Desde la llegada al poder de Evo Morales en 2006, el Gobierno de Bolivia ha nacionalizado más de 20 empresas.

Bolivia es el país que más nacionalizaciones ha llevado a cabo los últimos años pero es, a la vez, el que menos juicios de arbitraje afronta por esas medidas, afirmó el procurador general de Estado, Héctor Arce.

Arce dijo en una conferencia de prensa que expondrá esa situación de Bolivia en la reunión de ministros de Energía e Hidrocarburos de varios países del G77 que se celebrará entre hoy y mañana en la ciudad boliviana de Tarija (sur).

Desde la llegada al poder de Evo Morales en 2006, el Gobierno de Bolivia ha nacionalizado más de 20 empresas en los sectores de hidrocarburos, electricidad, minería y telecomunicaciones, pero también ha negociado varios acuerdos para indemnizar a los inversores extranjeros afectados por las expropiaciones.

El funcionario enfatizó que existen algunos procesos y solo un laudo arbitral dictado contra Bolivia por una demanda de la británica Rurelec debido a la expropiación en 2010 de sus acciones en la generadora de electricidad Guaracachi, pero que ya fue solucionado.

En ese caso, el acuerdo consistió en pagar US$31,5 millones a Rurelec, pese a que su petición inicial era de US$142 millones, según el Gobierno boliviano.

Arce, que es el responsable de buscar acuerdos con los inversores extranjeros que sufrieron las expropiaciones, indicó que Bolivia es el país que de mejor manera está recuperando el control sobre sus recursos naturales y de los sectores económicos.

Según el procurador, gracias a esas medidas de nacionalización, Bolivia ha dejado atrás la inestabilidad económica que, a su vez, provocaba inestabilidad social y política.

Subrayó que la política nacional consiste en decidir nacionalizaciones por razones de interés público y en pagar indemnizaciones "justas y correctas", pero si las empresas extranjeras actuaron mal o estafaron al país no deben ser, a su juicio, indemnizadas.

Asimismo, la forma en que Bolivia ha tratado el tema de las nacionalizaciones "permite despejar los fantasmas" de posibles sanciones externas contra naciones que hicieron expropiaciones, concluyó el procurador boliviano.