Mientras las agroexportaciones regionales se expanden como nunca, la seguridad alimentaria de Latinoamérica se hace más frágil. Y el Calentamiento Global podría quebrarla.

Con diversos métodos, orientaciones y estímulos diferentes, naciones tan disímiles como Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay se han unido al éxito de Chile en impulsar su producción de alimentos destinados a la exportación hacia mercados lejanos. No ha sido gratis: en Ica, Perú, las napas de aguas subterráneas están cerca del agotamiento total y en el oriente de Santa Cruz, Bolivia, recursos genéticos invaluables se han perdido con el avance sin límites del monocultivo sojero (para no hablar de la ganadería extensiva en Rondonia, Brasil). La ironía es que, en ciudades y mercados regionales dentro de cada uno de esos países, la dependencia de alimentos importados crece y no únicamente de la mano del aumento de los ingresos de algunas de sus poblaciones.

Es así como Nicaragua, que deforesta sus últimos recursos, ha llegado a depender de la caridad internacional para adquirir ciertos granos. En este panorama, los efectos del calentamiento global no ayudan a un futuro más variado y rico. Desde Bogotá, Antonio Hill, experto en alimentos y  asesor regional de campañas para Latinoamérica y el Caribe de Oxfam, advierte sobre el camino hacia la fragilización que enfrenta Latinoamérica.

Un solo ejemplo: una sequía como la que vivió EE.UU. el año pasado, a repetirse en 2030, “podría provocar un aumento del precio mundial del maíz de hasta un 140% (por encima del precio medio del maíz pronosticado para el año 2030, que ya es el doble de su precio actual), lo cual implicaría “en Centroamérica y la Región Andina que los precios del maíz subirían 80% y 55% por encima de las alzas ya esperadas, respectivamente”. Si se quiere evitar convulsiones y sufrimiento inútil la preparación debe comenzar ahora.

–Latinoamérica es hoy un gran productor de alimentos, aún así naciones de Centroamérica, el Caribe, México e incluso Chile y Perú son grandes importadores tanto de granos (maíz y trigo), como de algunos alimentos procesados, ¿es la región más vulnerable de lo que creemos a los efectos del calentamiento global sobre la capacidad de producción agrícola? ¿Son los países conscientes de esto? ¿Algunos sí y otros no?

-Existe una tendencia regional hacia una mayor dependencia hacia mercados internacionales para cubrir la canasta básica: en la década 1999-2009, el número de países importadores netos de alimentos y productos agrícolas pasó de once a 16 en la región Latinoamérica y Caribe. Todos los países consideran que mayor integración en los mercados globales reduce la vulnerabilidad por lo que les permite acceder alimentos cuando fallan las cosechas nacionales. Pero no son conscientes de que esa misma integración les aumenta la vulnerabilidad a la volatilidad de precios del mercado internacional. Oxfam calcula que el impacto en el 2030 de otra sequía como la que golpeó a la producción agrícola de los Estados Unidos en el 2012 podría provocar un aumento del precio mundial del maíz de hasta 140% (por encima del precio medio del maíz pronosticado para el año 2030 que ya es el doble de su precio actual). Esto implicaría en Centroamérica y la Región Andina que los precios del maíz subirían 80% y 55% por encima de las alzas ya esperadas, respectivamente. ¿Qué país de la región está listo para enfrentar tasas de inflación sostenidas, año tras año, de 30% anual en los precios de alimentos? Algunos países de la región saben que son cada vez más vulnerables, pero ninguno aprecia las implicaciones que van a tener los eventos ni lo rápido que se pueden desestabilizar los sistemas agroalimentarios como consecuencia.

–¿Tiene sentido que las naciones de la región por sí mismas o la región como un todo se organice para disponer de un plan de seguridad alimentaria común?  

-Hay muchos beneficios que podrían resultar de una cooperación más estrecha entre los países de la región para fortalecer la seguridad alimentaria, y ejemplos claros de aprendizajes valiosos en esta materia. Por ejemplo, la implementación de políticas para realizar el derecho humano a la alimentación adecuada ha visto grandes avances en Brasil que son reconocidas y adaptadas en países tan lejanas como El Salvador y la República Dominicana. Tiene sentido mayor cooperación para intercambiar experiencias y fomentar la aplicación de políticas efectivas en este sentido. Pero las mayores amenazas a la seguridad alimentaria que son comunes a los países de la región requieren soluciones globales, y por tanto, la coordinación regional debería darle prioridad a temas globales como la regulación de especulación financiera de mercados de commodities alimentarios, la eliminación de mandatos y subsidios para los biocombustibles que desvían los alimentos hacia mercados energéticos, y financiamiento nuevo, adicional, predecible y adecuado para el Fondo Verde Climático de los países más responsables del cambio climático.

–Naciones como China tienen reservas de ciertos alimentos esenciales de al menos un año, ante eventuales problemas de abastecimiento, en nuestra región no parece haber una política similar. ¿Es necesario implementarla o se trata de realidades que no son comparables?

-Aunque su alcance es muy limitado, existe una pequeña reserva regional en América Latina y Caribe para casos de emergencia humanitaria. Establecer un banco de alimentos regional como los que operan en la India o Indonesia no sería factible en América Latina y Caribe hasta no contar con políticas regionales en temas de seguridad alimentaria y agricultura. Mientras que una solución para toda la región no sea el camino a seguir en el corto plazo, sí es necesario fortalecer las reservas nacionales –sobre todo en países importadores netos de alimentos– y en algunos casos sub-regionales, como Centroamérica. Los bancos de alimentos puede ser una parte imprescindible de la solución pero la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios frente al cambio climático requiere acciones urgentes en otras áreas también, como por ejemplo regulación de los mercados de commodities.

