"Hay que ir evaluando para tomar decisiones. Tenemos pensadas distintas estrategias", dijo el ministro de Economía, Amado Boudou.

Buenos Aires. Argentina ya estudia una estrategia legal para imponer un acuerdo a los acreedores que no acepten ingresar al canje de bonos en incumplimiento por más de US$18.300 millones lanzado el lunes, dijeron fuentes del gobierno.

La estrategia, legalmente compleja, persigue el cierre de demandas judiciales y ya comenzó a evaluarse, pese a que el canje se extenderá por más de un mes.

El plan apunta a extender a los acreedores más agresivos, que eventualmente rechazarían la oferta de reestructuración, los términos que la mayoría de tenedores de bonos aceptará al ingresar a la transacción.

"Hay que ir evaluando para tomar decisiones. Tenemos pensadas distintas estrategias", dijo el ministro de Economía, Amado Boudou, la semana pasada a periodistas cuando se le preguntó qué tratamiento tendría el país con los acreedores que rechacen la reestructuración.

Pero un funcionario con conocimiento del caso indicó a Reuters, con la condición de no ser identificado, que "hay un espíritu de arreglar todo", lo que que incluye a los bonistas que continúan litigando para recuperar el 100 por ciento del valor nominal de sus tenencias.

El canje busca reemplazar los títulos en incumplimiento desde 2001/2002, cuando Argentina dejó de pagar sus compromisos en medio de una aguda crisis.

Los bonos son un remanente de la dura reestructuración realizada tres años después del default, oferta que fue rechazada por casi un cuarto de los acreedores.

La operación de canje busca restaurar la dañada reputación de Argentina en los mercados financieros, permitir paralelamente la emisión de nueva deuda por 1.000 millones de dólares y que el país pueda acudir a la plaza global para financiarse.

Boudou dijo que el objetivo del gobierno es que el canje obtenga al menos una aceptación de 60% de los acreedores, aunque analistas indican que el apoyo a la operación estará por encima del 70%.

"Estoy viendo una tasa de participación de 80%, o de golpe un poco más", dijo Alberto Bernal, director de Bulltick Capital Markets.

Agresiva pero pequeña minoría. Con una aceptación similar a la que aspira el gobierno, "quedaría acotado el problema a un número muy pequeño de inversores, aquellos que buscan una solución agresiva y no consensuada", dijo Boudou en una conversación con periodistas.

Boudou explicó que el eventual pequeño remanente con títulos argentinos en incumplimiento "pierde mucho argumento" para nuevas demandas judiciales posteriores al canje y confió en que "desde los juzgados va a ser percibida la buena voluntad argentina".

Pero una fuente con conocimiento de la transacción dijo que Argentina considera pasos para reforzar esa visión.

"Se trata de lograr interpretaciones legales después de plantearlas conceptualmente en otros foros. Se trata que minorías en litigio queden adheridas automáticamente a lo que acepten las mayorías", expresó la fuente.

Esos planteos se basarían en cláusulas previstas en bonos con jurisdicción en Londres y en antecedentes de intentos de aplicación de legislación sobre quiebras de privados en reestructuraciones de deuda pública, que han sido debatidas por académicos y autoridades económicas en los últimos años.

"Se trata de algo complejo e innovador. No se sabe cómo va a terminar pero no cuesta nada intentarlo. Y hay bases para intentarlo", dijo la fuente.

Las demandas en los tribunales internacionales han sido un dolor de cabeza para el gobierno argentino, ya que grupos de acreedores han hecho presentaciones en numerosas oportunidades buscando embargar distintos activos del país en el exterior.