El gabinete ministerial aprobó este decreto supremo 1883 para indemnizar a los productores cuyos cultivos resulten dañados por las intensas precipitaciones pluviales que afectan al país.

La Paz. El gobierno de Bolivia anunció este miércoles el desembolso de US$3,5 millones para los productores agrícolas damnificados por las intensas lluvias de los últimos meses.

En conferencia de prensa, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, informó que el único artículo de este decreto autoriza al Ministerio de Economía "transferir mediante recursos del Tesoro General de la Nación al Instituto de Seguro Agrario (Insa) un monto de hasta US$3,5 millones".

El gabinete ministerial aprobó este decreto supremo 1883 para indemnizar a los productores cuyos cultivos resulten dañados por las intensas precipitaciones pluviales que afectan al país.

De acuerdo con la información del Ministerio de Desarrollo Rural, de 107 municipios que tiene registrados el Insa, al menos 57 fueron seriamente afectadas por las lluvias en las últimas semanas.

El informe precisa que en Cochabamba (centro) son 13 los municipios afectados, en La Paz (oeste) 20, en Oruro (oeste) cinco y en Potosí (sudoeste) 19. Además informó que hasta este miércoles se reportaron siniestros en 73 municipios.

"El decreto 1883 sirve para que rápidamente el equipo técnico del Ministerio pueda desplazarse hasta estos municipios y hacer una evaluación rápida para posteriormente hacer un indemnización", explicó Achacollo.

Por primera vez en la historia democrática de Bolivia, los campesinos pobres de 63 municipios deprimidos se favorecen con un seguro agrícola gratuito en 2013, asumido por el Estado y para el próximo año se prevé ampliar a los beneficiados.

Para la segunda etapa, el Estado amplió con el pago, a fondo perdido, a 115 municipios situados en las zonas con mayores niveles de extrema pobreza, la mayor parte de las cuales está ubicada en el altiplano, según información oficial.

El objetivo de este emprendimiento estatal tiene por objetivo principal de incentivar, asegurar la producción y evitar que los afectados se queden más pobres cuando sus sembradíos sean afectados por las inclemencias del tiempo.

El proyecto social entró en vigencia en junio de 2012 con el proceso de registro agrícola en comunidades campesinas, un trabajo de campo que permitió inscribir 91.226 hectáreas de cultivo de 57.410 agricultores distribuidos en 63 municipios considerados como los más pobres del país, es decir casi a dos hectáreas por productor.

Pero se comenzó a pagar en 2013. La cuota o prima del seguro es el pago que tiene que tiene que efectuar el asegurado, en este caso el campesino productor, a la empresa aseguradora para que ésta le conceda la cobertura de riesgo. En este caso el costo de la prima lo asume el Estado.