El organismo se negará a recibir fondos públicos captados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en caso de que el Poder Ejecutivo promulgue la Ley de Presupuesto General de la Nación del ejercicio 2012.

Mediante una resolución de su colegiado, Nº 28/11, el Banco Central del Paraguay (BCP) sentó postura sobre la captación de los fondos públicos por parte del sistema, estableciendo procedimientos sobre la administración de dichos recursos, como primera medida para salvaguardar al sistema.

En la normativa, la banca matriz establece que las intermediarias, para captar depósitos de organismos y entidades del Estado, solo podrán hacerlo hasta 1,20% veces el patrimonio efectivo de cada una de las entidades, primer punto que dificultará al Fomento manejar todos los recursos del Estado. El BNF tiene un patrimonio efectivo cercano a US$113 millones (G. 500.000 millones), mientras que los recursos de los entes públicos en el sistema rondan US$1.500 millones.

Por otro lado, la resolución aprobada este miércoles establece que para recibir depósitos de organismos y entidades del Estado, las intermediarias deberán poseer una calificación de grado de inversión mínima de “BBBpy”, otorgada por las Sociedades Calificadoras de Riesgos. La presente resolución rige desde enero de 2012 y tendrá un plazo de adecuación para las intermediarias hasta mediados del próximo año.

Se negará a recibir fondos. El BCP se negará a recibir fondos públicos captados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) en caso de que el Poder Ejecutivo promulgue la Ley de Presupuesto General de la Nación del ejercicio 2012 así como salió del Congreso, dijo este miércoles Benigno López, miembro del Directorio de la institución monetaria.

Agregó que el artículo de la Ley de Presupuesto referente a los recursos públicos será de cumplimiento imposible, además de ser nocivo para el sistema.

Para el efecto, en el caso de que el presidente de la República, Fernando Lugo, no vete la normativa, la institución monetaria presentará ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad, a manera de ganar tiempo y aprobar una ley que garantice estabilidad, no como la planteada en el la ley del Presupuesto, como segundo paso, sostuvo finalmente el miembro del Directorio del Banco Central.