"No creo que Argentina esté en un 'default' (cese de pagos), pues está pagando su deuda", dijo Guido Mantega.
Brasilia. El ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, declaró que Argentina no ha entrado en una situación de cese de pagos pues "está cancelando su deuda", y afirmó que aún hay margen para negociaciones e impedir llegar a ese límite.
"No creo que Argentina esté en un 'default' (cese de pagos), pues está pagando su deuda. Le ha depositado a sus acreedores, le pagó al Club de París, pero enfrenta una situación 'sui generis', que es excepcional, pues quien le impide pagar es un juez estadounidense", declaró Mantega.
Pese al fracaso de las negociaciones con los fondos especulativos que litigaron en tribunales estadounidenses, el ministro brasileño dijo que las discusiones "deberán proseguir" y consideró que "hay otras soluciones, como que bancos privados compren los títulos de los (denominados por Argentina) fondos buitres".
Según Mantega, los propios fondos especulativos deberían aceptar algún tipo de salida, pues "están jugando a todo o nada" y "también para ellos vale la pena una negociación".
El ministro brasileño apuntó que, en su opinión, los mercados financieros mantendrán una actitud de "cautela", por lo que no prevé "consecuencias mayores a corto plazo" para la economía argentina, si bien admitió que en caso de "caracterizarse realmente la cesación de pagos, el impacto pudiera ser mayor".
Sobre Brasil, que tiene en Argentina a su tercer mayor socio comercial, después de China y Estados Unidos, Mantega afirmó que la crisis de deuda del país vecino "no tiene un impacto directo en este momento".
En opinión del ministro brasileño, la consecuencia más grave de la situación que enfrenta Argentina en el plano internacional es que "afectará la cuestión de las futuras reestructuraciones de deuda que se hagan en el mundo", pues se puede generar una crisis de confianza en los mercados.
El Gobierno brasileño ha respaldado desde el primer momento a Argentina en el litigio con los fondos especulativos y la jefa de Estado, Dilma Rousseff, se ha comprometido a denunciar el caso en la próxima Cumbre del G20, que se celebrará en noviembre próximo en Australia.