Nacionalizaciones a mansalva en Venezuela, rescisiones de proyectos de infraestructura en Bolivia, pleitos por contratos en Ecuador y protestas sociales que paralizan planes mineros en Perú dibujan un complejo panorama regional.

México DF. Cuando Argentina rompió las reglas de juego y ordenó la expropiación de la mayor petrolera del país, dejó al desnudo un camino que se pone cada vez más cuesta arriba para los inversores en algunas zonas de América Latina.

Nacionalizaciones a mansalva en Venezuela, rescisiones de proyectos de infraestructura en Bolivia, pleitos por contratos en Ecuador y protestas sociales que paralizan planes mineros en Perú dibujan un complejo panorama regional.

Argentina ya atemorizaba al capital extranjero con sus políticas intervencionistas, como las trabas a las importaciones y un heterodoxo control de cambios cuando aún los mercados tienen fresco la cesación de pagos por más de US$100.000 millones del 2001-2002.

Dos décadas después de que Argentina privatizó desde servicios públicos hasta su aerolínea, la presidenta Cristina Fernández terminó de poner los pelos de punta de los inversores la semana pasada con el anuncio de que expropiará la filial de la española Repsol-YPF.

"Yo creo que genera un retroceso en una región que avanzó resueltamente las últimas décadas hacia a una integración a nivel mundial siendo muy respetuosa de la inversión y el capital extranjero", dijo Pablo Longueira, ministro chileno de Economía, durante una reunión ministerial del G20 en Puerto Vallarta.

América Latina, con un crecimiento económico mucho mayor al del mundo desarrollado y el sostenido consumo de una creciente clase media, se convirtió en la última década en uno de los destinos favoritos para los inversionistas, después de superar años de crisis económicas e institucionales recurrentes.

Pero al patear el tablero, Argentina mostró que los inversores que buscan apostar en la región pero quieren dormir tranquilos tienen solo un puñado de opciones disponibles, lo que podría llevarlos a buscar nuevos horizontes.

"Con este tipo de medidas si bien es cierto que va a haber una reestructuración (de las inversiones) al interior de la región (...), también es cierto que puede beneficiar a otros países emergentes, específicamente a los asiáticos", dijo Alfredo Coutiño, economista jefe para América Latina de Moody's.com.

Algunos creen incluso que el capital extranjero podría temer que la actitud de Argentina comience a contagiar a otros vecinos generando un efecto dominó en una región dividida ideológicamente entre mandatarios de izquierda y conservadores.

Argentina justificó la medida en que necesita recuperar su autoabastecimiento de hidrocarburos porque las importaciones de combustible han lastimado su superávit comercial y Repsol-YPF no escuchó su demanda por más inversiones para incrementar la producción.

"El problema es que muchos inversores internacionales pueden pensar que lo que ha hecho el gobierno de Argentina pueden adoptarlo otros gobiernos latinoamericanos en el futuro. Y esto va a ser un factor de disuasión de la inversión internacional en América Latina", dijo el secretario de Estado de Comercio español, Jaime García-Legaz, en Puerto Vallarta.

Pero la realidad no es tan simple como eso. Latinoamérica tiene dos caras.

Las dos América Latina. La región quedó dividida entre los países que tienden la alfombra roja a la inversión extranjera directa y los que son más proteccionistas.

Venezuela lidera el último grupo junto con sus aliados Bolivia, Ecuador y la ahora fustigada Argentina. Del otro lado del paisaje se alinean México, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Desde que asumió el poder en 1999, el presidente venezolano Hugo Chávez ha nacionalizado vastos sectores del país, como las empresas de cemento internacionales Lafarge o Cemex, multimillonarios proyectos petroleros y hasta supermercados y frigoríficos.

Bolivia anunció hace menos de dos semanas la rescisión de un contrato con la empresa brasileña OAS para construir una carretera en la selva amazónica por supuesto incumplimiento de la compañía, en medio de protestas de grupos de indígenas.

Ya otra empresa de Brasil que construía una carretera troncal ya se había marchado del país sin concluir la obra.

En Ecuador, las condiciones impuestas por el presidente Rafael Correa -un aliado de Chávez y del mandatario boliviano Evo Morales- llevaron a la petrolera brasileña Petrobras y a la francesa Perenco a abandonar sus operaciones en el país andino.

"Los puestos de trabajo requieren inversión, no obtienes nuevos trabajos sin inversión asociada", dijo el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Tim Groser, en Puerto Vallarta. "Y si la gente quiere poner su dinero, quieren asegurarse que hay un marco estable para ellos durante un número de años", agregó.

Incluso en Perú y Chile, considerados amigables con la inversión extranjera, han surgido problemas.

Perú lucha por conciliar los intereses de las grandes empresas extranjeras con las protestas sociales por la explotación de recursos, que han dejado en pausa a Minas Conga, el mayor proyecto minero en la historia peruana.

En otro dolor de cabeza para el gobierno, unos 36 operarios de la firma sueca Skanska y de la peruana Ramsa que trabajaban en un campo de gas natural fueron secuestrados por la guerrilla Sendero Luminoso en una localidad remota de Cusco, para ser liberados sanos y salvos después de cinco días.

En Chile, en tanto, un pueblo de artesanos y pescadores frenó la construcción de la mayor termoeléctrica de Sudamérica, un plan del millonario brasileño Eike Batista, por temores de daños al medioambiente.

Pero cuando llegan los grandes anuncios de inversiones quedan al desnudo las diferencias.

Volkswagen anunció esta semana que construirá una planta en México para ensamblar camionetas deportivas de su marca de lujo Audi a partir del 2016, con una inversión calculada en poco menos de US$2.000 millones según el gobierno.

En un intento por dejar en claro las diferencias dentro de la región -y retener las inversiones- algunos mandatarios de los países más abiertos no tuvieron pelos en la lengua para criticar la medida, aunque en sus propias naciones el sector petrolero está controlado por el Estado.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se apuró a aclarar que su país continuará respetando las reglas del juego para los inversores y no expropiará ningún activo, al igual que lo hizo el ministro de Economía de Perú, Luis Castilla, durante un evento con inversores en Londres.

Y el mexicano Felipe Calderon, que recientemente apostó a elevar su exposición en Argentina al doblar la participación de la petrolera estatal Pemex en Repsol, no pudo ser más directo.

"Nadie en sus cinco sentidos invierte en un país que expropia las inversiones, es una cuestión de comportamiento racional", dijo el mexicano Felipe Calderón la semana pasada en referencia a la medida de Argentina.