Se acordó un cronograma de encuentros a llevarse a cabo durante el mes de enero con el objeto de arribar a una solución al largo litigio existente en el juzgado del juez neoyorquino Thomas Griesa.

El gobierno argentino arrancará durante la segunda semana de enero las negociaciones por la deuda en default del 2001, con el objetivo de intentar ponerle fin al litigio que enfrenta el país con los fondos buitre y otros acreedores.El secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, que viajaron hacia Nueva York, se reunieron con el mediador judicial Dan Pollack.

En ese marco, se acordó un cronograma de encuentros a llevarse a cabo durante el mes de enero con el objeto de arribar a una solución al largo litigio existente en el juzgado del juez neoyorquino Thomas Griesa.

Caputo se comprometió ante Pollack a "volver a Nueva York en la segunda semana de enero para comenzar con estas negociaciones", informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Más temprano, Pollack dio cuenta de la reunión a los medios, que tuvo lugar en su oficina, situada en la reconocida avenida Park y expresó que la misma "fue constructiva y cubrió una amplia variedad de temas".

Para Pollack, los argentinos retornarán a Nueva York "en la segunda semana de enero para comenzar negociaciones sustantivas con los tenedores de bonos".

El encuentro de hoy resultó el segundo cara a cara entre Pollack y Caputo. El secretario de Finanzas había viajado a principios de diciembre, luego de que el presidente Mauricio Macri se impusiera en el balotaje, para manifestarle la intención de la nueva administración de iniciar negociaciones apenas asumirá la conducción del país.

La semana pasada tuvo lugar una audiencia convocada por el juez Griesa sobre los Bonar 24, de la que participaron bancos internacionales y los abogados que representan a Elliot y a Aurelius, entre otros.

La representación Argentina se abstuvo de participar en dicha audiencia, según reveló Caputo el pasado miércoles en la conferencia de prensa en la que se anunció el levantamiento del cepo cambiario.

Caputo argumentó que la decisión argentina de no asistir había sido "consensuada" con Pollack.

Para poder avanzar en las negociaciones, el Gobierno argentino tiene que liberar el camino legal, ya que se encuentra restringido por la vigencia de las Leyes de Pago Soberano y Ley Cerrojo, que le impiden negociar la deuda externa en condiciones que no sean "justas equitativas y soberanas para el 100% de los tenedores".

En el caso de le Ley Cerrojo rige la imposibilidad de ofrecer una oferta de canje mejor a la que recibieron los bonistas que ingresaron a los canjes 2005 y 2010.

La administración de Mauricio Macri tiene tres caminos posibles para viabilizar esta cuestión. Uno, es recurrir al Congreso por la vía normal, para lo cual deberá negociar con los distintos bloques, debido a que Cambiemos no cuenta con el número suficiente para lograr su cometido, y esperar al primero de marzo, cuando reabran sesiones ordinarias.

El segundo camino es convocar a sesiones extraordinarias, para tratar un conjuntos de leyes prioritarias, y discutir esta cuestión al calor del verano. Finalmente, la tercera vía es recurrir a un DNU para arrancar cuanto antes con las negociaciones de la deuda en default.

Consultados sobre el tema, en el Ministerio de Hacienda y Finanzas evitaron precisar cuál de estos caminos escogerá Macri para avanzar en su cometido.

La última novedad al respecto ocurrió el pasado 26 de noviembre, tras la culminación de la primera reunión informal de Gabinete, en la que los funcionarios dejaron trascender a la prensa que se discutió el posible envío de un paquete de leyes al Congreso que incluía la eliminación de la Ley Cerrojo.

El litigio con los fondos buitre en la denominada causa "pari passu" arrancó con una sentencia original de 1.330 millones de dólares, en una causa presentada por los fondos Elliot, Aurelius, y Olifant, y que luego se exendió a otros tenedores de deuda en default (los "me too"), por lo que el monto en cuestión alcanza en la actualidad los 10.000 millones de dólares.

En noviembre último, cuando Griesa incorporó la deuda de los "me too" a la sentencia "pari passu", expresó su voluntad de que las partes alcancen un acuerdo.

"El Tribunal, por supuesto, no puede ordenar a un acuerdo; pero quiero decir en esta sala antes de que el grupo entero aquí que la manera de resolver este litigio en última instancia, tiene que venir a través de Acuerdo", dijo Griesa en esa oportunidad.