El jefe de Gabinete insistió en que el país mantiene su posición de propiciar un diálogo frente a la demanda de los fondos buitre, "que permita condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los acreedores".

Jorge Capitanich ratificó asimismo este martes, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, que el país "ha sido coherente en forma sistemática en las presentaciones ante el juez neoyorquino Thomas Griesa", y volvió a rechazar la posibilidad de un "default técnico".

"Se han depositado los recursos de capital e intereses para los bonistas de los canjes de 2005 y 2010; la Argentina paga y cumple con sus obligaciones", y el juez "tiene que resolver las asignaciones de recursos para que les llegue a las cuentas correspondientes de cada acreedor", remarcó Capitanich.

Capitanich rescató luego las declaraciones formuladas por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien dijo al diario brasileño "O Globo" que el país no incurre en default.

El jefe de Gabinete reiteró que la Argentina pide la suspensión de la orden de ejecución de la sentencia del juez Griesa para que no se aplique la cláusula Rufo, de acreedor más favorecido.

Las implicancias de esa cláusula, agregó, serían "de entre 120 mil y 500 mil millones de dólares, por eventuales juicios contra la Argentina, y a la vez implicarían perjuicios notorios a los funcionarios responsables, desde la Presidenta a sus ministros".

"Si los buitres dicen que la Rufo no aplica, ¿por qué no pagan un seguro, que sería de costo irrisorio, y así tendríamos al cobertura legal frente a las implicancias sistémicas?", preguntó Capitanich.

Destacó por último que la Argentina "actúa con buena fe y para resolver estructuralmente el problema, protegiendo al 92,4% de los acreedores que se adhirieron al canje y en condiciones para resolver el resto".