El artículo anulado del proyecto de ley establecía garantías jurídicas a las inversiones empresariales en el país a partir de la norma. Pero indicaba que el Estado procedería con la nacionalización solo “por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”.
La Paz. La Ley de Promoción de Inversiones fue aprobada este martes en su estación en detalle en la Cámara de Diputados. De la redacción original fue eliminado, a petición de la bancada del MAS, el artículo 27 referido a las nacionalizaciones de empresas.
El artículo anulado del proyecto de ley establecía garantías jurídicas a las inversiones empresariales en el país a partir de la norma. Pero indicaba que el Estado procedería con la nacionalización solo “por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”.
La solicitud de la bancada del MAS se fundamentó en que no “era necesario considerarlo porque ya estaba establecido en la Constitución Política del Estado”, manifestó durante su participación la jefa de bancada del partido gobernante, Flora Aguilar.
Esta posición fue cuestionada por la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, quien se opuso a la exclusión del artículo debido a que con esta decisión “se eliminaría la seguridad jurídica a las inversiones privadas”.
Sin embargo en la votación, más de dos tercios del pleno de diputados votaron por la exclusión del mencionado artículo.
La Ley de Promoción de Inversiones tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico del país a través de un marco jurídico; esta normativa abrogará la Ley de Privatización de 1992 y de Capitalización de 1994.
La norma fue proyectada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Por eso, la semana pasada la ministra Viviana Caro informó que en aquélla se incluyeron las sugerencias que presentaron sectores como el de los empresarios privados. Además, para la redacción, una comisión de legisladores, incluido el ministerio, sostuvo reuniones con representantes diplomáticos de otros países.
Nueva ley de inversiones. Abrogación. La normativa abroga las leyes de Privatización de 1992 y de Capitalización de 1994. Tras su aprobación en Diputados fue remitida a la Cámara Alta.
