Desde 1993, los cambios a la Constitución prohibieron que el Banguat se convierta en prestamista del Estado.

En las últimas semanas, el gobierno de Otto Pérez Molina promociona 34 reformas formales a la Constitución, pero en el país crece el temor de que lleguen otras de último momento, como la habilitación del Banco de Guatemala (Banguat) como financiador del Estado.

Desde 1993, los cambios a la Constitución prohibieron que el Banguat se convierta en prestamista del Estado, una facultad de doble filo, debido a los efectos inflacionarios en la economía, según economistas consultados por el matutino guatemalteco Siglo XXI.

Actualmente, el déficit presupuestario se cubre con bonos colocados en el sistema privado, local o internacional, estos se convierten en tenedores de los títulos de deuda emitidos por el Gobierno.

Los opositores a los bonos sostienen que el sistema deja jugosas ganancias a los bancos privados.

Paulo de León, analista de Central American Business Intelligence (CABI), sostuvo que si se faculta al Banguat a otorgar financiamiento al Estado se dispararía la inflación.

La Constitución tal cual está es un mecanismo efectivo que también ha transparentado las políticas fiscal y de deuda pública, agregó.

Por su lado, El economista José Raúl González Merlo advirtió que los políticos siempre han tenido en la mira dos artículos de la Carta Magna: el 133, que regula que el Banguat no otorgue financiamiento directo al Estado; y el 423, que norma el principio de capacidad de pago del contribuyente y con esto se le protege de que el fisco no obligue al pago de múltiple tributación.

“Necesitamos un Gobierno que nos defienda de los criminales y una Constitución que nos defienda del Gobierno”, recordó González, parafraseando al economista estadounidense Ayn Rand.

Por su lado, el abogado constitucionalista Gabriel Orellana sostuvo que existen propuestas atractivas en el paquete de reformas, como la reducción del número de diputados, pero que abrir la Constitución a todas las reformas podría dar más problemas que beneficios.

“El procedimiento inspira desconfianza”, arremetió.

Al mismo tiempo, Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), expuso que hay muchos cambios que se pueden hacer por la modificación de leyes ordinarias, sin pasar por la Constitución.

También los presidentes de gremiales como Jorge Briz, de la Cámara de Comercio, y Andrés Castillo, del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se declararon en favor de adecuar leyes ordinarias.