"La intimación de la Argentina es para que cada agente involucrado en el sistema y en la operación de pago asuma sus consiguientes responsabilidades", explicó el jefe de Gabinete del gobierno, Jorge Capitanich

Buenos Aires. El gobierno argentino anunció hoy que envió un requerimiento legal al Bank of New York Mellon (BONY) para que realice el pago a los bonistas reestructurados con el dinero depositado por el país sudamericano que permanece bloqueado por el fallo judicial del litigio con los "fondos buitre".

"La intimación de la Argentina es para que cada agente involucrado en el sistema y en la operación de pago asuma sus consiguientes responsabilidades", explicó este viernes el jefe de Gabinete del gobierno, Jorge Capitanich, durante su rueda de prensa diaria.

Según el Ejecutivo argentino, los intermediarios deben cumplir su obligación de realizar el pago tal y como establecen los contratos con los bonistas que aceptaron, con importantes quitas, los canjes planteados por el país en 2005 y 2010, para hacer frente a la deuda en mora desde la crisis económica de 2001.

Capitanich afirmó que los agentes fiduciarios como el Bank of New York deben "arbitrar todos los medios necesarios para asegurar el efectivo cobro por parte de los tenedores de los fondos de su propiedad".

"La legislación nacional no ha tenido limitaciones para el pago a los tenedores de bonos; la legislación extrajera tiene distinta ubicación y agentes de pago, algunos de los cuales no han cumplido con su responsabilidad. Hemos dicho: Argentina paga y estamos cumpliendo las obligaciones emergentes del contrato derivado del prospecto", subrayó el jefe de ministros.

El Ejecutivo de Cristina Fernández realizó el pasado 26 de junio un depósito de US$832 millones, de cuales los que US$539 millones se ingresaron en cuentas del banco New York Mellon en el Banco Central de la República argentina, para pagar el vencimiento de finales de ese mes de acuerdo a lo suscrito con los acreedores de deuda reestructurada.

Dicho pago fue declarado "ilegal" por el juez neoyorquino Thomas Griesa, responsable del fallo favorable a un grupo de fondos especulativos que denunciaron a Argentina en Estados Unidos para cobrar el monto íntegro de la deuda.

La sentencia impide que el país pague a los acreedores reestructurados si no desembolsa antes lo que debe a los fondos buitre.

Según los contratos de los canjes, Argentina tiene hasta finales del mes de julio para que los acreedores reestructurados reciban el dinero antes de entrar formalmente en cese de pagos.

"(Griesa) ha cambiado las reglas, ha promovido la colisión objetiva de derechos; el fiduciario ha hecho una presentación ante el juez ante esta cuestión y la Argentina va a intimar que se cumplan los pagos", recalcó Capitanich.

"Un juez a través de un fallo pretende violar en contrato entre partes. Me debería explicar cómo puede tomar un juez una decisión que implica alterar el contrato de partes cuando una de la partes cumple rigurosamente sus obligaciones", puntualizó.

"Muchos funcionarios en Estados Unidos dicen que el Poder Judicial es independiente, pero la verdad es que no es independiente de la acción de los fondos buitre, porque muestra clara parcialidad, y se observa con mucha rigurosidad cómo un juez, a través de un fallo, pretende violar un contrato entre partes", continuó.

El gobierno argentino destacó también la importancia de la declaración en respaldo a Argentina aprobada ayer por la Organización de Estados Americanos (OEA), con la abstención de Canadá y el voto en contra de Estados Unidos.

Capitanich desligó la posición estadounidense del fallo del juez Griesa pero apuntó que el voto en contra manifiesta "implícitamente" la opinión del país en este conflicto.