“Si algún empresario va a insistir en el chantaje de querer cerrar su empresa o realizar despidos (por causa del incremento salarial) aplicaremos el Artículo 54 de la Constitución”, advirtió este jueves el ministro de Trabajo, Félix Rojas.
Ante el anuncio de los empresarios de posibles despidos y cierre de empresas por causa del incremento salarial, el gobierno afirmó que no permitirá ese tipo de “chantajes” y anunció que iniciará una fiscalización directa para el cumplimiento del mandato salarial por parte de las empresas.
Este miércoles, el Órgano Ejecutivo determinó vía decreto que la base de negociación para el alza salarial en el sector privado es del 10% y estableció el mínimo nacional en Bs 815,40. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, indicó que la medida provocará “una presión hacia los despidos”.
“Si algún empresario va a insistir en el chantaje de querer cerrar su empresa o realizar despidos (por causa del incremento) aplicaremos el Artículo 54 de la Constitución”, advirtió este jueves el ministro de Trabajo, Félix Rojas.
Dicho artículo señala que los trabajadores podrán —en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social— reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, liquidación, cierre o abandonadas de forma injustificada y que podrán conformar empresas comunitarias y sociales con apoyo del Estado.
“De acuerdo con los datos que hemos recibido del ministerio de Economía y Finanzas, la economía en el país en el ámbito privado no se ha visto afectada (...). Los empresarios están ganando”, manifestó Rojas.
Ante esta situación, el ministerio de Trabajo fiscalizará el cumplimiento del incremento a través de las planillas de pago que exigirá a las firmas privadas y una participación directa en las negociaciones obrero-patronales. Las empresas tienen tres meses para presentar sus descargos salariales.
“Ningún trabajador, dirigente o empresario va a negociar solo, sino con la presencia de los delegados del Ministerio de Trabajo. Nosotros vamos a fiscalizar esas negociaciones; los trabajadores no serán obligados a renunciar a algunos derechos para que los empleadores les otorguen otros”.
Tras dos semanas de negociaciones, el Ejecutivo decretó sorpresivamente un incremento del 20% en el salario mínimo nacional y del 10% en los sueldos para la Policía, Fuerzas Armadas, magisterio y trabajadores en salud.
“Estamos enviando una carta a la COB respondiendo por escrito a sus demandas relacionadas con la canasta familiar, la reactivación del aparato productivo y la abrogación del decreto 21060”, sostuvo Rojas, aunque evitó adelantar el contenido de la carta.
De su parte, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, aseguró que el aumento salarial del 10% para el magisterio es en la práctica mucho mayor. “El 10% para los maestros significa una reposición del nivel salarial y lo segundo también por los efectos colaterales en el tema del escalafón y los otros aspectos que son particulares del sector”.
‘Incremento no causará inflación’. El ministro de Trabajo, Félix Rojas, afirmó que los porcentajes aprobados relacionados con el incremento salarial “no ocasionarán la elevación de precios” de los productos de primera necesidad en el mercado interno y, por lo tanto, “no ocasionarán un proceso inflacionario”, las cuales “son producto del agio y la especulación”.
Base salarial beneficiará a sueldos bajos. El incremento aprobado por el Gobierno establece una base salarial inversamente proporcional del 10% para el sector privado que favorece a los empleados con menores ingresos.
El término inversamente proporcional implica que aquellos empleados del sector privado que tengan los “más bajos ingresos” podrán recibir —de acuerdo a la negociación obrero-patronal— un incremento superior al 10% y los que perciban los “sueldos más altos” tendrán incrementos más bajos, de tal manera que todos los trabajadores tengan en promedio un incremento del 10%, explicó al dictarse el alza salarial del 2010 el ministro de Economía, Luis Arce. En Bolivia, la población económicamente activa es de 4,3 millones.
‘Es una medida unilateral’. La Conferederación de Empresarios Privados (CEPB) calificó ayer como una “medida unilateral” la decisión tomada por el Gobierno de incrementar el salario mínimo nacional en 20% y determinar que la base de negociación para el alza salarial en el sector privado sea del 10%.
Asimismo, advirtió que la magnitud del incremento salarial “puede repercutir sobre el Índice de Precios al Consumidor y acentuar las presiones inflacionarias, lo cual previsiblemente tendrá el efecto de neutralizar la mejora salarial que se persigue”. El pronunciamiento de la patronal boliviana también hace hincapié en la necesidad de que la negociación entre empleadores y empleados sea “en las condiciones y posibilidades en cada uno de los sectores y en cada una de las empresas”.
“Los empresarios buscaremos compatibilizar el logro de una mejora salarial efectiva con la salud económica de las unidades empresariales y la preservación de los puestos de trabajo”, señala.
COB pide abrogar decreto. La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó ayer en un ampliado de emergencia el incremento salarial del 10% y pidió la abrogación del decreto 0809. Asimismo, se determinó que las organizaciones afiliadas a la COB “bajen a sus bases” para preparar las medidas que se asumirán en el ampliado nacional del 15 de marzo, a realizarse en la ciudad de La Paz.
Así lo hizo conocer anoche a La Razón el secretario de Finanzas y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la COB, Ramiro Condori. “Todos (los sectores) están molestos por la traición que han hecho los ministros Wálter Delgadillo, José Pimentel y Félix Rojas, que antes eran dirigentes de la COB”, señaló el sindicalista.
A decir de Condori, estos ministros no sólo le han mentido a la dirigencia cobista, sino al propio presidente Evo Morales. “Por eso nosotros hemos decidido tomar estas medidas de hecho”, concluyó el dirigente.
