Rafael Lara, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), sostiene que estas mayores facultades que pide el BCP son para garantizar el funcionamiento del sistema,.

Asunción. A pocos días del tratamiento de la actualización de la legislación bancaria, aún siguen las diferencias entre el Banco Central y los regulados sobre por lo menos cuatro artículos. El BCP habla de ciclos difíciles y que necesita flexibilidad para afrontarlos cuando ocurran. Los bancos reclaman porque creen que se otorgará una elevada discrecionalidad al BCP en su rol de regulador del sistema.

Rafael Lara, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), sostiene que estas mayores facultades que pide el BCP son para garantizar el funcionamiento del sistema, que no solo afecta a las personas directamente vinculadas al sector financiero sino también a toda la sociedad.

Dijo que los depósitos que financian las actividades del sector financiero son propiedad de terceros y eso hace que el BCP sea el responsable de velar por los recursos captados por las entidades financieras y asegurar que estos sean utilizados de manera racional y con la prudencia debida.

“El bien jurídico protegido es el conjunto de depósitos del público y la propia estabilidad del sistema financiero y de la economía paraguaya; de ahí surge la necesidad de que las actividades del sector sean reguladas y supervisadas con la mayor eficiencia y efectividad posible, con el objetivo de mitigar riesgos y de disminuir los costos sociales y económicos que puedan surgir de eventuales problemas en el sector”, afirmó.

Lara explicó que la Ley N° 861/96 de bancos, financieras y otras entidades de crédito fue concebida y elaborada para responder a una crisis del sistema financiero (1995, 1996…), causada, en parte, por la falta de una legislación lo suficientemente clara como para lidiar con el entonces reciente proceso de liberalización, iniciado a principios de los noventa.

No obstante, sostuvo que en los últimos años ese marco legal restrictivo se constituyó en una limitante para los avances del BCP en su labor supervisora y reglamentaria. “La ley actual es demasiado detallada y prescriptiva, establece límites y ponderaciones de riesgo que restringen las facultades de la matriz bancaria para responder oportunamente a los dinámicos cambios e innovaciones del sistema y a mitigar los riesgos derivados de estos cambios”, acotó.

El directivo del BCP justificó la buena coyuntura económica y calificó de apropiado el momento del sistema financiero para efectuar cambios de dicha naturaleza que ayudarán a una mayor y mejor expansión de la industria bancaria y fortalecerán el rol regulador y supervisor del BCP

“El sistema goza de estabilidad y solvencia y una propuesta de este tipo debe ser impulsada en forma ordenada, razonada y paulatina, y no por apremio de circunstancias y presiones típicas de una crisis financiera”, sostuvo Lara.

En cuanto a la previsibilidad y gradualidad que reclaman los regulados (bancos y financieras), Lara comentó que la actualización legal no implicará un cambio radical en las reglas de juego, la misma se implementará ante necesidades eventuales y siempre de manera gradual.

El regulador del sistema financiero pretende la potestad de cambiar las reglamentaciones conforme a la dinámica del mercado, sin necesidad de cambiar la legislación.

Se persigue que el regulador cuente con la facultad de fijar las ponderaciones de riesgo para mantener los estándares de solvencia del sistema bancario y requerir niveles de capital adicional que reflejen el perfil de riesgo de cada entidad bancaria.