El comercio se ha convertido en una autopista para las organizaciones de narcos, que limpian ganancias en compraventas con firmas de Estados Unidos.
México DF. México ha construido barreras legales para cerrarle el paso al dinero del narcotráfico, pero a pesar de los sofisticados controles financieros miles de millones de dólares se siguen colando por la puerta grande: el comercio con Estados Unidos.
La cruzada mexicana para atacar el lavado debe lidiar con sistemas automáticos de detección que fallan, la falta de personal de supervisión en entidades financieras y reguladores, una economía donde reina el efectivo, y para rematar, el poder corruptor y la creatividad de los cárteles de la droga.
El comercio se ha convertido en una autopista para las organizaciones de narcos, que limpian ganancias en compraventas con firmas de Estados Unidos a las que envían cargamentos de productos lícitos sobrefacturados a través de empresas fachada.
Con un creciente intercambio bilateral de US$450.000 millones anuales, el volumen de negocios hace fácil esconder el dinero en un país socio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá.
Cerca de 200 empresas de México figuran en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense por supuestos lazos con el narcotráfico, desde firmas comercializadoras y exportadoras hasta compañías de servicios aéreos y de lavado... de autos.
Ponerle cifras al dinero sucio que se escurre por el comercio es complicado ante la falta de estimaciones confiables, pero los que conocen el terreno coinciden en que es un dolor de cabeza varias veces multimillonario.
El dinero que blanquea el narcotráfico va de US$4.000 a US$10.000 millones anuales, según dos cálculos distintos del gobierno mexicano. Washington cree que puede trepar hasta US$29.000 millones y hay legisladores mexicanos que suben la cuenta hasta los US$45.000 millones.
Esa catarata de recursos es el combustible que aviva la macabra violencia que ha dejado cerca de 60.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una cruzada con miles de soldados en las calles poco después de asumir en el 2006.
Para intentar bloquear los caminos al dinero ilegal, el Congreso aprobó en octubre una ley antilavado, dos años después de haber sido enviada por Calderón.
"Es un buen paso, (pero) no creo que sea suficiente", dijo Jorge García-Villalobos, socio de asesoría financiera en Deloitte especializado en antilavado de dinero, sobre la ley.
Aunque restringe las compras de bienes en efectivo, impone penas de cárcel para los actores del sistema financiero y amplía los sectores obligados a reportar operaciones sospechosas, la demorada norma no hace referencia al problema comercial.
"Hay que salir de la visión estrecha de que el lavado de activos se ha hecho solamente a través de las instituciones financieras", dijo Antonio Mazzitelli, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en México.
"Hay una multiplicidad de actividades económicas que pueden facilitar el lavado de dinero, y en eso seguramente más el comercio", agregó.
Pero controlar el comercio sin lastimar la vital corriente de mercancías legales es delicado para México. Implica negociar con sus socios un cambio de protocolos y aguzar la lupa fiscal, cuando Washington ha sido reticente a modificar el TLC.
El gobierno estuvo lento de reflejos. Aunque la estrategia de Calderón llevó a abatir o arrestar a docenas de capos del tráfico de drogas, no puso el mismo cuidado a las finanzas de los cárteles durante sus primeros años de combate a los narcos.
Los cárteles embolsan por la venta de cocaína, marihuana y metanfetaminas en Estados Unidos unos 60.000 millones de dólares anuales, según Naciones Unidas. Y la mitad de eso volvería a casa.
Los narcotraficantes limpian su dinero mediante mecanismos cada vez más sofisticados, que van desde inversiones bancarias o tarjetas prepagadas hasta seguros e instrumentos financieros. Con sus bolsillos llenos, compran desde rifles de asalto hasta camiones artillados, pagan a sicarios y sobornan a funcionarios.
"Es su alimento y oxígeno", dijo Celina Realuyo, presidenta de la consultora CBR Global Advisors y ex directora de Programas Financieros de Contraterrorismo en el Departamento de Estado del país norteamericano. "Todo se trata del dinero", agregó.
