Argentina al borde del abismo: codiciosos capitalistas quiere arruinar a un país. Ese es el relato oficial argentino.

Cristina Fernández siempre apostó fuerte en la crisis de deuda. Hasta ahora, con éxito. Lo que los gobiernos de Menem y de la Rúa legaron a su esposo y luego a ella como presidenta, parecía haber sido superado. Con las reestructuraciones de 2005 y 2010, duramente negociadas, pareció que Argentina volvía a la senda de la estabilidad. La economía crecía y el servicio de deuda era atendido puntualmente.

El pequeño grupo de inversionistas que no había entrado en el canje fue insistentemente ignorado por el gobierno argentino. “Fondos buitre” llama Fernández a los fondos hedge, que han tenido éxito con una querella en Nueva York y han empujado ya a Argentina al borde de un nuevo default, esta vez técnico, porque sus exigencias bloquean el servicio de deuda a los demás acreedores.

Es una interpretación a primera vista convincente, no solo porque satisface en forma ideal el estereotipo del “espantoso rostro del capitalismo”. En efecto, se plantea la cuestión de por qué una pequeña minoría de acreedores torpedea la gran solución, poniendo en peligro la capacidad de pago de todo un país, a costas no solo de los otros acreedores, sino sobre todo a costas del pueblo argentino. El fallo moral está claro y por él apuesta Fernández de Kirchner.

¿La moral prevalece sobre el derecho?. Luego del Grupo de los 77, también la OEA –quizás con la abstención de Estados Unidos y Colombia– instará a una regulación internacional y apoyará a Argentina en su crítica contra los fondos hedge. Si estos imponen por completo sus exigencias, las consecuencias serían efectivamente graves: aun cuando las reglas del sistema financiero internacional son hoy en gran medida diferentes, no solo en el caso de Argentina exigirían otros acreedores un igual tratamiento. Las reestructuraciones de deudas serían en el futuro mucho más complicadas.

No obstante, primero, los fondos hedge tienen razón jurídicamente. Y segundo, no solo representan a codiciosos malabaristas financieros, sino también a pequeños inversionistas que invirtieron sus ahorros en bonos argentinos. “Buitres” son entonces también seres humanos que inocentemente confiaron en que la deuda soberana es segura, porque los Estados respetan el derecho internacional y por ello cumplen con lo que prometen.

La Argentina de los Kirchner no lo ha hecho. Además, el auge económico financiado con la reestructuración de deuda no se ha destinado a realizar una sólida reforma económica o para la ampliación de la infraestructura, sino en consumo, subvenciones y programas sociales. Se trata de una política económica que se debate entre expropiaciones, controles de precios y una retorcida administración de divisas, que llevó a Argentina nuevamente a la crisis. La culpa de ello la tienen, según el Gobierno, solo las viejas deudas.

La culpa la tienen otros. Los “fondos buitres” le proporcionan a los kirchneristas otra excusa, no solo para echarle la culpa de su política equivocada a otros, sino también para posiblemente internacionalizar sus costos. Argentina juega a ganar tiempo: o bien los fondo hedge renuncian, bajo la presión internacional, a gran parte de sus exigencias y Argentina evita un nuevo default dentro del plazo restante hasta fines de julio o el país entra de nuevo conscientemente en cesación de pagos, a costas de su propia población, y espera hasta fin de año, hasta que deje de tener vigor una cláusula que asegura un tratamiento igualitario de todos los acreedores. La cuestión de quién tiene la culpa ya está aclarada y será abundantemente utilizada en la próxima campaña electoral. Una nueva reestructuración reduciría incluso al final el servicio de deuda.

Ese es, sin embargo, un escenario por lo menos tan devastador como la posibilidad de que los fondos hedge puedan imponer sus exigencias en un cien por cien. La comunidad internacional debe hallar un compromiso para la Argentina y exigir a largo plazo regulaciones que creen una seguridad legal, tanto para los inversionistas como para los Estados. Un juicio moral unilateral no ayuda a avanzar. Debe crearse un derecho internacional unitario de insolvencia, que proteja la más importante moneda de la economía mundial: la confianza.