El presidente de Venezuela ordenó recoger todos los billetes de cien bolívares en un lapso de 72 horas sin haber puesto en circulación billetes de mayor denominación. Esto amenaza con dejar a la población sin efectivo.
Como solía hacerlo Hugo Chávez, su predecesor en la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro se ha habituado a emitir decretos y hacer otras notificaciones importantes en su programa de televisión, En contacto con Maduro. Como muestra, un botón: este domingo (11.12.2016), frente a las cámaras, el mandatario ordenó recoger todos los billetes de 100 bolívares en un lapso de tres días, alegando que eso permitiría hacerle frente a supuestas mafias dedicadas a acaparar el papel moneda para desestabilizar la economía del país.
Esta moción se pone en marcha en el marco de una crisis económica severa, caracterizada por una inflación aparentemente indetenible; el valor del dólar estadounidense en el mercado negro venezolano es desde hace tiempo un dolor de cabeza para el estamento chavista. Por si fuera poco, los sistemas de pago electrónicos han estado registrando fallas masivas y el costo del transporte colectivo está por aumentar. La medida dada a conocer este 11 de diciembre ha causado alarma porque amenaza con sacar de circulación la mayor parte del efectivo disponible antes de que lleguen al país los nuevos billetes de mayor denominación. Cinco días antes, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la ampliación del cono monetario con seis nuevos billetes –con un valor nominal de 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 y 500 bolívares– y tres monedas de 100, 50 y 10 bolívares. Citando cifras del BCV, analistas sostienen que los billetes de 100 bolívares –los de mayor valor en este momento– constituyen el 48% del dinero que pasa de mano en mano en la economía venezolana. Otros dudan que la operación pueda llevarse a cabo por falta de tiempo –los bancos no laboran este 12 de diciembre– y de capacidad.
Las sedes del BCV no alcanzarán para procesar la recogida de los billetes en el período fijado por Maduro. El "hombre fuerte” de Caracas no comparte esa impresión: a sus ojos, él ha dado "un plazo prudente para que quienes posean billetes de 100 bolívares los declaren ante la banca pública y ante el Banco Central”. Maduro señaló que tomó esa decisión tras constatarse la existencia de almacenes en ciudades de Alemania, Brasil, Colombia, la República Checa y Ucrania donde se acumulan los billetes venezolanos.
"Se calcula que más de 300.000 millones de bolívares están en poder de las mafias internacionales dirigidas desde Colombia”, dijo el presidente, acotando que había bancos nacionales involucrados en la "guerra económica” contra su Gobierno. Maduro aseguró que la instancia coordinadora del plan de desestabilización monetaria es una organización no gubernamental "contratada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”. Según el mandatario, el objetivo de sus enemigos externos e internos es "dejar al país sin billetes de 100”.
Maduro insistió en que desde hace por lo menos dos años se ha practicado desde Cúcuta y Maicao –ciudades colombianas que colindan con la frontera venezolana– la extracción sistemática de papel moneda venezolano y en que, por eso, les había ordenado a sus ministros de Defensa y Asuntos Interiores –Vladimir Padrino, y Néstor Reverol, respectivamente– cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas "para que no regresen esos billetes (…) Ellos que se queden con su estafa en el exterior”.
El mandatario informó que la medida saldrá publicada este lunes (12.12.2016) en Gaceta Oficial y que a partir de ese momento las personas tendrán 72 horas para hacer el canje o depósito del billete y después de ese lapso se iniciará un período de diez días para que esa transacción se haga directamente en las taquillas del BCV. Tanto la medida monetaria como el cierre de la frontera colombo-venezolana son mociones que deberían recibir el visto bueno del Parlamento, pero Maduro gobierna por decreto desde hace meses con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, dominado por fichas del oficialismo como casi todos los poderes públicos.
