Los incentivos generales serán propuestos por los ministerios cabeza de sector, que adjuntarán un estudio de identificación de oportunidades y resultados esperados en la economía.

Con la futura Ley de Promoción de Inversiones se darán al menos siete incentivos a inversiones destinadas principalmente a proyectos para industrializar los recursos naturales y al cambio de la matriz productiva. El anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones autoriza al Estado otorgar “incentivos generales” para aquellas inversiones que se destinen a proyectos contemplados en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) e “incentivos específicos” para los orientados a proyectos de inversión preferente.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, dijo que un incentivo general será la exención arancelaria y en el caso de los específicos se darán estímulos como la estabilidad tributaria, la reprogramación de impuestos, la modificación de tasas, el no pago de impuestos de inmuebles, el precio diferenciado para acceder al gas o una tarifa diferenciada para “otros elementos”.

Explicó que los incentivos generales serán propuestos a esa cartera de Estado por los ministerios cabeza de sector, que adjuntarán un estudio de identificación de oportunidades y resultados esperados en la economía. La cartera hará el análisis y recomendará la aplicación o no del incentivo.

En ese marco, Viviana Caro citó como ejemplo que un ministerio puede plantear aplicar un incentivo al sector manufacturero, como “una exención arancelaria en una y otra actividad, porque tiene un impacto y tiene resultados en la economía”.

Los incentivos específicos serán planteados por los ministerios cabeza de sector, agregando el proyecto del inversionista, su evaluación sobre el proyecto y su opinión sobre la vinculación con las inversiones preferentes. El ministerio analizará el proyecto y si es calificado como preferente se aplicará un incentivo específico.

Las inversiones preferentes son aquellas que en el marco del PDES se dediquen a proyectos orientados al cumplimiento de las metas de “industrialización de los recursos naturales y al cambio de matriz productiva, asociados a la transferencia tecnológica y a la generación de empleo”.

Impulso. La Ministra de Planificación explicó que las inversiones preferentes son las que más le “interesan al Estado” porque están vinculadas al desarrollo en las áreas de “hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, actividades productivas no tradicionales que generen valor agregado y actividades que generen polos de desarrollo”.

Caro aclaró que con la norma “no se está restringiendo ningún tipo de inversión”, sino que se está puntualizando que las inversiones preferentes son “estratégicas” e “importantes” para el Estado. Por ello, dijo que se evaluará el proyecto, las metas de inversión y los resultados que se prevé esperar de ese emprendimiento.

Sobre la base de ese análisis, la autoridad aseguró que el Gobierno aplicará incentivos a las inversiones preferentes como: “la estabilidad tributaria, la reprogramación de impuestos, la modificación de tasas, el no pago de impuestos de inmuebles”.

Añadió que otros incentivos que se darán a las inversiones preferentes son un precio diferenciado para el acceso a gas natural o una tarifa diferenciada para “algún elemento”. Apuntó que dichos incentivos serán parte de un “contrato social” en el cual “los inversionistas se comprometen a cumplir ciertos resultados y nosotros nos comprometemos a darles este tratamiento preferente”.

La norma ordena que la “rentabilidad de las propuestas de proyectos de inversión preferente no esté condicionada a los incentivos” otorgados. “Este es un principio básico de un desarrollo sostenible, queremos que los proyectos sean rentables y que no estén dependiendo” de un incentivo. La norma dispone también que el ministerio recomendará suspender o cancelar los incentivos generales si no cumplen con las metas por las que se otorgaron y de la misma forma se hará con los específicos si no cumplen con la inversión comprometida.

Vigencia de incentivos

Temporal

Los incentivos a las inversiones tendrán una vigencia temporal de 1 a 20 años, dependiendo de la actividad y el tiempo de recuperación de la inversión.

Estado registrará inversión privada y estatal

La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, informó ayer que se registrará la inversión privada y estatal en el Registro de Comercio de Bolivia con el fin de “tener mayor información de los proyectos que (se) llevan adelante” en el país. El Código de Comercio establece que el Registro de Comercio de Bolivia es el órgano del Estado Plurinacional que otorga personalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho a las sociedades comerciales.

La ministra explicó que en la actualidad dicho registro inscribe a todas las sociedades comerciales y empresas unipersonales que operan en todo el país, sus actos comerciales, sus accionistas, el cambio de capital, pero “no registra sus inversiones”.

Por ello, dijo que en el marco de un “trato igualitario” se registrará la inversión privada, estatal y extranjera en distintas entidades “para que podamos tener una suma completa de lo que son las inversiones”. “La inversión tiene que registrarse y éste es un elemento nuevo y —créanme— que (el sector) que ha sido más afectado es el sector nacional, que el extranjero”.

El anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones dispone que la inversión extranjera realizada en el país se registrará en el Banco Central de Bolivia en “formatos específicos que garanticen la captura de información referida a los aportes y modalidades de inversiones establecidas”. El ente emisor otorgará un certificado de ingreso de aportes para invertir en el Estado.

Caro explicó que en todos los países de la región se hace un registro de la inversión extranjera y que esto forma parte de una “política de transparencia”. “Hemos tenido varios casos en los que hubo empresas fraudulentas en el país, nacionales y extranjeras, que perjudicaron a varias personas”.