Para reducir el déficit hasta el 5,3%, España necesita este año 50.000 millones y para financiar los vencimientos del Tesoro y de las comunidades autónomas requiere algo más de 97.000 millones de euros.
Madrid. España debe afrontar este año una nueva encrucijada en su turbulenta travesía económica y tomar nuevas medidas de ajuste si quiere alejar el fantasma del rescate soberano, que sigue pesando sobre la confianza inversora pese a que su banca acaba de recibir una magra inyección de capital de hasta 100.000 millones de euros.
Las arcas del país necesitarían otros 100.000 millones más para cerrar parte de su brecha fiscal (déficit) comprometida y atender los vencimientos.
Para reducir el déficit hasta el 5,3%, España necesita este año 50.000 millones y para financiar los vencimientos del Tesoro y de las comunidades autónomas requiere algo más de 97.000 millones de euros.
La estrategia del Tesoro español de captar elevados importes en sus primeras emisiones del año alivia las necesidades finales al aportar un colchón equivalente a unos 48.000 millones de euros y coloca la tasa de cobertura de las necesidades de emisión brutas anuales en el 58 por ciento.
Con el coste de financiación a diez años disparado por encima del 6% y un constante retroceso en las compras foráneas de deuda soberana, el gran reto de emisión del Tesoro para lo que resta del año se concentra en octubre, cuando vencen en bonos más de 20.000 millones de euros. No obstante, octubre es también el mes de mayor recaudación impositiva por parte del Estado.
La fuerte caída en la participación de inversores extranjeros en las subastas - según los últimos datos disponibles de finales de abril la deuda pública en manos de no residentes cayó al 37,3%, desde casi el 54% de un año antes - ha sobreexpuesto a las entidades nacionales al riesgo país gracias a las ofertas de liquidez del Banco Central Europeo.
Pero la fórmula de acudir a las subastas con dinero de la institución monetaria europea para volver a depositarlo en forma de deuda pública en el BCE no es eterna, sin que esté prevista a día de hoy una nueva inyección a largo plazo.
"Va a ser cada vez más difícil que los inversores domésticos puedan absorber el papel", dijo Nicolás López, director de análisis y mercados de M&G valores.
El paro, una de las principales preocupaciones del Gobierno y los organismos internacionales, se añade a las dificultades para equilibrar el difícil balance entre ingresos y gastos.
Los mayores gastos de cobertura social asociados al aumento del desempleo - en abril los costes de empleo y seguridad social del Estado aumentaron un 6,6 por ciento - y el menor consumo y peores perspectivas asociadas al hecho de que una de cada cuatro personas esté parada, dificulta la salida del clima recesivo.
Pese a que autoridades económicas españolas y europeas han subrayado que el rescate bancario a España no exige contrapartidas macroeconómicas o fiscales ni la adopción de nuevas medidas estructurales, en diversos círculos se teme que existan condiciones más o menos encubiertas.
De hecho, hasta el líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, lo puso en duda: "El Gobierno afirma que no habrá condicionalidad macroeconómica; no estamos seguros".
El objetivo fiscal, que podría estar en juego si no se avanza en la profunda política reformista emprendida por el Gobierno del Partido Popular, es considerado vital no sólo para la recuperación económica sino, sobre todo, para evitar un rescate completo al país.
"A la fecha en la que estamos y con los datos de déficit que tenemos, las posibilidades de cumplir con el objetivo de déficit público este año son muy difíciles", dijo César Cantalapiedra, socio de Analistas Financieros Internacionales.
"Sin la adopción de nuevas medidas de ajuste, yo creo que es inevitable el rescate soberano", indicó López.
En su revisión del Programa de Estabilidad de España, Bruselas dio pistas inequívocas al recomendar subir el IVA, los impuestos al alcohol y los carburantes, las tasas medioambientales y las tarifas del agua, así como eliminar las deducciones a la compra de viviendas y las ayudas al carbón.
Entre los analistas se da por descontado que el Gobierno, pese a sus insistentes negativas, acabará elevando el IVA y probablemente otros impuestos sin descartar nuevas medidas, incluyendo quizás un nuevo real decreto para la banca.
Pese a que la Comisión Europea ha alabado los pasos dados hasta ahora para alcanzar el objetivo de reducción del déficit este año, proyecta un incumplimiento, sobre todo por posibles desviaciones en la Seguridad Social y en las regiones y abre la puerta a retrasar en un año el calendario de consolidación fiscal a cambio de determinados compromisos.
Si España toma la mano tendida recientemente por Bruselas tendría de plazo un año más, hasta 2014, para rebajar su déficit fiscal al 3,0%.
El Ejecutivo español, que ha insistido en que sigue trabajando para acabar con el déficit en 2013, podría tener que acogerse al nuevo plazo ante la más que probable evidencia de que en solo un año y medio no podrá satisfacer su compromiso.
"Las ayudas que va prestando la UE con relación a los países del área, siempre van acompañadas de contrapartidas en el sentido de que deben hacer los esfuerzo necesarios para mejorar su déficit y en el caso de España (de prolongar un año más el plazo para cumplir con el 3,0 por ciento del déficit) iría acompañado de una subida del IVA este mismo año, ya que tiene el IVA más bajo de Europa", añadió López.
Pero si las dificultades cuantitativas indican que cumplir con el objetivo de reducción del déficit este año son grandes, la doble metodología contable estrenada por el Gobierno también complica el análisis de los datos y los pronósticos sobre la evolución de las cuentas públicas.
Este año, el Gobierno difunde las cifras de ejecución presupuestaria bajo dos criterios contables, según se apunten o no ciertas transferencias a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social, además de un adelanto en la devolución de impuestos, frente a 2011.
Con los datos recientemente divulgados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, España arrojó hasta abril un déficit del Estado central del 2,39%, equivalente a 25.462 millones de euros, según la metodología de Contabilidad Nacional, la que se envía a Bruselas.
Esta cifra contabiliza el efecto que supone el adelanto del pago de impuestos a las Comunidades Autónomas y a la Seguridad Social, además de otras devoluciones.
El Ejecutivo dijo que este efecto se irá diluyendo a lo largo de los próximos meses, sin concretar cuándo.
Pero en la misma nota divulgada por Hacienda, el Gobierno también señaló que el déficit del Estado alcanzó el 1,43 por ciento del PIB, en base a un criterio denominado 'homogéneo', que no considera los pagos adelantos a las distintas administraciones y a los ciudadanos.
La historia se repitió unos días más tarde cuando el Gobierno divulgó por primera vez la ejecución presupuestaria regional hasta el primer trimestre, que arrojó equilibrio presupuestario a la vez que un déficit del 0,45 por ciento, según se aplicara una fórmula contable u otra.
"Hasta que no se diluya ese efecto de transferencias, es complicado saber dónde van los números", apostilló Estefanía Ponte, economista de Cortal Consors.
Pero el estratega de Citigroup en Madrid, José Luis Martínez, cree que en el segundo trimestre del año ya se podrían tener algunos indicios de cómo van absorbiendo las cuentas públicas del país los pagos adelantados de Hacienda.
Por si esta novedosa fórmula contable fuera poco para trabar el análisis de las cuentas públicas españolas, analistas dijeron que el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaboren sus previsiones de ingresos y gastos en base a la contabilidad de caja y no a la contabilidad nacional, también supone una dificultad analítica añadida.
"Hay que tener en cuenta que las previsiones de ingresos y gastos que figuran en los PGE no son comparables con la información mensual de estas partidas en contabilidad nacional", dijo Ángel Laborda, responsable de análisis económico de la Fundación de las Cajas de Ahorros.
