argentinos emitidos bajo legislación neoyorquina por unos US$70.000.
La sentencia de Griesa sacudió al gobierno de la presidenta Cristina Fernández, ya que el magistrado dictaminó que si el país no acataba la orden judicial echaría mano a los pagos por unos US$3.100 millones que debe realizar en diciembre para cumplir con los bonos reestructurados.
La suspensión de la corte evitó así la posibilidad inmediata de un incumplimiento técnico de la deuda soberana argentina, ya que el dinero enviado para el pago regular pudo haber sido dividido entre más acreedores, lo que hubiese dejado en el limbo a títulos reestructurados por unos US$24.000 millones.
La corte de apelaciones que trata el caso ya se expidió en octubre afirmando que Argentina discriminó de forma impropia a tenedores de bonos que se negaron a participar en sus reestructuraciones de deuda soberana impaga en 2005 y 2010.
Vázquez formó hace años una asociación que agrupa a ahorristas perjudicados por el enorme incumplimiento de pagos en el que cayó Argentina a inicios de la década pasada y tiene una sentencia favorable en el juzgado de Griesa desde hace seis años.
El magistrado decide en varios litigios desencadenados por el incumplimiento de la deuda de Argentina y aunque dispuso el pago de compensaciones por miles de millones de dólares a tenedores de bonos impagos, éstos no han podido cobrar por las leyes de Estados Unidos de inmunidad soberana.
"No somos buitres. Lo único que hicimos fue ahorrar en Argentina con deuda pública emitida por Argentina", dijo tomando un café con medialunas en un bar de Buenos Aires.
El Gobierno argentino califica como "buitres" a fondos como NML Capital o Aurelius Capital Management, que adquirieron deuda argentina a precio de ganga hace años y litigan para buscar recuperar el valor nominal de los bonos.
NML y Aurelius están detrás de la demanda que tiene fallos favorables de Griesa y de una corte de apelaciones. Sin embargo, en la causa también aparecen como litigantes 13 ahorristas argentinos.
Según una fuente con conocimiento del caso, las acreencias de este grupo -que aún no tiene sentencia definitiva- suman cerca de US$1 millón.
El incumplimiento o 'default' argentino de 2002, declarado tras una devastadora crisis económica, perjudicó a pequeños ahorristas que en todo el mundo habían invertido en bonos soberanos argentinos pese al riesgo del país.
De los 13 litigantes argentinos, al menos tres son jubilados de más de 80 años, y otros han muerto. Las hermanas Carmen y Norma Lavorato tienen 83 y 88 años, respectivamente, y Susana Aquerreta tiene 90.
Como Vázquez, las Lavorato, Arrequeta y otros viven en Buenos Aires, desperdigados en zonas populares como La Boca y Barracas, o en barrios de clase media acomodada como Recoleta o Belgrano.
"De la justicia y los políticos de este país no espero nada. Pero me molesta que me quieran convertir en Mefistófeles cuando lo que soy es apenas una jubilada muy mayor que confió en títulos emitidos por este país", dijo a Reuters por teléfono uno de las ahorristas defraudados. "Buitres son los que gobiernan", agregó.
Un familiar de las hermanas Lavorato dijo que ellas están asustadas. Una allegada de Arrequeta que pidió no ser identificada dijo que los ahorristas temían al Gobierno.
"Es que el Gobierno argentino juega a que te mueras", dijo Vázquez, quien aseguró que "por principio, después de 10 años litigando, no voy a aceptar cobrar lo mismo que un ahorrista que entró a los canjes de 2010 y 2005".
Presidente de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd), Vázquez dijo que el Gobierno quiere ocultar la existencia de ahorristas defraudados particulares para conseguir apoyo en su prédica contra los fondos de inversión más agresivos.
