Proyecto de ley del MEF buscará sumar nuevos actores a las transferencias interbancarias.
Observa.com.uy La ley de inclusión financiera seguirá con la transformación del funcionamiento el sistema de pagos de la economía uruguaya, al incorporar nuevos actores y sustituir gradualmente el peso del dinero en efectivo, que cederá terreno a las transacciones por los distintos canales electrónicos. El Ministerio de Economía anunció que el proyecto de ley que introducirá algunos ajustes al sistema –como la postergación en el pago a las empleadas domésticas con tarjetas de débito o instrumento de dinero electrónico (IDE)–, buscará incorporar a las transferencias interbancarias digitales a los emisores de IDE.
En una cena organizada por Somos Uruguay bajo la consigna "¿Cómo va la inclusión financiera?", jerarcas del Poder Ejecutivo y de la banca pública y privada intercambiaron en la noche del martes puntos de vista e inquietudes sobre el camino recorrido y los desafíos a futuro. El panel estuvo integrado por el presidente del Banco Central (BCU) y moderador del intercambio, Mario Bergara; el titular del Banco República, Jorge Polgar; el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Jorge Ottavianelli; y el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba.
Bergara hizo un breve repaso de los fundamentos que llevaron al gobierno en su momento a impulsar la inclusión financiera desde una visión "más general" que apuntaba a la "inclusión social" ante las dificultades de acceso para las familias con menores ingresos y los microempresarios.
El titular del BCU comentó que la nueva normativa generó "nuevos incentivos y reglas de juego" para los agentes del sistema, y se congratuló de que aquellos bancos y otras instituciones que veían a esta herramienta como una "amenaza" ahora encuentran "oportunidades" para expandir su actividad.
"En dos años, la inclusión financiera es mucho más que la bancarización y el acceso al crédito", dijo Bergara.
Desafíos pendientes. A su turno, Vallcorba destacó la transformación que provocó la ley en el sistema de pagos, aunque reconoció que aún quedan "desafíos" por delante como los aranceles que los emisores cobran por los transacciones. Ese tema "está sobre la mesa y desde la política pública no podemos mirar para el costado", afirmó.
El jerarca destacó que se logró reducir ese costo que hoy está "a años luz" del 7% que los emisores cobraban a los comercios por las transacciones con débito hasta hace poco tiempo atrás. Actualmente, el arancel se ubica en 2% y hay un compromiso de llegar al 1,5%, a medida que siga creciendo el monto operado con débito.
Otro de los puntos que Vallcorba marcó como un tema a resolver es mitigar el "costo de la formalización" para los pequeños comercios. Por ese motivo, indicó que el MEF está trabajando en un proyecto de ley que tendrá como objetivo "suavizar el impacto" de modificar su esquema de tributación.
Por otro lado, comentó que pese a que el reglamento de interoperabilidad de POS permitió una mayor competencia, eso funcionó para la apertura, pero queda pendiente el incentivo para que surjan nuevos jugadores en el mercado de redes de POS. Cómo avanzar para que las localidades del interior de menos de 2 mil habitantes cuenten con un punto de extracción de efectivo también está en la agenda de corto plazo, añadió.
Al mismo tiempo, reconoció que quedan deberes en el sistema de transferencias interbancarias, donde se lograron reducir los costos, pero "hay espacio" para seguir profundizando esa política. "Hay casos donde todavía sigue siendo más caro que emitir un cheque", cuestionó Vallcorba. Sobre este tema, el jerarca reveló que el proyecto de ley que el MEF enviará al Parlamento, también tendrá un capítulo destinado a la incorporación de los actores no bancarios a las transferencias interbancarias. Actualmente, aquellos trabajadores o pasivos que cobran a través de un instrumento de dinero electrónico no pueden realizar transferencias a los bancos de la plaza financiera.
Las Fintech están sacudiendo la modorra de todo el sistema", dijo Vallcorba.
