“Hallamos la punta de un enorme iceberg”, dijo Robert Shapiro, de la American Task Force Argentina, una organización de lobby de NML.

Ni siquiera en sus peores pesadillas pudo imaginarse Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, que la cosa llegaría a estos extremos. Los “fondos buitre” intentan ahora encontrar activos en el exterior que eventualmente puedan estar en relación con casos de corrupción en el entorno del gobierno. Su plan: hacerlos congelar por la Justicia para cobrarse lo que reclaman.

El fondo NML solicitó recientemente información a la Justicia de Nevada, Estados Unidos, sobre 123 empresas allí registradas, que, según NML, pertenecen a Lázaro Báez, un íntimo amigo de la familia Kirchner. Esas empresas fueron utilizadas según NML “para lavar US$65 millones provenientes de proyectos de infraestructura a través de Panamá y numerosas empresas pantalla”.

El juzgado constató que “no existe duda alguna que se trata de 123 empresas como las que usualmente se usan para defraudar”. No obstante, no autorizó la divulgación de más detalles por parte de NML, como el fondo había solicitado, sino que postergó la decisión hasta marzo de 2015.

“Hallamos la punta de un enorme iceberg”, dijo Robert Shapiro, de la American Task Force Argentina, una organización de lobby de NML. Y amenazó: “Este es primer caso en el que solicitamos acceso a información a un juez, pero seguirán más”.

Los “fondos buitre” habían intentado hasta ahora hacer embargar bienes claramente de propiedad del Estado argentino. Por ejemplo la fragata “Libertad”, de la Marina argentina, detenida en Ghana a fines de 2013 y a la que Ghana autorizó zarpar solo cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar así lo dispuso, porque “de conformidad con el derecho internacional, los buques de guerra gozan de inmunidad”. La batalla es trasladada por los “buitres” ahora a un nuevo terreno, que puede suponer peligros para empresarios y políticos si las acusaciones resultan ser ciertas.

Dos “fondos buitre” y un juez. La historia comenzó ya en 2001. Dos fondos hedge compraron en los mercados títulos de deuda soberana de la Argentina, que se encontraba ya en serias dificultades de pago. Entre un 15% y un 20% del valor nominal de los bonos pagaron NML Capital y Aurelius Management a inversionistas que habían caído en pánico.

A fines de 2001, comienzos de 2002 Argentina se declara en cesación de pagos. Con el revólver sobre el pecho, el 93% de los acreedores aceptan en dos operaciones de canje (2005 y 2010) un recorte de deuda de en promedio un 70% y plazos más largos. Los fondos hedge, sin embargo, insisten hasta hoy en que se les pague el total del valor nominal de los bonos, ya que nunca aceptaron la reestructuración de la deuda.

Thomas Griesa, un juez norteamericano, les dio la razón en 2003. Los bonos habían sido emitidos con arreglo a las leyes del Estado de Nueva York, ya que de esa forma se pagan menores intereses. El juez dispuso en 2014 que Argentina no le puede pagar a los tenedores de los bonos reestructurados si no le paga simultáneamente también a los bonistas que no aceptaron el canje, cuyas exigencias llegan actualmente a unos US$1.300 millones más intereses.

La situación es complicada. Las cuotas que Argentina había transferido a la cuenta del Bank of New York para abonar a los bonistas reestructurados fueron bloqueados por Griesa. Desde entonces, Argentina se halla en “default técnico”. Para evitar ese bloqueo, los importes son depositados ahora en fideicomiso en una cuenta del Banco Central Argentino, donde se hallan a disposición de los acreedores. Pero eso va contra las condiciones fijadas en los títulos reestructurados. La situación es complicada.

“Sigue tratándose de una situación bloqueada. Ninguna de las estrategias del Gobierno argentino destinadas a eludir el fallo ha funcionado hasta ahora. Pero tampoco se le ha pagado un centavo a los fondos hedge, que no cobran nada desde hace 10 años”, dijo a DW Christoph Trebesch, profesor de Finanzas Públicas en la Universidad Ludwig Maximilian, de Múnich.

Una importante razón para no aceptar las exigencias de los “fondos buitre” fue otra cláusula de los bonos reestructurados: la disposición “RUFO" ("Rights Upon Future Offers"). Esta prevé que ningún acreedor puede recibir mejores condiciones que las aceptadas en el canje. Ello es válido, sin embargo, solo hasta fines de 2014. A partir de enero de 2015 el Gobierno argentino podría por lo tanto negociar sin problemas con los fondos hedge.

Una decisión política. ¿Lo hará? “Lo va a intentar, por lo menos para conservar las apariencias. En el fondo se trata de una decisión política. Si la voluntad política existe, habrá acuerdo”, dice Trebesch, “pero es muy poco probable que se produzca antes de las elecciones argentinas de 2015. Todo es muy difícil de predecir. Un cambio de Gobierno a fines de 2015 podría acelerar un acuerdo”.

Axel Kicillof, el ministro de Economía argentino, sugirió en los últimos tiempos que no habrá acuerdo con los fondos buitre, tampoco en 2015. Seguro es en todo caso que el actual Gobierno no permanecerá en funciones: según la Constitución, Cristina Fernández de Kirchner no puede presentarse a la reelección después de dos periodos en el cargo. Eso podría abrir la puerta para un arreglo con los “buitres”. Los potenciales candidatos a presidente no se han pronunciado hasta ahora claramente al respecto.

Un acuerdo parece, sin embargo, inevitable, tarde o temprano. No solo por esas razones, sino también porque las consecuencias de una continuada disputa pueden ser problemáticas para la Argentina. Trebesch: “No es positivo para un Gobierno estar oficialmente en cesación de pagos y que una crisis permanente continúe dañando la reputación del país. La situación aumenta la inseguridad y socava la confianza en el país y el Gobierno. Eso puede llevar a que disminuyan las inversiones tanto internas como externas”. Y esas inversiones las necesita Argentina imperiosamente.