La presidenta Cristina Fernández anunció un juicio contra una firma estadounidense, cuya filial en Argentina acaba de declararse en bancarrota. La acusación oficial se basa en una presunta violación de la Ley Antiterrorista.

La intención de Cristina Fernández de Kirchner era, en un principio, presentar un nuevo programa de vivienda social. Algo que la Casa Rosada acostumbra a anunciar con bombos y platillos y con la presencia de un escogido círculo de admiradores del Gobierno. Pero esta vez la viuda de Néstor Kirchner desistió de transmitir el evento a través de cadena nacional, a pesar de su calibre. ¿Por qué? Porque políticos y economistas que no comparten sus medidas económicas fueron fuertemente criticados.

Pero lo más destacado de todo fue el anuncio de la presidenta de emprender un juicio contra una firma estadounidense, cuya filial en Argentina acaba de declararse en bancarrota. La acusación oficial se basa en una presunta violación de la Ley Antiterrorista. La argumentación de Fernández de Kirchner: “Con la quiebra, dicha empresa busca dañar el orden económico y financiero de Argentina y causar terror entre la población”.

La filial de la firma impresora RR Donnelley anunció la semana pasada, de forma sorpresiva, su bancarrota y despidió a 400 trabajadores. Para ello, la empresa logró en (solo) dos días una aprobación de una corte laboral. Lo que la presidenta calificó como “quiebra exprés”.

¿Relación con los “Fondos Buitre”? La mencionada Ley Antiterrorismo de 2011 es, empero, ampliamente controvertida, incluso en el mismo Gobierno. Algunos creen que puede utilizarse para reprimir protestas sociales. En 2013, el fiscal de la provincia de Santiago del Estero intentó, aunque sin éxito, aplicarla contra un periodista para acallar un artículo que hablaba de “inestabilidad social”.

Todo indica que al Gobierno argentino no le interesa mucho el despido de cientos de personas sino hacer una relación entre dicha empresa estadounidense y los llamados fondos “buitre”, con los que Argentina se encuentra en una quijotesca querella desde hace once años.

Los demás son siempre los culpables. Según el portal ambito.com, cercano al Gobierno, inversionistas involucrados con los fondos Hedge poseerían parte en la empresa RR Donnelley. Según Cristina Fernández, el presidente de los fondos Elliott Management Corporation busca desestabilizar a Argentina y su economía con la mencionada declaración de quiebra. ¿Pruebas? No fueron presentadas por la presidenta, pero la trama se adapta a su hipótesis: si le va mal a la economía argentina, los culpables serán los “agentes extranjeros”, como los “fondos buitre”.

Con estas historias, el Gobierno argentino busca preparar a la población para los problemas que traerá la nueva quiebra del país. Al mismo tiempo, el anuncio de hacer uso de la Ley Antiterrorista se debe entender como una amenaza a los empresarios que piensen en despedir personal, debido a la precaria situación económica. Pero hasta Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central de Argentina y no muy lejana a Kirchner, lo admite: "No se descartan despidos debido al bajo crecimiento durante el próximo semestre".

Aún más influencia estatal. Aún así, el vicepresidente de la Asociación Patronal UIA, José Urtubey, aprueba una investigación judicial contra Donnelley. Al fin y al cabo, “la firma nunca dijo que estaba en problemas y al sector impresor no le está yendo tan mal como para despedir personal”.

Lo que sí esta claro es que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscará ahora, y por todos los medios, ampliar su influencia sobre la economía privada, así sea con leyes antiterrorismo.