La histórica poca transparencia en erogaciones del gobierno federal y la ausencia de fiscalización sobre los estados han fomentado la ineficiencia, el abuso y la corrupción.

Durante una década, US$6.000 millones desembolsados por el gobierno de México fueron desviados o despilfarrados, y se sospecha que eso es sólo una parte del dinero que promete seguir evaporándose por una insuficiente supervisión al gasto público.

La histórica poca transparencia en erogaciones del gobierno federal y la ausencia de fiscalización sobre los estados han fomentado la ineficiencia, el abuso y la corrupción, viejos lastres para la economía y la institucionalidad, según expertos.

Poner orden en el gasto público podría ayudar a impulsar la economía mexicana, justo cuando necesita un empujón.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), un organismo que depende del Congreso y es el único que vigila la ejecución del gasto del Gobierno, logró documentar unos 86.099 millones de pesos (US$6.000 millones) perdidos entre el 2001 y el 2012 en subejercicios o pagos indebidos dentro de programas, entre otras irregularidades, en distintas dependencias.

"Sigue la corrupción", sentenció Juan Portal, jefe de la ASF, aunque reconoció que es muy complicado tener una idea de su evolución. "No hay forma de medirla, si es corrupción grande, si crece o se ha estancado".

En la práctica, la ASF solamente audita una muestra del total del gasto, lo hace con bastante retraso y realiza observaciones y denuncias que a menudo no prosperan. Aunque recomienda acciones e informa a la fiscalía de los movimientos sospechosos, no da seguimiento ni puede sancionar.

Por ejemplo, el organismo está haciendo más de 1.400 auditorias del ejercicio presupuestario del año pasado, pero su resultado no será divulgado sino hasta comienzos del 2015.

Es muy probable que encuentre algo. Según cifras del instituto de estadísticas, el año pasado hubo 12.110 sanciones a servidores públicos por corrupción, malversación o peculado.

El agujero estatal. El mayor agujero negro para las irregularidades del gasto es en los estados y municipios: reciben millonarios recursos de la federación pero no están obligados a rendir cuentas a nivel federal en rubros cómo programas sociales, planes de infraestructura y fondos para seguridad pública.

Uno de los casos más grotescos es el del ex gobernador oficialista del sureño estado de Tabasco (2007-2012), Andrés Granier, que terminó tras las rejas el año pasado acusado de lavado de dinero y fraude fiscal.

Montones de fajos de billetes fueron hallados en la casa de uno de sus colaboradores y ahora la fiscalía estatal está buscando dinero que supuestamente enterró en una finca.

¿Cómo funciona el mecanismo?

El gobierno federal entrega el dinero a los estados mediante las llamadas participaciones y aportaciones, que el año pasado fueron de unos US$40.700 millones. Pero las leyes presupuestales establecen que esas participaciones son de libre disposición de las entidades y no requieren revisión federal.

No son raros los casos en los que gobernadores se enriquecen visiblemente sin que quede clara la procedencia del dinero.

El ex gobernador de Baja California Sur Narciso Agúndez (2005-2011) estuvo preso siete meses en el 2012 acusado de peculado. Además, según reportes de prensa, habría comprado una isla en el estado con 5,5 millones de pesos (US$375.000) del erario público. Hoy está libre gracias a un amparo.

"Las participaciones son recursos libres de los estados, ahí sí los estados hacen lo que aprueben los congresos locales con esos recursos, sin la obligación de tener que reportarle a Hacienda, ahí hay un tema de autonomía estatal", dijo a Reuters Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de Hacienda.

Para cambiar el esquema actual, habría que modificar una serie de leyes y normativas, en un azaroso tránsito que debe incluir la improbable ratificación de los congresos estatales.

Los especialistas creen que este dinero que se envía a los Estados es el mayor drenaje por el que se pierden los recursos del Gobierno.

Sistema de impunidad. No es que los estados no tengan contralores. El problema es que los designa el propio gobernador.

"El diseño actual en México pareciera hecho para que haya impunidad", dijo el presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, en una entrevista radial. "¿En qué cabeza cabe pensar que los contralores (estatales) van a sancionar a sus jefes o a sus compañeros en el gobierno?".

Aunque antes de asumir hace dos años el presidente Enrique Peña Nieto prometió que el combate a la corrupción sería una de sus prioridades, la idea de crear un sistema nacional anticorrupción con poderes amplios continúa estancada en el Congreso por la falta de consensos entre los partidos políticos.

El PAN planteó en octubre la necesidad de crear órganos autónomos en los estados. Pero sin ir más lejos, en otro ejemplo de irregularidades, cuando la agrupación estuvo en el poder el presidente Felipe Calderón ordenó en el 2010 construir un monumento para celebrar el bicentenario de la Independencia.

La llamada Estela de Luz fue terminada 16 meses más tarde y costó más del triple de los cerca de 400 millones de pesos previstos. Sólo un ejecutivo de la empresa constructora está detenido en las investigaciones.

"Los problemas que permanecen son estructurales: el gasto público es ineficiente, corrupto e ineficaz", dijo Jonathan Heath, economista asociado del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Maestros fantasmas. Muchos maestros fallecieron, algunos ya no trabajan en el magisterio y a otros ni los conocen en la escuela donde supuestamente enseñan. Pero todos cobran.

México Evalúa, un centro privado de análisis de políticas públicas, encontró que el año pasado hubo posibles irregularidades por entre 16.000 y 51.000 millones de pesos (US$1.200 y US$3.800 millone) en la nómina magisterial.

En un intento por controlar los recursos que van al sector educativo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que a partir del próximo año el Gobierno empezará a pagar directamente a los maestros en vez de hacerlo a través de los estados.

Es que el estudio de México Evalúa halló maestros que no ejercen funciones académicas, cerca de 40.000 plazas de docentes asignados a escuelas donde nadie nunca los vio y el pago de pensiones y salarios a gente que ya renunció o murió.

Las irregularidades en el gasto podrían estar teniendo un impacto directo en la economía.

Por ejemplo, la inversión física del Gobierno -que tiene un impacto económico directo- aumentó más de un 20 por ciento entre enero y septiembre a nivel interanual, pero el PIB del sector de la construcción apenas creció en el tercer trimestre.

"Por un lado nos dice la Secretaría de Hacienda que cada vez está gastando más y más y más, y el INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas) nos dice que cada vez ese gasto produce menos y menos y menos", dijo Heath.

Para los funcionarios de Hacienda, la discrepancia se debe a que el flujo de recursos federales tarda en materializarse en los grandes proyectos locales. Pero los escépticos creen que el dinero es desviado una vez que llega a los estados justamente por la falta de rendición de cuentas.

"Necesitamos tener órganos internos de control, auditorías internas fuertes, competentes", dijo el auditor Portal.