Los cambios reducirían el plazo promedio de la protección por bancarrota a dos años, comparado con los actuales siete a ocho años, señaló el ministro en una entrevista publicada el martes por el periódico O Estado de S.Paulo.
El gobierno de Brasil planea cambiar la ley de bancarrota para ayudar a las firmas endeudadas a salir más rápidamente del plazo de protección de acreedores, dijo el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, a un diario local.
Los cambios reducirían el plazo promedio de la protección por bancarrota a dos años, comparado con los actuales siete a ocho años, señaló el ministro en una entrevista publicada el martes por el periódico O Estado de S.Paulo.
Banqueros y legisladores prevén que los pedidos de declaración de bancarrota alcancen un récord en 2017, dado que la menor disponibilidad de crédito y la acuciante recesión obligan a cada vez más compañías brasileñas a buscar protección de los acreedores.
El proyecto de ley, que será presentado al Congreso en junio, facilitaría a las empresas bajo protección crediticia mantener sus operaciones y tomar fondos prestados, según el reporte. También garantizaría a los acreedores mayor poder en las negociaciones, agregó Meirelles, sin dar más detalles.
Esta es la más reciente de una serie de reformas económicas propuestas por el Gobierno del presidente Michel Temer para sacar a la principal economía de Latinoamérica de su peor recesión en décadas y asegurar un crecimiento sostenido tras la salida de la crisis.
Junto con los planes en marcha para reestructurar el sistema de pensiones, las leyes de reforma laboral y otros esfuerzos, estos cambios permitirían que el producto interno bruto (PIB) de Brasil se expanda a un ritmo anual de 3,5% a 4% sin acelerar la inflación, dijo Meirelles.
Actualmente, el llamado crecimiento potencial se ubica entre 2 y 2,25%, añadió el ministro.
Representantes de prensa del Ministerio de Hacienda no estaban inmediatamente disponibles para comentar sobre el reporte.
Importantes firmas, como el operador de telecomunicaciones Oi SA y la constructora PDG Realty SA, se han visto involucradas en arduas renegociaciones de deuda tras pedir protección de sus acreedores tras el fin de los años de crecimiento económico sólido en Brasil.
