El Gobierno se encuentra en diálogo con el organismo internacional para alcanzar un nuevo programa que reemplace al acuerdo firmado en 2018 por el ex presidente Mauricio Macri, que disponía de un crédito por US$ 57.000 millones.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y sus aliados quieren retrasar un acuerdo de deuda de US$ 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta que la pandemia de COVID-19 se haya aliviado, informó el Financial Times este domingo, citando a funcionarios.
Hace una semana, el presidente argentino Alberto Fernández dijo en una entrevista a un diario de Argentina que creía que el FMI debería otorgar al país términos más flexibles.
El mandatario sostuvo que se busca que el Fondo "flexibilice los plazos" en un programa de facilidades extendidas.
El Gobierno se encuentra en diálogo con el organismo internacional para alcanzar un nuevo programa que reemplace al acuerdo firmado en 2018 por el ex presidente Mauricio Macri, que disponía de un crédito por US$ 57.000 millones, de los cuales se desembolsaron US$ 44.000 millones.
Argentina lleva meses en conversaciones con el FMI para reestructurar los términos de este préstamo, el que se solicitó al no tener Argentina financiamiento externo en los mercados de capitales con la idea de enfrentar una crisis económica que finalmente disparó la pobreza y el desempleo en uno de los principales productores de granos del mundo.
Argentina acumula tres años de recesión, donde sólo en el 2020 perdió más del 10% de su PIB, según analistas privados.
"Buscamos trabajar de una manera constructiva (con el FMI). No queremos repetir errores. El anterior programa se hizo de espaldas a la gente (... y) nos hizo mucho daño", afirmó el sábado en declaraciones radiales el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán.
El programa de facilidades extendidas que pretende Argentina tiene un período de repago de hasta 10 años.
Durante la semana pasada, el Congreso aprobó que cualquier programa con el FMI deberá ser aprobado por el propio Parlamento, ya que las decisiones de tomar deuda exceden a un período de Gobierno, según la administración de Fernández.
