La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó con la amplia mayoría del oficialismo este instrumento que, entre otras medidas, pretende garantizar los depósitos para evitar que se repita una crisis como la que estremeció al país en 1999.

Quito. La aprobación del Código Monetario y Financiero en Ecuador ha reabierto el debate entre la necesidad de regulación del sector que defiende el gobierno y que el sector financiero, en particular la banca privada, ve más bien como una expresión de intervencionismo del poder político.

La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó el jueves con la amplia mayoría del oficialismo este instrumento que, entre otras medidas, pretende garantizar los depósitos para evitar que se repita una crisis como la que estremeció al país en 1999.

En aquel entonces, en un contexto de fuerte crisis de liquidez de la banca, el presidente Jamil Mahuad ordenó la congelación de depósitos bancarios.

La banca privada, a ojos del gobierno actual, no goza de una completa buena imagen, aunque sus representantes reniegan de las críticas y subrayan la buena salud del sistema financiero privado, con cuentas saneadas y fondos suficientes para respaldar el dinero de los ahorradores.

Por eso los banqueros rechazan aspectos del nuevo código y se incomodan ante la normativa, que extremará el control al sistema para garantizar los depósitos en manos de la banca pública, privada, las cooperativas de ahorro y crédito y todo el sistema financiero por medio de un fondo de garantía de depósitos.

Respaldado por la mayoría oficialista en la Asamblea y con un enfoque apegado al espíritu político del gobierno izquierdista de la "Revolución Ciudadana" que lidera el presidente Rafael Correa, el proyecto pone al ser humano por encima del capital, según un comunicado de la propia cámara.

Además, ratifica la dolarización vigente en la economía ecuatoriana desde el año 2000 y "el total compromiso de aportar para el desarrollo de la patria en la orientación en las líneas de crédito", indica la nota.

La norma limita los sueldos y remuneraciones de los gerentes y directivos de las instituciones del sistema financiero y obliga a las cooperativas de economía popular y solidaria a contar con un seguro de depósitos para hacer frente a quiebras, al tiempo que determina la creación de un "seguro de aseguradoras" con el mismo fin.

Para el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino, "una cosa es supervisión, otra cosa es un intervencionismo estatal al máximo" y lo que establece este código "es un intervencionismo espantoso. Eso no es regulación, eso no es supervisión", dijo al periódico digital Ecuadorinmediato.

Robalino anticipa "una tendencia a la desaceleración de la expansión del crédito en el sector bancario privado" como consecuencia de una de las potestades que el instrumento aprobado otorga a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Ese organismo podrá, según él, decidir a qué actividades económicas debe la banca prestar atención preferente a la hora de conceder créditos, lo que llevará a los bancos a extremar sus evaluaciones de riesgo y, por ello, a una cierta desaceleración, dijo.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, integrada por varios delegados del Gobierno, ha sido objeto de críticas por la supuesta acumulación de poder y las ingentes competencias que albergaría y que, según el legislador opositor Luis Fernando Torres, convierten a ese ente en "un monstruo de seis cabezas".

Según él, "se convertirá al final en uno de los órganos públicos más poderosos en el territorio ecuatoriano", con competencias "para legislar sobre diversas materias bajo el disfraz de que dictará actos normativos".

El proyecto aprobado por el Legislativo, que deberá entrar en vigor en las próximas semanas, una vez sancionado por el Ejecutivo o modificado con base en objeciones que este pueda plantear, es defendido desde el Gobierno.

El vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, defendió el jueves la regulación del sector financiero, ya que opera con los depósitos de los ahorradores, y negó que sea el gobierno el que vaya a determinar a qué sectores se deben prestar recursos, pero subrayó la necesidad de que los ciudadanos se pregunten si la banca necesita o no una regulación.