El presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió dos meses y medio, está tratando de convencer a propios y extraños sobre la urgencia de las reformas.

México DF. Una ola de optimismo alrededor del nuevo gobierno de México tiene a los políticos con ganas de avanzar este año en reformas económicas estructurales largamente postergadas, pero primero deberán vencer tabúes históricos y esperadas pugnas electorales.

El presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió dos meses y medio, está tratando de convencer a propios y extraños sobre la urgencia de las reformas, necesarias para cumplir con su promesa de elevar al 6 por ciento el crecimiento anual de la segunda mayor economía latinoamericana, que ha tenido una magra expansión en los últimos años y ha sido opacada por Brasil.

El mandatario quiere abonar el terreno antes de presentar algún proyecto al Congreso para evitar que corra la misma suerte de otros que murieron antes de nacer y ha pedido a los políticos despojarse de ideologías como la que ha impedido una apertura amplia al capital privado del estratégico sector petrolero.

En México, uno de los mayores productores de crudo del mundo, la explotación de hidrocarburos está exclusivamente en manos del Estado desde 1938, pero desde hace algunos años ha crecido la urgencia de que la petrolera estatal Pemex abra sus puertas a otras vías para obtener recursos que ayuden a elevar su estancada producción.

Dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que regresó al poder de la mano de Peña tras gobernar por 71 años seguidos hasta el 2000, ha ganado terreno la idea de abrir las actividades petrolera y de electricidad para promover la competencia, bajar los costos para las medianas empresas y así apoyar la creación de empleos.

Pero el camino se ve aún largo y sinuoso para que Peña, sin mayoría absoluta en el Congreso bicameral, logre reformas profundas que requieran complejos cambios constitucionales para apuntalar una economía que está previsto que crezca este año un 3,5%, desde el 4% del 2012.

Para ello, debe saltar primero la resistencia de su propio partido en una asamblea prevista para inicios de marzo.

El PRI debería modificar previamente su Plan de Acción, uno de sus documentos base, que establece que el Estado debe mantener la propiedad, control, dirección y usufructo de Pemex.

"Otros países ya lo han hecho. ¿Por qué México no? Por qué seguir anclados a los dogmas, a este debate anacrónico, obsoleto, cuando otros países como Brasil, como Colombia, como Cuba, han hecho reformas para volverse más productivos?", dijo el presidente a los diputados priistas días antes del reinicio de sesiones en el Congreso, el 1 de febrero.

La modificación de los documentos del PRI también incluye levantar una prohibición que se autoimpuso el partido de gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y medicinas, otro tema impopular que necesita el país para elevar la recaudación, una de las más bajas de América Latina.

Los cambios a estos documentos serían apenas el comienzo de la batalla de Peña.

"Pienso que vamos a lograr reformas que, cuando volteemos a verlas, podamos decir que se realizó un cambio importante", dijo Rafael de la Fuente, economista de UBS en Nueva York. "Pero el debate aún está en el aire, a ver cómo salimos de esto y en qué tiempos", añadió.

En la apuesta de Peña por alcanzar consensos, el PRI firmó en diciembre el Pacto por México, donde logró el compromiso de los opositores Partido Acción Nacional (PAN), del ex presidente Felipe Calderón, y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) de impulsar una serie de reformas para detonar el desarrollo del país.

Esto permitió que se aprobara por mayoría amplia una reforma para modernizar el sistema educativo, estancado por décadas de férreo control de su sindicato, lo que generó un gran optimismo dentro y fuera de México acerca de cambios en la economía.

"La aritmética legislativa y la lógica política hacen de este momento un momento muy importante, excepcional, único en términos del potencial de hacer reformas. Por eso pasó la reforma laboral y por eso pasó la reforma educativa", dijo a Reuters el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Gurría.

Pero mantener la luna de miel que siguió a la firma del pacto exige superar las divisiones dentro del PAN y el PRD para que no se compliquen las discusiones de las complejas reformas energética, fiscal y de telecomunicaciones que, en un cronograma conjunto, fueron ambiciosamente fijadas las tres para este año.

