Sarkozy logró lo que nadie: que Uruguay y Panamá, los dos últimos paraísos fiscales de América Latina, se apuren para dejar de serlo.
“Panamá es un paraíso, pero no uno fiscal”. El presidente panameño, Ricardo Martinelli, respondió así en Londres a las declaraciones del presidente francés, Nicolás Sarkozy, quien se refirió a su país y a Uruguay como paraísos fiscales. El presidente uruguayo fue menos amable: “Los paraísos fiscales que denuncian los europeos fueron creados por ellos mismos”, dijo José Mujica. “El mundo rico inventó los paraísos fiscales para digerir toda la plata negra del mundo e incorporarla a los circuitos legales, es un invento del capitalismo para su propia autodigestión”.
La reacción de ambos presidentes llegó luego que su colega francés, durante la Cumbre del G20, mencionara una lista de nueve países de todo el mundo que no han aprobado un marco jurídico apropiado para el intercambio de informaciones fiscales. “No estamos dispuesto a tolerarlo”, dijo Sarkozy. “No queremos más paraísos fiscales y los países que siguen siendo paraísos fiscales mediante la falta de transparencia bancaria serán puestos al margen de la comunidad internacional”.
Estado de negociación. Para lograrlo, el presidente francés quiere que se haga costumbre del G20 la publicación de la lista de países que son considerados como paraísos fiscales según la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que identifica a aquellos Estados que entregan beneficios tributarios o legales a ciudadanos o empresas que no residen en ellos. Estos beneficios atraen recursos internacionales a sus sistemas financieros, especialmente para países pequeños de pocos habitantes y con poca capacidad de acumular capitales domésticamente. Las regulaciones que los convierten en paraísos fiscales van acompañadas de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales, con lo que sirven para dar cobijo a evasores de impuestos de otros países o a quienes han acumulado dinero a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico o el terrorismo.
El tirón de orejas de Sarkozy dio resultados. Si bien lo primero que hicieron ambos presidentes fue salir de gira para negar lo que dijo el francés (Martinelli viajó a Inglaterra y a Francia, donde se tomó una foto con el mandatario francés, mientras que Mujica fue a México y Brasil, donde obtuvo el apoyo explícito de ambos países), fuentes de los equipos económicos de ambos gobiernos reconocieron que recibieron la orden de acelerar las reformas y las negociaciones de tratados de intercambio e información con otros países para dejar de ser lo más rápido posible lo que ellos dicen no ser.
Para Panamá es más simple. En los últimos años, Panamá ha firmado una serie de acuerdos de doble tributación con distintos países del mundo para abandonar la infame lista de paraísos fiscales. Optaron por este camino largo en vez de flexibilizar el secreto bancario. No obstante, según la OCDE, el país requiere además la eliminación lisa y llana de las acciones al portador, o la creación de registros fiduciarios que implicarían su virtual desaparición. “Sólo con ese movimiento, Panamá dejará el club de 12 países indeseados en mayo de 2012, fecha de la próxima revisión de la OCDE que precederá la futura reunión del G-20”, dice Pascal Saint-Amans, jefe de la secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para efectos fiscales de la OCDE.
“Panamá sí es un paraíso fiscal”, dice Carlos Barsallo, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores de ese país. “Pese a las normas aprobadas y acuerdos firmados, el problema de falta de cooperación perdura, y hasta que haya un cambio, seguirá siendo considerado como lo que es”. La necesidad del cambio de conducta no es desconocida por los funcionarios de Martinelli. “El tema en el que estamos estancados es el de las acciones al portador”, dice Frank de Lima, ministro panameño de Economía y Finanzas. “La mayoría de los países que tienen acciones al portador no permiten su libre circulación, las tienen inmovilizadas a través de un sistema de registro”. El plan de De Lima es llevar a cabo un registro como éste antes de mayo. “La imagen de Panamá es mucho más importante que cualquier ingreso que esté recibiendo el estado panameño por tener el sistema de acciones al portador”. Según él, los abogados que asesoran al ministerio panameño, Arnold & Porter, están ultimando los detalles de este cambio.
Para Mujica es más difícil. Uruguay también debe cambiar su legislación en lo que se refiere a las acciones al portador, tal como confirmó a AméricaEconomía un asesor del Presidente Mujica quien pidió no revelar su nombre. A principios de diciembre, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley que modificará la posibilidad de contar con acciones al portador en las sociedades anónimas. “Y se prevé la posibilidad de que un juez civil levante el secreto bancario cuando se solicite fundadamente información por parte de un Estado con quien Uruguay haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición”, dijo la fuente.
Pero a Uruguay no le alcanza sólo con esto. Deberá además firmar tratados de información fiscal con Argentina y Brasil, con lo que arriesga no llegar a tiempo para la revisión de mayo. “Con Argentina ya hay bastante avanzado”, según José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, en Buenos Aires. “Ya hay un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina al que sólo falta escribirle la letra chica”, agrega Sbattella. “Se firmaría a principios de 2012”.
La fuente cercana al gobierno uruguayo aseguró que los detalles terminarán de limarse después del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio de gabinete para el nuevo mandato de Cristina Fernández, pero se espera que exista un anuncio el 20 de diciembre en Montevideo, cuando se reúna el Mercosur.
No es una iniciativa fácil para Mujica: el convenio de tributación con Argentina es un punto de conflicto dentro de la misma alianza oficialista. “La decisión política está tomada. Habrá que ver cuánta resistencia tiene de los neoliberales que todavía hay en Uruguay, incluso dentro del Ministerio de Economía”, dice Sbattella. La importancia de la firma del acuerdo entre Uruguay y Argentina radica en la posibilidad de sacar a la luz el alto número de evasores argentinos que tendrían radicadas sus empresas en ese país. Uruguay es el tercer país con el que Argentina tiene mayor cantidad de movimientos financieros. Se registran ingresos por casi US$ 335 millones y egresos por US$ 333 millones. El patrimonio de argentinos en Uruguay ronda los US$ 3.700 millones, según autoridades uruguayas. Luego de Argentina, vendría el acuerdo con Brasil, que también podría anunciarse el 20 de diciembre. En Itamaraty, sede de quienes llevan la política internacional brasileña, no confirmaron esa posibilidad. Ambos serán acuerdos muy parecidos a los que Uruguay ya tiene firmados con Alemania. “No será un mero acuerdo de intercambio de información, sino de doble tributación, para que nadie pague dos veces los impuestos”, agrega la fuente del gobierno uruguayo.
El tiempo corre. Si no logran impulsar estas medidas y verificarlas antes de mayo, la próxima cumbre del G20 volverá a tenerlos como protagonistas infames del G20.
