Se prevé que cualquier solución propuesta por el país no sería mejor que la efectuada a los bonistas que ingresaron a los canjes de la deuda en 2005 y 2010.

El Gobierno argentino terminará esta semana de dar forma a la propuesta de canje que el país hará a los llamados "fondos buitre" ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que tendrá como punto de partida la idea de "tratamiento igualitario" con los acreedores que ingresaron al proceso de reestructuración llevado a cabo en 2005 y 2010.

A partir del lunes se inicia una cuenta regresiva de cinco días hábiles: sucede que el viernes 29 de marzo vence el plazo para que el país presente ante la Corte de Apelaciones una oferta para la deuda en default, según el pedido girado al país el pasado 29 de febrero por ese tribunal, dos días después de la celebración de la audiencia.

Pese a que el equipo económico que comanda Hernán Lorenzino se encuentra trabajando en pleno hermetismo con la propuesta argentina, se puede afirmar que cualquier solución propuesta por el país no sería mejor que la efectuada a los bonistas que ingresaron a los canjes de la deuda en 2005 y 2010.

El pasado 27 de febrero, el Gobierno expresó con claridad la posición argentina, a través del abogado representante del país, Jonathan Blackman, del Estudio Cleary Gottlieb, y en presencia del vicepresidente, Amado Boudou, y Lorenzino.

Allí el letrado dijo que Argentina "no podría obedecer voluntariamente" un pedido de la Corte que implique pagarle más a los fondos buitre que al resto, o que involucre el pago de los fondos destinados para los bonistas que ingresaron a los mencionados canjes.

Esto es porque una decisión de ese tipo violaría la legislación nacional, y porque afectaría a los bonistas que ingresaron de manera voluntaria.

Esta última postura fue reforzada por la opinión de los terceros involucrados, a los que el Tribunal compuesto por tres magistrados escuchó atentamente y le dedicó un plazo mayor al estimado para la exposición.

Se trata de la posición del Bank of New York, y del Grupo de Tenedores de Bonos (EBG, por sus siglas en inglés), que representa al 93% de la deuda en default de 2001, por la cual se ofreció la restructuración de la deuda.

La audiencia fue convocada luego que en noviembre último, el juez Thomas Griessa determinara que los fondos buitre podían cobrar el 100% de los títulos en default que tienen en su poder -alrededor de US$1.300 millones- en un sólo pago, con los recursos del cupón atado al PBI que se pagaron en diciembre último a los acreedores.

Esta medida quedó en suspenso a partir de una decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que ahora se encuentra abocada a analizar una fórmula de pago para los holdouts.

A la fecha, no puede proyectarse un resultado sobre la decisión de la Corte de Apelaciones.

Estudios económicos de bancos de inversión resaltaron el aspecto de que la Corte se muestra más preocupada por ejecutar el pago de la Argentina, que buscar una solución a la reestructuración de la deuda, como fue el informe del Deutsche Bank divulgado en ocasión de la Asamblea anual del BID.

"La Corte de Apelaciones de Nueva York pareció enfocarse en un rol de ejecutar contratos de los bonos, en vez de alcanzar una negociación entre las partes, lo que es cuestionable a la luz del impacto en terceros afectados", sostuvo el informe que especuló con dos soluciones técnicas que podría Argentina ofrecerle a la Corte.

Una de esas fórmulas comprenden el pago en bonos Par con un reconocimiento de similar quita en valor presente neto que tuvieron los canjes 2005 y 2010.