Apenas dos años atrás, México implementó requisitos y límites para el uso de dólares en efectivo. La medida fue un éxito y el monto de dólares que circulaba por la economía se redujo en un 70 por ciento, según cálculos oficiales.
No es raro que México esté rezagado en el combate a ese delito frente a otros países, como dicen especialistas.
Los propios funcionarios mexicanos reconocen que faltan cumplir 14 de las 137 recomendaciones que le hizo hace cuatro años el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Capitales (GAFI), creado por el G7, que iban desde endurecer las leyes y hacerlas cumplir, hasta mayor coordinación entre autoridades.
El GAFI evaluó nuevamente a México en octubre, pero aún los resultados no han sido publicados.
Y en una actividad tan subterránea, es muy difícil, aún para los mayores expertos, calcular si el lavado de dinero se ha incrementado o ha disminuido en los últimos años.
Parte del problema es la falta de capacidad para revisar transacciones en un sistema como el mexicano, que cursa más de cuatro millones de cheques y transferencias diarias, según promedios calculados por Reuters con datos del banco central.
"El volumen de operaciones es descomunal, no hay gente que te pueda rastrear al cien por ciento todas las operaciones", dijo Jorge Torres, coordinador de Contraloría del Banco Base. "Imposible", insistió.
Su banco, una pequeña institución enfocada en clientes patrimoniales, solamente tiene un puñado de gente en prevención de lavado de dinero, que recibe un curso en línea de hora y media cada seis meses para renovar su certificación.
Cuando las entidades financieras detectan cualquier operación fuera de lo común, se cubren la espalda reportándolas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, generando un efecto contraproducente por la cantidad abrumadora de transacciones que los reguladores deben chequear.
Del total de 45.000 operaciones inusuales que reportan bancos y entidades financieras en promedio al año, alrededor del 5% son las que realmente traen indicios de lavado de dinero, según cifras oficiales. Incluso detectando las transacciones, es difícil comprobar que es dinero sucio.
"Estamos sobresaturando o estamos congestionando a la autoridad", dijo García-Villalobos, de Deloitte.
Y el exceso de reportes podría empeorar cuando la ley entre en vigencia a mediados del 2013, porque agrega la obligación a miles de entidades de distintos sectores de la economía a informar cada operación que les haga fruncir el ceño.
La mejor forma de cerrar el grifo del dinero sucio es atajarlo antes de que entre al sistema, aseguran autoridades.
"Es como cuando entra un colado a una fiesta de 200 personas", dijo un funcionario del Gobierno mexicano bajo condición de anonimato. "Una vez que entra en el sistema (...) se hace más difícil rastrear el dinero ilícito", agregó.
Pero cuando se trata de prevención, las manos disponibles que tiene el Gobierno son pocas.
La reguladora Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que supervisar a más de 2.600 entidades financieras, desde bancos, casas de bolsa y sociedades de inversión hasta cooperativas de crédito y pequeños centros cambiarios con menos de 100 personas.
"Son equipos muy, muy pequeños", dijo Viviana Garza, vicepresidenta de procesos preventivos de la CNBV.
Para detectar el dinero de procedencia oscura, México depende de sistemas bancarios, del buen juicio de las entidades financieras y del conocimiento que tienen de sus clientes, una práctica habitual en todo el mundo.
Esos mecanismos ya han fallado. Y en grande.
HSBC fue acusado el año pasado en un reporte del Senado estadounidense de no haber frenado el flujo de dinero sucio en sus operaciones mexicanas, apuntando a 7.000 millones de dólares enviados desde México a Estados Unidos entre el 2007 y el 2008.
HSBC admitió defectos en sus controles antilavado y pagó una multa de 28 millones de dólares a la CNBV, la mayor impuesta en México a un intermediario financiero.
La CNBV le había avisado desde el 2002 que ciertas operaciones olían mal. Pero asegura que era responsabilidad del banco hacer los ajustes necesarios y darle seguimiento.