–Países como Paraguay y Uruguay, y regiones nada menores de otros como Argentina y Brasil poseen una agricultura de monocultivo con rotaciones relativamente escasas y, por otra parte, con diferencias, una integración vertical (excepto en el caso del aceite de soja) fragmentada ¿está la región moviéndose hacia un modelo en el cual se convierte en exportadora de commodities agrícolas e importadora de alimentos procesados?

-La región América Latina y Caribe sigue siendo muy diversa en cuanto sus patrones de producción y consumo de alimentos. Hay de todo. Lo preocupante desde la perspectiva de pobreza es la tendencia desenfrenada hacia modelos de desarrollo que siguen expandiendo la brecha de desigualdad que sufre la región, que ignoran los límites medioambientales, y que no invierten en la resiliencia de los sistemas agro-alimentarios frente al cambio climático. Por lo general los países dan prioridad a la agro-exportación pero los países importadores netos de alimentos y productos agrícolas son cada vez más en la región.

-¿Opciones?

-Hay que invertir más en los mercados nacionales y la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos. Los estados tienen que asegurar que toda explotación agrícola respete los límites de sostenibilidad de los recursos naturales como los suelos, el agua, y el atmósfera, en vez de seguir hipotecando el futuro de todas y todas a cambio de beneficios inmediatos para unos cuantos privilegiados.

–Si tuvieras que hacerle dos recomendaciones a los ministros de Agricultura de la región, ¿cuáles serían?

-Primero, aumentar y mejorar el gasto público destinado específicamente para el sector de agricultura familiar y campesina -- las pequeñas explotaciones agrícolas que abastecen hasta un 40-50% de los mercados nacionales y cuyo desarrollo tiene mayor rentabilidad en términos económicos, sociales, y medioambientales. Asegurar igual acceso a insumos agrícolas por parte de las mujeres productoras podría ayudarles a realizar sus derechos a una alimentación adecuada además de brindar mayor productividad y beneficios a nivel nacional.

Y, segundo, poner fin a la apropiación de la tierra sin consultas previas e informadas por parte de grandes intereses económicos, nacionales o extranjeros, y lograr una distribución más equitativa de la tierra, asegurando especialmente acceso para los campesinos que no cuentan actualmente con este medio productivo tan fundamental para el desarrollo.

–¿Y a los empresarios agrícolas?  

-Una cosa sería mejorar la transparencia de sus negocios frente a los consumidores y el público en general: deben mostrar de donde provienen los commodities y materias primas de los cuales dependen sus negocios, y los impactos sociales y medioambientales de sus operaciones actuales.

Y otra, el comprometerse a eliminar las injusticias que resultan de la operación de sus actividades y las cadenas de valor de los cuales dependen, incluyendo asegurar que las prácticas de sus proveedores también se eleven a los estándares que garanticen los derechos humanos y la sostenibilidad meioambiental.

–¿Existe algún estimado de las inversiones necesarias para mantener la producción agrícola en el caso de un aumento de 2 a 4 grados ºC de acá a 2050/60?

-Se estima que la adaptación del sector agrícola a un incremento de 2 grados requiere una inversión pública adicional de aproximadamente $1.2 mil millones por año hasta el 2050. No existen estimativos para un incremento de 4 grados, laguna preocupante considerando que la probabildad de limitar el cambio climático a un incremento de 2 grados disminuye con cada día y semana que pasa. Más preocupante aún es el hecho que en los últimos tres años la región entera ha recibido de la comunidad internacional apenas $49 millones para la adaptación al cambio climático… en todos los sectores.

–Muchos productores tienen una gran confianza en que, mediante la ingeniería genética, podrán desarrollarse variedades resistentes a las condiciones derivadas del alza térmica ¿Te parece fundada? ¿qué limitaciones le ves?

-Resolver las crises del sistema agro-alimentario actual –inequidad, insostenibilidad, y la falta de resiliencia frente al cambio climático– requiere abordar una serie de retos sociales, políticos, económicos, y culturales; no representa sólo un reto tecnológico. Oxfam no considera que las variedades transgénicas representen la solución al hambre, la pobreza y el desarrollo. Hoy día, las soluciones transgénicas pueden implicar ventajas para unos pocos de los productores más favorecidos, pero no representan soluciones para la mayoría de productores que dependen de la agricultura familiar y campesina quienes son claves para un sistema alimentario más justo, sostenible, y resiliente. Además, los riesgos asociados con la introducción de variedades transgénicas son considerables y están siendo asumidas por la mayoría de productores y consumidores quienes no fueron consultados a la hora de desarrollar e introducirlas. La inversión pública para aumentar la resiliencia del sistema alimentario frente al cambio climático debe priorizar las soluciones de la mayoría bajo principios de participación, transparencia, libertad de elección, sostenibilidad y justicia.

–¿Existen, dentro de los recursos agrícolas inexplotados (variedades de tubérculos andinos y amazónicos, por ejemplo) algunos que podrían ser usados para ampliar la variedad de cultivos en respuesta a los posibles cambios derivados del calentamiento?

-Tienen que existir porque los modelos indican claramente que la producción de los principales cultivos en el mundo –arroz, maíz, y trigo– serán seriamente afectadas por el cambio climático. Frente a la incertidumbre y los impactos locales diferenciados lo más importante será aumentar la diversidad biológica de la producción agropecuaria. Para eso será de vital importancia recuperar y aprovechar especies y variedades que actualmente son subexplotados por los mercados nacionales, entre ellos frutos de palmas como el chontaduro, por ejemplo. Pero la investigación no brindará innovaciones prácticas si no explora el potencial de estas variedades conjuntamente con las y los productores a pequeña escala que deben estar al centro de los esfuerzos de adaptación al cambio climático.