Thomas Griesa, juez federal de Manhattan, dio a los tenedores de bonos hasta el 18 de febrero para justificar por qué la medida cautelar no debe ser levantada.

Un juez estadounidense ordenó el jueves a los acreedores que demandaron a Argentina por el incumplimiento de bonos argumentar por qué una orden que restringe el pago del servicio de deuda reestructurada no debe ser levantada, luego de que el país hizo una oferta por 6.500 millones de dólares para solucionar la disputa.

Thomas Griesa, juez federal de Manhattan, dio a los tenedores de bonos hasta el 18 de febrero para justificar por qué la medida cautelar no debe ser levantada si Argentina deroga dos leyes locales sobre sus deudas y paga a los acreedores con los que acuerde para el 29 de febrero.

La orden, que solicitó Argentina, se conoció después de que el país sudamericano propuso el viernes un pago de US$6.500 millones para resolver una batalla legal derivada de su moratoria de US$100.000 millones en el 2002.

En documentos presentados ante la corte, los abogados de Argentina pidieron a Griesa que dejara sin efecto sus medidas cautelares para financiar los acuerdos y eliminar un incentivo para que los restantes acreedores demandantes no acuerden "términos razonables".

"Las medidas cautelares, que fueron necesarias para llegar a una resolución, ahora son un obstáculo para concluir esos acuerdos y arreglos similares con los tenedores de deuda", escribieron los abogados de Argentina.

NML Capital Ltd de Elliott Management y Aurelius Capital Management LP, dos de los principales acreedores en la disputa, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Dos de los seis grandes acreedores ya aceptaron la oferta, dijo la semana pasada el mediador designado por la corte, Daniel Pollack. La propuesta representa un descuento de aproximadamente un 25 por ciento para los acreedores que presentaron demandas por unos 9.000 millones de dólares.

Esos tenedores de deuda rechazaron las reestructuraciones de Argentina en 2005 y 2010, que resultaron en el cambio de un 92 por ciento de sus bonos en cesación de pagos y que entregaron a los inversores menos de 30 centavos por cada dólar.

La propuesta de acuerdo fue presentada antes de que se cumplan dos meses del Gobierno del presidente Mauricio Macri, quien expresó su compromiso para resolver la disputa. Macri sucedió a la mandataria Cristina Fernández, cuya administración llamaba "buitres" a los acreedores de bonos en incumplimiento conocidos como "holdouts".

El acuerdo está condicionado a su aprobación en el Congreso de Argentina, donde Macri no tiene una mayoría, y a que Griesa levante la medida cautelar que emitió en el 2012.

La orden, que exigía que Argentina pagara a los "holdouts" 1.330 millones de dólares más intereses cuando abonara su deuda reestructurada, lanzó nuevamente al país a una cesación de pagos en julio del 2014, luego de que Buenos Aires se negó a cumplirla y no pudo resolver la disputa.

Griesa, quien ha supervisado el litigio por largo tiempo, extendió en octubre medidas similares en favor de tenedores de varios miles de millones de dólares en bonos en moratoria.