El gobierno podría obligar a los tenedores a acatar el canje, usando un mecanismo de bancarrota que exige a los acreedores disidentes a aceptar como la mayoría las mismas pérdidas.

Buenos Aires. Argentina espera que su más reciente canje de deuda por hasta US$18.300 millones ayude a convencer a los tribunales internacionales a desestimar las demandas que enfrenta el país por el incumplimiento de pagos del 2002.

Pero con algunos casos ya ganados y demandantes que han prometido no desistir, el gobierno de Cristina Fernández enfrenta una batalla difícil.

Finalmente el miércoles, las autoridades argentinas anunciaron con tono triunfal que 92% de sus títulos incumplidos fueron reestructurados. El 66% de los acreedores adhirió a su oferta de canje que se completó esta semana y que en esencia implicó un relanzamiento del canje del 2005.

Argentina necesita volver a entrar a los mercados de financiamiento externos tras ocho años de ausencia, sin el temor de que cortes puedan confiscar el cambio de manos del dinero, para satisfacer con multimillonarias indemnizaciones los daños a tenedores de bonos.

Pero fondos de inversiones como EM Ltd, de la familia Dart, planean seguir adelante con sus demandas, y argumentan que un resultado mejor a lo que se esperaba en el canje más reciente de hecho los favorece.

"No creemos que nuestros esfuerzos por recuperar han sido perjudicados de alguna manera", dijo Suzanne Grosso, una abogada de la firma Debevoise & Plimpton LLP que representa a EM. "De hecho, creemos que estamos mejor ubicados porque ahora quedaron compitiendo menos acreedores", afirmó.

El ministro de Economía argentino, Amado Boudou, afirmó que el gobierno avanzaría con una estrategia legal para ponerle fin al incumplimiento de unos US$100.000 millones.

Las demandas contra Argentina ya no se justifican, expresó.

Boudou dijo que Argentina no negociará con los "fondos buitre" que tienen en sus manos unos US$4.500 millones en deuda impaga, y que han montado demandas para recuperar el valor total de sus inversiones, pero han fracasado hasta ahora en recaudar dinero.

El miércoles, Boudou señaló a periodistas que la estrategia es "seguirlos aislando, demostrando que ellos tienen una propuesta no solo no cooperativa sino irrazonable".

Seguir luchando. En el pasado, otros países terminaron llegando a acuerdos con los tenedores para terminar con los problemas legales. Argentina espera evitar ese destino.

Fuentes del gobierno dijeron el mes pasado a Reuters que podrían intentar obligar a los tenedores a acatar el canje, usando un mecanismo de bancarrota que exige a los acreedores disidentes a aceptar como la mayoría las mismas pérdidas.

Analistas dicen que esa estrategia, que una fuente calificó como "compleja e innovadora", es poco probable que funcione.

"Si te deben 100 dólares, y yo te lo debo a ti, un juez no invalidará tu reclamo de 100 dólares sólo porque yo he pagado a todo el resto del mundo", dijo Arturo Porzecanski, experto internacional en finanzas que enseña en American University en Washington. "Así no es como funciona", sostuvo.

Un funcionario en un importante fondo de inversiones que no participó en el canje también desestimó esa posibilidad, la cual ha sido mencionada en diarios argentinos. "Cada vez que vemos esos informes llamamos a nuestros abogados y les decimos: '¿hay alguna posibilidad?'", comentó el funcionario que pidió no ser identificado.

"La respuesta ha sido siempre un 'no' categórico. No existe de ninguna forma un procedimiento legal para permitirles hacer eso", explicó.

Sentencia eterna. La llamada Task Force Argentina (TFA), que reivindicaba su representación de pequeños inversores con unos US$4.300 millones en bonos impagos antes del último canje, persistirá con su caso contra la nación sudamericana en el Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (Ciadi), un foro de arbitraje del Banco Mundial.

Nicola Stock, que encabeza al grupo, dijo a Reuters que aún espera ver cuántos miembros se han adherido al canje. Pero afirmó que esperaba que un "buen" número mantenga sus demandas. "Todavía hay gente que cree que Argentina no debería decidir de forma unilateral qué devolverle a los tenedores de bonos", dijo.

"Ellos creen que Argentina debería pagar sus deudas por completo", agregó.

La masa de demandas relacionadas a los pagos incumplidos de Argentina está en la corte del juez Thomas Griesa, en Nueva York.

Griesa ha fallado contra Argentina en demandas colectivas y en casos presentados por inversionistas institucionales, ordenando a Argentina que pague varios miles de millones de dólares en daños.

Hacer que Argentina pague es la parte peliaguda porque el principio de inmunidad soberana da protección de decomisos a los activos de un país.

En una audiencia este mes, y en respuesta al dictamen de la corte de apelaciones, Griesa afirmó que se sentía impaciente en recalcular los daños conferidos en una demanda colectiva.

"Estos demandantes han sido obligados por el incumplimiento de pago de deudas de la República a tomar medidas extremas para tratar de hacer cumplir las sentencias", dijo Griesa.

Porzecanski sostuvo que sería difícil revertir las victorias judiciales hasta la fecha de los acreedores.

"Argentina puede apelar cada uno de los fallos del juez Griesa, que han hecho, pero no creo que el resultado (del canje) será tomado en consideración", agregó. "Las sentencias son para siempre", manifestó.