Pese a las promesas del presidente liberal Mauricio Macri de acabar con la pobreza y reactivar una economía que se contraería 1,5% este año, los indicadores siguen siendo negativos tras un año de gestión en el que la apertura comercial solo logró atraer inversiones en cuentagotas.
Buenos Aires. Cada vez que hay tormenta, Valeria Vallejo y sus cuatro hijos tiemblan: el barrio pobre que habitan en los suburbios de Buenos Aires se inunda y su techo de chapa es presa fácil de vientos como los que destruyeron su casa hace seis años.
En medio de las prometedoras perspectivas para los proyectos inmobiliarios que apuntan a sectores de alto poder adquisitivo, los asentamientos precarios como el de Vallejo crecen en Argentina debido a la recesión económica y el alza de precios generada por el interés de inversores en los emprendimientos, lo que hace que las viviendas sean inalcanzables para los pobres.
Muchos de los 3 millones de argentinos que viven en estos asentamientos no tienen acceso al agua corriente, al servicio de gas ni a calles pavimentadas. Según datos oficiales, el 25% de la población -más de 10 millones de personas- tiene problemas de vivienda, una categoría que abarca desde temas de hacinamiento hasta materiales inadecuados de construcción.
"El barrio en los planos (del catastro) figura como un bañado (pantano). Nosotros no existimos para nadie", se quejó Vallejo en su vivienda de una sola habitación del barrio Doña Justa.
Pese a las promesas del presidente liberal Mauricio Macri de acabar con la pobreza y reactivar una economía que se contraería 1,5% este año, los indicadores siguen siendo negativos tras un año de gestión en el que la apertura comercial solo logró atraer inversiones en cuentagotas.
La pobreza llegó al 32,2% de la población en el segundo trimestre del año, según datos oficiales, contra el 29% registrado en diciembre pasado por la Universidad Católica Argentina (UCA), en gran parte por la alta inflación y la pérdida de empleo.
"Tenemos un fenómeno de nueva pobreza en Argentina (...) No hay gente que pueda acceder a la vivienda", explicó el ex viceministro de Desarrollo Social, el opositor Daniel Arroyo.
Debido a los saltos de la economía y la elevada inflación, el desarrollo del crédito hipotecario es bajo en Argentina y esta situación afecta aún más a los pobres, quienes muchas veces tienen trabajos informales que no les permite acceder al sistema bancario.
Aunque no proporcionó cifras, la ONG Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) detectó este año "una aceleración" de las usurpaciones de terrenos en los suburbios pobres de Buenos Aires y en ciudades como Córdoba y Resistencia.
El problema de la pobreza tiene particulares implicancias para Macri: con un Congreso dividido, aspira a ganar las elecciones legislativas del año próximo para afianzar sus cambios liberales. Una derrota complicaría el resto de su gestión.
En un intento por paliar la situación, el Gobierno anunció amplios proyectos de obra pública, incluyendo viviendas populares, pero hasta el momento solo se han activado parcialmente.
Con el primer presupuesto propio aprobado recientemente por el Congreso, el Gobierno promete mejoras.
"El presupuesto del 2017 multiplica por 19 veces el dinero que el Estado va a invertir en la urbanización de asentamientos y villas (...) Además, buscamos generar herramientas de crédito", dijo el subsecretario de Vivienda, Iván Kerr.
Proyectos con futuro. La actividad inmobiliaria del país vive un auge. En la ciudad de Buenos Aires, la venta de propiedades creció en un 43,9 por ciento en agosto frente al mismo mes del año pasado, por un valor promedio de casi US$140.000, gracias a la liberación del mercado del dólar -con el que se compra la mayoría de los inmuebles en el país- dispuesta por Macri.
El valor del metro cuadrado subió hasta un 12,5% en dólares en agosto, respecto a igual mes del año pasado, según datos de Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
Como resultado de la apertura de la economía que impulsó el presidente al asumir en diciembre tras 12 años de fuertes regulaciones, los inversores han mostrado un amplio interés en el país, sobre todo con la implementación por parte del Gobierno de una amnistía fiscal para repatriar capitales que favorece la inversión en inmuebles.
La firma TGLT, que recientemente inició los trámites para cotizar en la bolsa de Nueva York, dijo que espera una aceleración de las inversiones a partir de la amnistía fiscal.
Eduardo Costantini, el director ejecutivo de Consultatio -uno de los principales grupos del sector-, dijo a Reuters que su firma busca concretar a partir del año próximo proyectos inmobiliarios en los cotizados barrios de Palermo, Belgrano y Retiro, en la ciudad de Buenos Aires.
Pero advirtió que "las clases medias no tienen chance de comprar propiedades por el momento, porque no hay facilidades con los créditos de largo plazo".
La situación podría haber contribuido al crecimiento de la brecha entre ricos y pobres durante el último año.
Según el organismo no gubernamental TECHO, la población en asentamientos precarios de Argentina ha crecido al menos un 11% desde el 2013, cuando gobernaba el país la peronista Cristina Fernández de Kirchner, por falta de políticas públicas y los altos precios de las propiedades.
El mercado inmobiliario "tiene un altísimo porcentaje de actores que operan de manera especulativa, incrementando los precios del suelo, que están completamente separados del salario medio", afirmó el arquitecto Eduardo Reese, de la ONG CELS.