"Las fallas son tan básicas que alguien debería haber sido atrapado por eso", dijo Jorge Guerrero, consultor de antilavado para Optima, una empresa de Compass Group.
Pero nadie terminó preso. Y la tentación de los bancos por conservar sus volúmenes de negocios y a los grandes clientes patrimoniales los exponen a este tipo de situaciones.
"Quien tiene los elementos para conocer al cliente son las entidades financieras y no las autoridades", dijo el alto funcionario. "En las propias instituciones hay conflictos de intereses", sostuvo.
Sin embargo, el jefe de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jaime Ruiz Sacristán, aseguró que el caso HSBC es la excepción y no la regla. Y dijo que en los últimos 10 años la banca invirtió 700 millones de dólares en sistemas automatizados de control.
"Una parte del problema de nuestro país, distinto a otras economías, es que tenemos mucho dinero en efectivo en operaciones normales", agregó.
Adios al Cash. La extendida economía informal de México, que incluye desde vendedores ambulantes hasta puestos callejeros de tacos, es aprovechada por los criminales para lavar dinero y por otros muchos para evadir impuestos.
Ahora con la nueva ley, el Gobierno espera atacar el problema que acarrea la economía "cash".
La norma limita las compras en efectivo de bienes raíces, joyas y vehículos y establece penas de cárcel para toda la cadena, desde un cliente bancario sospechoso que mienta a un ejecutivo de cuenta hasta el apoderado legal de la institución financiera que entregue información falsa a un regulador.
Por ejemplo, no se podrán comprar en efectivo automóviles, botes o aeronaves con un precio mayor a unos 16.000 dólares o un sedan económico. Las compras de inmuebles en efectivo quedaron restringidas a unos 38.000 dólares, el precio de una vivienda de interés social en los alrededores de Ciudad de México.
Con la nueva ley, también estarán obligados a reportar operaciones sospechosas joyeros, notarios, contadores públicos, empresas de blindaje de autos y comerciantes de obras de arte.
"De nada sirve que tengamos leyes, si nadie vigila que se cumplan", dijo a pesar de todo García-Villalobos de Deloitte.
Para empeorar las cosas, la creatividad que presumen los narcotraficantes para limpiar su dinero no tiene límites.
Las preocupaciones de los reguladores ya no están solo en las transferencias bancarias y en los cuantiosos y pequeños centros cambiarios a los que es difícil seguirles la pista.
Además sospechan que los criminales también blanquean dinero con apuestas en casinos y rifas, con tarjetas de afinidad de tiendas o incluso dando dinero en efectivo a estudiantes para que los depositen en sus cuentas.
"El problema ahora es que los mecanismos financieros del crimen organizado ya no son lo que eran, un tipo sin educación con una bolsa llena de millones de dólares", dijo Gonzalo Vila, director de operaciones para Latinoamérica de la ACAMS, la asociación de especialistas certificados en antilavado.
"Ahora son tipos sofisticados financieramente en oficinas en el distrito financiero de México, Miami o Buenos Aires, moviendo el dinero con instrumentos sofisticados y usando todas las herramientas que el sistema financiero les proporciona", agregó.
Las aseguradoras también han reportado casos que terminaron siendo investigadas por la fiscalía federal, después de detectar fraudes de daños que eran pagados a una empresa fachada por más de un millón de dólares, de acuerdo con Erika Montaño, oficial de antilavado de la aseguradora Zurich en México.
Las inversiones en los mercados financieros también son una ventana para legitimar dinero, aseguran los especialistas. No es fácil dilucidar quiénes se benefician en última instancia con la compra de instrumentos como fondos, acciones o bonos.
En México se puede operar a través de intermediarios financieros sin que el nombre del cliente aparezca en las transacciones, a diferencia de países como Brasil, donde el beneficiario real tiene que estar inscrito ante el regulador.
"No me hago ilusiones de que podamos frenar por completo el lavado de dinero. Creo que podemos reducirlo, creo que podemos obstruirlo, creo que podemos forzarlos a moverse", dijo Guerrero de Compass.
