La iniciativa fue impulsada por una legisladora del oficialismo en el marco de una fuerte disputa política entre la presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, un político de centro-derecha que es un crítico de la gestión del gobierno.

Buenos Aires. El Senado argentino convirtió este miércoles en ley un proyecto para que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires deje de ser el custodio de los fondos del Poder Judicial en el distrito, lo que pone en riesgo un tercio de los depósitos en el noveno banco más grande del país.

La iniciativa fue impulsada por una legisladora del oficialismo en el marco de una fuerte disputa política entre la presidenta peronista Cristina Fernández y el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, un político de centro-derecha que es un crítico de la gestión del gobierno.

Macri es un potencial candidato a presidente en las elecciones generales del 2015, a las cuales Fernández no se puede presentar por ya haber sido reelecta el año pasado.

La iniciativa, que fue aprobada por la mayoría oficialista en el Senado luego de haber sido respaldada por la Cámara de Diputados hace un mes, le quita al banco el monopolio de los fondos judiciales en el distrito y se lo otorga al estatal Banco de la Nación Argentina, la entidad más grande del país.

"Es una manera más de intentar perjudicar al Gobierno de la ciudad y a los vecinos", dijo a una radio local el presidente de la entidad, Federico Sturzenegger.

El banquero agregó que la ley es anticonstitucional y que buscará que la justicia la bloquee.

Una norma de 1974 disponía que los tribunales con asiento en Buenos Aires debían depositar sus fondos en el Banco Ciudad, mientras que el Banco Nación recibía los del resto del país.

La nueva norma implicará que el Banco Ciudad dejará de recibir alrededor de 1.000 millones de pesos al año (US$214 millones).

Según datos del Banco Central a fines de mayo, la entidad mantenía depósitos por 19.114 millones de pesos. De estos, alrededor de 7.000 millones son depósitos judiciales, los que permanecerán en la entidad hasta que los tribunales necesiten disponer de ellos.

El senador oficialista Pedro Guastavino señaló que la ley "establece un marco de justicia para los ciudadanos del interior" del país, que necesitan "un Banco Nación más fuerte".

Cientos de empleados de la entidad protagonizaron varias manifestaciones recientemente para rechazar la iniciativa porque temen perder sus fuentes de trabajo.