El titular del Indec, Jorge Todesca, junto con el director Técnico del organismo, Fernando Cerro, serán los encargados de dar a conocer los nuevos guarismo en una conferencia de prensa prevista para las 16.
Buenos Aires. El organismo difundirá el miércoles la evolución registrada en mayo pasado en el Índice de Precios al Consumidor, con lo cual volverá a informar este indicador tras seis meses sin contar con un parámetro oficial en lo que respecta a la inflación.
El titular del Indec, Jorge Todesca, junto con el director Técnico del organismo, Fernando Cerro, serán los encargados de dar a conocer los nuevos guarismo en una conferencia de prensa prevista para las 16.
"No es un índice de emergencia, sino uno que asegura la calidad requerida", dijo Fernando Cerro, a comienzos de abril cuando reemplazo a Graciela Bevacqua, desplazada del organismo por diferencias en los tiempos y la forma de elaboración de las estadísticas de inflación.
El renovado índice de precios cubrirá la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense, lo que implica una representatividad del 44% del gasto de los argentinos.
El cálculo estará basado en la Encuesta de Gasto de Hogares (Engho) 2004 y 2005, ya que los técnicos de la Dirección de Precios no confían en la Engho que se realizó en 2013.
El IPC relevará además, según explicó Cerro, 520 variedades de productos y -lo más importante- volverán a difundirse los precios promedio. Estos habían sido dejado de informar por la intervención que a comienzos del 2007 impuso el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
Sin embargo, no habrá información sobre el "acumulado" en lo que va del año, o con respecto a mayo del año pasado, debido a que el primer cotejo será el de mayo contra abril pasado.
Según consultoras privadas, la inflación acumulada de los doce últimos meses ronda el 40%.
Con la difusión del Índice se dará otro paso para terminar con más de nueve años de manipulación de las estadísticas, hecho que se formalizó el 6 de febrero del 2007 con el Decreto 100 con el desplazamiento de la entonces Directora de Precios, Graciela Bevaqua e imponía a Beatriz Paglieri como interventora del Instituto.
En realidad, ese fue el punto máximo de un proceso que había comenzado un año antes, cuando la inflación trepaba por sobre la barrera del 10% anual y el Gobierno de Néstor Kirchner en lugar de atacar las causas de esa suba de precios, modificó la forma de medición.
Esta decisión de modificar los datos se extendería con el correr de los años, a la medición de la actividad Industrial, la Balanza Comercial, o la confección del Índice de Pobreza, el cual se dejó directamente de difundir a finales del 2013, y ahora se retomará en septiembre.
Pero en el 2006, y de la mano de la flamante ministra de Economía, Felisa Micelli, de la cual dependía formalmente el Indec, primero se modificó algunos componentes del IPC para reflejar una menor suba de precios, por ejemplo, sacando los gastos de salud de las prepagas y reemplazándolos por el sistema de copagos, en el que se pagaba un monto mínimo, y cada vez que se iba a hacer una consulta, y el cual nunca funcionó.
También ese 2006, ya con Roberto Lavagna fuera del Ministerio de Economía, Moreno buscó tener acceso a los datos protegidos por el secreto estadístico, para saber cuáles son los comercios que se relevan para hacer el Índice, y así "modificarlo" de raíz.
Pero en enero del 2007, año de elecciones presidenciales, la inflación ya trepaba al 2,1% en las primeras semanas, y el Gobierno dispuso la intervención del organismo y desplazar a quienes realizaban el trabajo.
Los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los encuestadores y así el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación de la Intervención.
En un primer momento, el Gobierno de Néstor Kirchner justificó la intervención del Indec como una forma de disminuir el peso de los bonos que se ajustaban por la inflación.
La justicia tomó cartas en el asunto a partir de una investigación del entonces Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien dictamino que hubo "grandes irregularidades". Su dictamen fue tomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral.
