Hernán Lorenzino afirmó que la razón de tomar control de YPF se relaciona con el "autoabastecimiento energético" del país y el incumplimiento de Repsol de aumentar la explotación de sus reservas hidrocarburíferas para mantener la actividad económica.

Buenos Aires. Argentina tiene el derecho soberano de quitarle al grupo español Repsol el control de la petrolera YPF para asegurar que la producción de crudo y gas acompañe la expansión económica del país, dijo este jueves el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

El plan recientemente anunciado por la presidenta argentina Cristina Fernández de expropiar el 51% de la filial argentina de Repsol fue aprobado esta madrugada en el Senado y ahora pasará a la Cámara baja, que puede convertirlo en ley la próxima semana.

La decisión ha generado duras críticas desde el exterior, incluyendo al Parlamento europeo, que la calificó de "unilateral y arbitraria", y de España, que anunció como represalia la limitación de las importaciones argentinas de biodiésel.

Pero en el país sudamericano, donde muchos culpan a las privatizaciones y a las políticas de libre mercado por una devastadora crisis económica y financiera ocurrida en 2001-2002, la mayoría apoya la expropiación, según sondeos recientes.

Lorenzino afirmó en una entrevista con Reuters que la razón de tomar control de YPF se relaciona con el "autoabastecimiento energético" del país y el incumplimiento de Repsol de aumentar la explotación de sus reservas hidrocarburíferas para mantener la actividad económica.

"Si nosotros tomamos decisiones como país soberano y esperamos que esas decisiones sean respetadas (...) por supuesto también respetamos las decisiones que toman otros países en ejercicio de su soberanía", dijo.

La toma del control de la mayor petrolera argentina surgió tras varios meses de presiones gubernamentales para que las firmas extranjeras aumenten inversiones y su producción de hidrocarburos, de modo que el país pueda reducir las crecientes importaciones de combustible que erosionan su superávit comercial.

La tercera economía latinoamericana ha desacelerado su tasa de expansión y el excedente comercial, que es uno de los pilares de su política económica, se redujo el año pasado en parte porque las importaciones de combustibles más que se duplicaron.

Lorenzino dijo que Repsol no cumplió con sus compromisos de inversión en el país, y que la producción y las reservas de hidrocarburos deben estar "en línea con el crecimiento y el mantenimiento de la actividad económica en Argentina".

Argentina necesita grandes inversiones para desarrollar sus reservas de gas no convencionales, las terceras del mundo por su tamaño.

Repsol ha rechazado que haya incumplido con compromisos contractuales en Argentina y ha dicho que puede tomar acciones legales contra compañías que inviertan en YPF, una petrolera que fue privatizada en la década de 1990 tras estar por 70 años en manos estatales.

Al preguntársele si la intervención que designó el gobierno pagará los intereses del bono global 2028 de YPF, que vencerán la próxima semana, el ministro dijo: "cada uno de los compromisos de la compañía van a seguir siendo atendidos".

Lorenzino afirmó que la gerencia controladora de YPF atenderá todos los compromisos productivos y financieros de la petrolera mientras dure el proceso de intervención.

"A partir del análisis que la (junta de) intervención haga de la compañía, se definirán los próximos pasos", sostuvo Lorenzino, incluyendo el destino de su deuda, que entre el 2007 y el 2009 se duplicó a unos US$8.900 millones según el gobierno.

Sin impacto. España, que es el mayor mercado para los productos de biodiésel argentinos, prometió la semana pasada que recortará sus multimillonarias compras en represalia por el plan de expropiación de YPF.

La semana pasada, la presidenta peronista desestimó que la medida española tenga algún efecto en el país, al considerar que el biodiésel se puede colocar en su mercado local.

Lorenzino dijo que "la decisión de España respecto al biodiésel creemos no va a tener impacto".

El ministro consideró que la comercialización de los productos que no se coloquen en el país ibérico será absorbida por el vigoroso mercado interno.

"España sabe por qué lo hace y si eso es conveniente para los españoles o eso implica pagar más caro", sostuvo.