Sin ganancia. "La ley de inclusión financiera no genera ganancia para el BROU. Estamos lejos de que esto sea rentable pero vamos camino a eso", aseguró Polgar. Como un dato del impacto, señaló que su institución dejó de cobrarle al BPS por el pago a 330 mil jubilaciones, como lo hacía antes que rigiera la ley de inclusión financiera.
En la misma línea, Ottavianelli –que representa a la banca privada– dijo que si bien en el último año cerrado a agosto los operaciones con débito crecieron 65%, –lo que se tradujo en una mayor recaudación por aranceles–, y la apertura de nuevas cuentas sueldo aumentó 17%, la banca privada "no está obteniendo ganancia" porque esos recursos extra se destinan a campañas de promociones y el desarrollo de nuevos productos. Recordó que el pago gratuito de salario y jubilaciones le implica a la banca unos US$ 10 millones de ingreso menos por año, además de otros US$ 10 millones que se destinan a inversiones.
Por otro lado, Polgar consideró que "el eje de la competencia" entre los bancos va a tomar otro rumbo a futuro, donde las promociones típicas que distintas instituciones ofrecen para fidelizar a sus clientes con productos no financieros (dos por uno, descuentos en cines y tiendas de ropa, entre otros), van a perder peso. Estimó que seguramente se verá una mayor competencia por los servicios financieros tradicionales de los bancos como las tasas de los préstamos.
Propuestas de privados. La Asociación de Bancos Privados le entregará en los próximos días a las autoridades del MEF y el BCU una serie de propuestas para mejorar la eficiencia del sistema de pagos, para aprovechar el boom de las aplicaciones móviles.
Uno de los obstáculos está en que para la firma de una contrato la firma digital no está habilitada, lo que obliga al cliente a trasladarse necesariamente a una sucursal bancaria. También la normativa exige que la institución entregue una copia física del contrato al cliente, cuando lo mismo se podría hacer por correo electrónico, explicó Ottavianelli. Otro aspectos que los bancos privados quieren que se habilite es el envío de las imágenes de los cheques y eliminar el transporte físico, una práctica que se aplica hace 10 años en EEUU y acaba de instrumentarse en Argentina. La gremial de los bancos privados también aspira a que en un futuro puedan habilitarse las transferencias electrónicas diferidas.
240.000. nuevas cuentas se abrieron en el último año en el sistema bancario e instituciones emisoras de dinero eléctrico para el pago de sueldos, informó Martín Vallcorba del MEF.
Ahorro en el BROU y la apuesta a las Mipymes. El BROU opera casi 1,3 millones de cuentas bancarias activas. Sin embargo, su presidente dijo que menos de una de cada cuatro tiene una caja de ahorros con un plazo fijo. Hace un tiempo, el banco estatal abrió una opción para incentivar esa conducta a través de cuenta Ahorro en Sueldo, que permite transferencias automáticas en moneda nacional de la cuenta por un mismo monto todos los meses (entre $ 500 y $ 50 mil) pagando una tasa de interés anual de 12% para el primer año. Según informó Polgar, ese instrumento cuenta hoy con unos 10 mil clientes, de los cuales el 70% gana menos de $ 30 mil mensuales, y un 40% está por debajo de los $ 20 mil. El 60% de los ahorrista realiza aportes de $ 1.000 o menos por mes, y otro 20% realiza el mínimo ( $ 500). "No es un tema de ingresos el ahorro. Tenemos muchas cosas por aprender", admitió el titular del BROU. Por otro lado, Polgar reconoció que en el primer tramo de la inclusión financiera, los bancos no hicieron foco en la apertura de clientes de Mipymes. Reveló que una de las estrategias del BROU para 2017 pasará por aprovechar ese nicho de mercado. Dijo que en un futuro no muy lejano, los bancos van a poder tener mayor información con las transferencias bancarias, con lo cual solicitar los últimos tres balances para aprobar un préstamo puede ser "algo obsoleto" para el sistema.
