Expertos consultados coinciden en que, con la experiencia del pasado, las oenegés que gestionan obras públicas y físicas resultan ser de diputados, alcaldes, gobernadores, o sus familiares, amigos o allegados.

En particular, los expertos coinciden en calificar de retroceso en el tema de transparencia la vuelta a autorizar a las oenegés, que se habían descartado en años anteriores al constatarse que se prestaban a actos de corrupción.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, calificó el decreto 22-2014, sobre el presupuesto, de “elevación a política de Estado de la corrupción y el malgasto público”.

Analistas consultados coinciden en que, con la experiencia del pasado, las oenegés que gestionan obras públicas y físicas resultan ser de diputados, alcaldes, gobernadores, o sus familiares, amigos o allegados.

Inclusive, el Gobierno destituyó al ministro de Salud Jorge Villavicencio debido a supuestas anomalías por ese tipo de organizaciones en la provincia, cuyo personal no llegaba a trabajar y no prestaba servicios para los que fueron contratadas.

Condena unánime

“Es la despedida de este gobierno no podríamos esperar otra cosa que este decreto de presupuesto. Es lesivo totalmente a los intereses del país, de la población, por cuanto que consagran prácticas corruptas que ya se habían erradicado”, expresó Marroquín al referirse a las oenegés.

De esa cuenta, no descartó que Acción Ciudadana presente un recurso de lesividad, e instó a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría de los Derechos Humanos a accionar de la misma manera.

Asimismo, Pedro Prado, economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), expuso que se promueve la deuda flotante cuando no hay comprobantes de disponibilidad financiera, otro de los puntos opacos del Presupuesto.

“Esto de que los Codedes puedan suscribir convenios con oenegés ya se tenía prohibido. Entonces, regresar a esto no viene a colaborar con la transparencia. Esto sí es extraño y sorprende”, indicó.

“Estamos advirtiendo con alarma y gran preocupación, y denunciamos una asignación totalmente anómala por Q1 mil 965 millones. Esta es una asignación que es primera vez en la historia que ocurre”, es el primero de varios señalamientos que formula Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El experto lamentó que ese monto se financie con recortes a instituciones como el Organismo Judicial y Ministerio Público.

“También está un artículo donde se da discrecionalidad para incrementar el subsidio del transporte público a la asociación de autobuses que todos saben que es uno de los principales focos de opacidad y corrupción”, agregó Barrientos.

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), además de coincidir en la crítica sobre varios puntos opacos, como las oenegés y el aporte a Comunicaciones, señala deficiencias en cuestión de ingresos.

“Sigue el vicio de los últimos años de mantener bolsones de impuestos directos e indirectos. Por el otro lado, los cambios en las reglas del juego en regalías y el incremento a la tasa del Impuesto para la Distribución de Cemento, generan incertidumbre en los inversionistas”, comentó Lavarreda.

Para el consultor del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) Marco Antonio Barahona, el Presupuesto deja un amplio margen de discrecionalidad, lo cual provoca suspicacia y una “incertidumbre muy grande” para el futuro.

El economista Carlos Martínez coincide con los expertos al señalar que se abre la puerta a la corrupción en la forma como está el presupuesto del próximo año sobre todo por ser un año electoral.

“Podríamos calificarlos de tres formas. La primera, que hay un retroceso en el proceso de garantizar la transparencia. Segundo, que se da una vuelta atrás en asuntos presupuestarios, ya que habían sido superados, como eliminar el CDF. Y, por último, es una puerta a la corrupción, una puerta a la discrecionalidad en un año electoral”, señaló Martínez.

Analistas ven opacidad

1.- Se otorgan Q1 mil 965 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, sin destino específico y sin controles, y por separado de la asignación a la cartera. Además, se aprueba una ampliación de Q700 millones para la erogación de donaciones externas, lo que eleva el plan de gastos a más de Q71 mil millones.

2.- Faculta a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), en donde gobernadores y alcaldes tienen poder de controlar obras, para contratar oenegés en proyectos de infraestructura. En años pasados, algunas oenegés beneficiadas han sido de diputados, alcaldes o de sus familiares o allegados.

3.- Abre las puertas a que se contrate más deuda flotante, porque se pueden adjudicar obras con fondos más allá de los disponibles en presupuestos de ministerios o comunas, al no haber comprobantes de disponibilidad financiera. Señalan que ese error lo comete el Gobierno en la aprobación de presupuestos y después, en apuros, se endeuda.

4.- La norma aprobada es ambigua, ya que no especifica que el presupuesto para el 2015 debería quedar vigente solo en ese ejercicio fiscal. La vigencia del Libro III debería corresponder a la vida de los préstamos aprobados, y la del Libro IV, solamente en el ejercicio fiscal 2014. Es decir, no se especifica la vigencia de lo aprobado.

5.- Se otorga discrecionalidad para incrementar el subsidio del transporte público, lo cual también ha generado dudas sobre su efectividad por la pésima atención al usuario. Refiere el texto que el incremento será “en función de las necesidades”, término que incomoda por su escasa claridad.

6.- Se deja a discreción el manejo de asignación de gastos para cubrir las pérdidas operacionales del Banco de Guatemala. El Ministerio de Finanzas Públicas queda facultado para utilizarlos en atender los compromisos de los servicios de la deuda pública y financiamiento del presupuesto, “si fuera necesario”.

7.- Los pagos que hagan los contribuyentes para respaldar costos y gastos deducibles o constituyan créditos fiscales y demás egresos con efectos tributarios a partir de los Q50 mil deben reportarlos al sistema bancario, cuando antes era de Q30 mil, lo cual expertos señalan que fomentará la informalidad en la economía.

8.- Las entidades de la administración central deberán trasladar mensualmente, de oficio, los intereses que se generen por los depósitos de las cuentas constituidas en el sistema bancario nacional al fondo común. Ese fondo ha sido cuestionado como “el gran bolsón”, donde se hacen transferencias a granel.

9.- Se podrán constituir fideicomisos con recursos del Estado, los cuales han sido cuestionados por su falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos. La Contraloría General de Cuentas ha señalado que se dificulta su fiscalización debido a que se escudan con la Ley de Bancos.

10.- La Presidencia, ministerios, secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, descentralizadas y empresas públicas que suscriban contratos con cargo al renglón 0-29 no podrán exceder de los Q30 mil mensuales.