En lo que va de la segunda mitad del año, en tanto, también se han aplicado algunas multas económicas de porte.

En marzo, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU) puso la sanción económica más dura en lo que va de 2015. Recayó en la administradora de fondos de inversión Latin Sur Administradora de Fondos de Inversión SA y ascendió a $1.509.000, de acuerdo a los reportes de sanciones aplicadas disponibles en su web.

La observación realizada para poner esta pena fue "deficiencias e incumplimientos en relación a las normas relativas a prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo". Le siguió en monto la aplicada a Scotiabank Uruguay SA (su sanción, puesta en mayo, fue por $1.002.658, por "incumplimientos constatados respecto de la normativa bancocentralista de lavado de activos y financiación del terrorismo").

En lo que va de la segunda mitad del año, en tanto, también se han aplicado algunas multas económicas de porte. En agosto se sancionó a Renmax Corredor de Bolsa SA por 300.000 UI ($ 947.220 al valor de la UI). Asimismo, en julio se había resuelto "intervenir preventivamente con suspensión de actividades y sustitución total de autoridades a Interbaltic Sociedad de Bolsa SA".

De acuerdo a la abogada asociada senior de Ferrere, Julie Rothschild, en los últimos años el BCU ha hecho hincapié en la prevención de este tipo de ilícitos, generando más normativa al respecto, "pero sobre todo también supervisando muchísimo más", dijo.

Este fenómeno de incremento en la regulación tiene su origen diez años atrás, explicó Rothschild, quien identificó a 2007 y 2008 como puntos de inflexión en ese terreno. Allí fue cuando las obligaciones de las instituciones en general comenzaron a aumentar, expresó.

La experta realizó un análisis de las sanciones más severas aplicadas por el BCU en los últimos tres años, haciendo foco en las superiores a $100.000.

El BCU tiene un abanico variado de sanciones para aplicar, que van desde la observación hasta la suspensión o el retiro de la licencia que permite operar. En el terreno de prevención de lavado, en el periodo relevado las sanciones más comunes fueron las multas, pero también se registraron dos suspensiones preventivas –una de ellas todavía en curso y la otra terminó en la justicia penal–, así como un retiro de la licencia para funcionar. Las tres entidades que fueron sancionadas en estos casos eran intermediarios de valores (quienes realizan, en forma profesional y habitual, operaciones de intermediación entre oferentes y demandantes de valores de oferta pública o privada).

De acuerdo al trabajo de Rothschild, los importes de las multas son más elevados a la hora de sancionar temas de prevención de lavado de activos, y además los montos han subido en 2015 respecto a años anteriores.

Además de sanciones por prevención de lavado, se han registrado sanciones por no solicitar autorización al BCU para transferir acciones, para realizar aportes de capital o para llevar a cabo determinado tipo de operación, entre otros. En estos casos, los montos de las sanciones son inferiores. El año pasado, por ejemplo, seis bancos de la plaza local fueron sancionados por no proporcionar información conforme al levantamiento del secreto bancario, y estas multas rondaron las 100.000 UI ($ 315.740).