En un comunicado del Ministerio de Economía, el país sudamericano se comprometió a seguir con el pago de su deuda pese a la decisión judicial adversa en Estados Unidos, que dificultará aún más el acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito.
Argentina será "inflexible" con las entidades financieras que violen leyes locales tras una decisión del juez estadounidense Thomas Griesa que traba pagos de bonos soberanos a través de Citigroup, dijo el Gobierno el viernes.
En un comunicado del Ministerio de Economía, el país sudamericano se comprometió a seguir con el pago de su deuda pese a la decisión judicial adversa en Estados Unidos, que dificultará aún más el acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito.
Griesa rechazó el jueves un pedido de Citigroup para procesar el pago de intereses de bonos argentinos en dólares emitidos bajo las leyes del país sudamericano.
Pese a la noticia adversa, los bonos argentinos en el mercado extrabursátil de Buenos Aires subían un 0,4 por ciento en promedio.
"El juez Griesa se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre (como denomina el gobierno a los acreedores que reclaman el pago total de la deuda)", según el comunicado.
"Y además, en esta ocasión, pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas", agregó.
Operadores dijeron que pese al nuevo revés judicial, las tasas internas de retorno de los títulos públicos de Argentina siguen firmes con la esperanza de alguna solución con los "holdouts", como también se conoce a los fondos litigantes, a más tardar durante el próximo Gobierno que asumiría en diciembre.
"La orden del juez Griesa vuelve a violar principios legales básicos, y deja en claro que sus decisiones no están basadas en derecho sino en su manifiesta parcialidad en contra de Argentina", afirmó el Gobierno de la nación sudamericana.
Dijo además que el país continuará efectuando los pagos de toda su deuda de manera normal.
Argentina mantiene una feroz batalla judicial con los "holdouts", conocidos de ese modo por no haber aceptado ninguno de los dos canjes de deuda en default ofrecidos por Argentina en 2005 y 2010, luego de una cesación de pagos de alrededor de US$100.000 millones en 2001/2002.