El PRI plantearía gravar con el IVA a los alimentos y las medicinas, que ahora gozan de tasa cero, un tema altamente sensible, que el mismo partido rechazó en el pasado por evidente sesgo impopular.

El PRD ya ha dicho que de ninguna manera votará la ampliación del IVA, que considera un impuesto regresivo para la economía, y además ha llamado a protestas para "defender el petróleo" de lo que ven como intenciones privatizadoras de Peña.

Altos funcionarios de Hacienda y legisladores priístas eluden hablar ante micrófonos sobre el IVA, que saben que provocará un alza inmediata de precios de los artículos básicos.

Pero en privado barajan la idea de proponer una tasa reducida para esos rubros y con mecanismos compensatorios para la población pobre.

La tasa general del IVA es actualmente de 16 por ciento y especialistas consideran que gravar alimentos y medicinas sería una forma rápida, aunque insuficiente, de elevar la recaudación tributaria, apenas equivalente al 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte, legisladores del PAN están considerando un IVA generalizado de entre un 12 y un 15 por ciento pero que exceptúe un grupo de alimentos básicos como tortilla, arroz y frijoles, elemental en la dieta de los mexicanos, dijo a Reuters el senador panista Francisco Domínguez Servién.

Esa esperada reforma fiscal está enlazada con la energética, porque al elevar la recaudación, México podría dar más libertad a Pemex para emprender ingentes inversiones en exploración y producción, dado que actualmente el 30% de sus ingresos se los come el gobierno.

México es el séptimo mayor productor de crudo del mundo y uno de los principales exportadores a Estados Unidos, pero el bombeo se ha estancado en los últimos años.

El punto es si Peña podrá lograr reformas profundas y no débiles como las que se produjeron durante el periodo de su antecesor Calderón y que, en materia energética, no lograron atraer al gran capital privado.

"Tiene que ser finalmente un régimen competitivo", dijo Alberto de la Fuente, presidente de la filial de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell en México.

"Si las condiciones en México no son competitivas o atractivas a comparación con otros países, se vuelve difícil traer inversión", agregó.

La reforma energética, aún en pasos iniciales, podría ir desde una basada en un cambio constitucional, que para analistas e inversores daría más certeza jurídica, hasta otras figuras como inversión conjunta entre Pemex y otras petroleras.

Inclusive se ha planteado la posibilidad de llevar un lote de acciones de la petrolera estatal a la bolsa.

Si bien el PAN es más proclive a las reformas que el PRD, su apoyo a los proyectos del PRI podría empañarse por las elecciones estatales previstas para este año, en las que el partido gobernante aspira arrebatarle el gobierno del norteño estado de Baja California, bastión panista desde 1984.

Legisladores del conservador partido dicen que ellos están dispuestos a ir a fondo con las reformas, pero que no tolerarán intromisiones del Gobierno en las elecciones regionales, en las que serán renovados alcaldes y congresos locales en poco más de una docena de estados.

"Si vemos que el Estado mexicano, que es el PRI en el poder, se mete en las elecciones del 7 de julio, ponen en riesgo todo el pacto. Queremos una reforma energética y una hacendaria, pero si nos juegan mal, ahí estarían casi reventando la liga", advirtió el senador Domínguez.

Entre los partidos pequeños, el PRI cuenta con el apoyo del Partido Verde; pero el otro que podría ser su aliado, el Partido Nueva Alianza, está de malas con el Gobierno por la aprobación de la reforma educativa que considera lesiona los derechos de los maestros y a cuyo sindicato está vinculado.

Analistas ven algo inédito en el estilo de Peña Nieto de intentar consensuar las reformas, aunque no está tan claro que vaya a tener éxito.

"Creo que sí va a lograr reformas. ¿Hasta qué grado? No lo sé, pero si las reformas son aguadas, va a tener un costo político con el exterior (frente a inversionistas)", opinó Oscar Mendoza, directivo de la consultora Pulso Legislativo.