Colombia podría seguir el ejemplo de Brasil: redujo la pobreza de 35% en 1995, a un 19% en 2012 con la caída de los precios de alimentos, y lo logró haciendo uso de la investigación y la explotación eficaz de los suelos.

El informe oficial del DANE sobre la evolución de la pobreza en Colombia, de finales de marzo pasado, presenta el panorama del año 2013 y la tendencia decreciente que se viene dando desde 2002. Señala que en el ámbito nacional el porcentaje de la población que se califica como pobre fue de 30,6% en 2013, mientras que en 2002 ascendió al 49,7%, prácticamente la mitad de la población.

El debate sobre las metodologías que se proponen por los estudiosos mundiales del tema para estimar este porcentaje es extenso y empieza por la falta de consenso sobre la misma definición de lo que se quiere medir, es decir, en qué consiste la pobreza. ¿Es una apreciación personal relativa a los patrones de consumo y bienestar del entorno social en que nos movemos o la falta de ingreso para comprar la comida?

A pesar de las dificultades metodológicas, la medición del problema la adelanta el DANE haciendo uso de criterios y técnicas “comúnmente aceptadas por la comunidad internacional”, lo que les da a los resultados una buena dosis de credibilidad, particularmente a las tendencias, más que a los valores absolutos (como sucede en la determinación del monto en pesos de ingreso mensual que define la línea de pobreza).

Para establecer el porcentaje de la población que es pobre se parte de lo que se denomina “línea de indigencia” (o pobreza extrema). Esta línea se construye con base en los requerimientos nutricionales (calorías, proteínas y otros nutrientes) que un ser humano demanda para poder sobrevivir, tomando como referencias los criterios de organizaciones como la FAO, ICBF y OMS. Estas exigencias se definen por edad, sexo o actividad, y deben ser aportadas por una canasta de alimentos que satisface los hábitos de los hogares que los consumen; y luego se valora el costo asociado con la exigencia nutricional. El costo de esa canasta de alimentos determina la “línea de indigencia”. El valor mensual per cápita promedio nacional fue de $91.698, o de $367.000 para una familia promedio en 2013. En esa línea no se tiene en cuenta ninguna otra clase de gasto.

Para determinar la “línea de pobreza”, el valor de la canasta de alimentos antes definida se multiplica por la relación entre el consumo total y el consumo de alimentos. Para 2013, el valor per cápita de la “línea de pobreza” se estimó en $206.091, cerca de $825.000 por familia. El valor de la línea suma el costo de los alimentos con los otros gastos. El 30,6% de la población total, es decir, 14,5 millones de personas, tuvieron ingresos inferiores a $206.091, por lo tanto, se denominan pobres.

De otra parte, en 2013 y de acuerdo con el DANE, el 19,1% de la población rural (2,1 millones de personas) tiene un ingreso per cápita por debajo de la “línea de indigencia”. Ese porcentaje en las cabeceras municipales es del 6,0% (cerca de 2,3 millones). Entonces, en Colombia, unos 4,5 millones tienen ingresos inferiores a los que requieren para pagar por los alimentos que les permitan sobrevivir.

Posibles alternativas solucionan este problema de pobreza e indigencia en el corto plazo: crecimientos del PIB anual superiores al 5%, aumentar los subsidios y donaciones a la población vulnerable, y reducir el precio relativo de los alimentos con relación al de otros bienes y servicios aumentando la productividad del sector agropecuario (al reducir el precio de la canasta alimenticia se libera ingreso para otros usos y, por lo tanto, disminuye el índice de pobreza e indigencia).

La primera opción está limitada por nuestro PIB potencial. Con el stock de capital, con la calidad del capital humano y la productividad de nuestra economía, crecimientos superiores al 4,5% se acompañarían de presiones inflacionarias en detrimento de los más pobres y déficit en la cuenta corriente no sostenibles. La segunda, proliferación de los subsidios, tiene límites impuestos por el déficit de las finanzas públicas y la sostenibilidad de la deuda pública.
Queda entonces el aumento de la productividad agropecuaria. La reducción de precios de los alimentos, si no está acompañada de aumento de la productividad, genera los paros agrarios que se vivieron el año pasado y que se buscaron solucionar con medidas que elevan el precio de venta de la comida, por ende, aumentan el número de indigentes.

La productividad del sector agropecuario es bajísima: según el DANE, el PIB agropecuario ascendió en 2013 a $39,5 billones y demandó el empleo de 3,5 millones de trabajadores, es decir, el PIB generado por un trabajador rural fue de $11,2 millones en el año. Como este PIB por trabajador se reparte entre dueño del capital (tierra, maquinaria, etc.); algo toma el Gobierno con el pago de impuesto y otras cargas tributarias, y con la remuneración al trabajador, no es sorprendente que el ingreso de este último sea reducidísimo y explique por qué la pobreza en el campo castiga al 42,8% de su población.

¿Qué hacer? Brasil disminuyó su pobreza, de 35% en 1995 a un 19% en 2012, no solamente con subsidios; buscó la caída de los precios de alimentos y la logró haciendo usos de la investigación y la explotación eficaz de los suelos. Según Embrapa (Empresa Brasileña de Pesquisas Agropecuarias), los aumentos en productividad agrícola observados en los años 80 y 90 en ese país son extraordinarios: de 1,3 toneladas por hectárea en 1975 a 2,7 en 2003. En soya de 1,7 toneladas por hectárea se pasó a 2,7 (hoy es el segundo exportador mundial), lo que indirectamente ayudó a que los precios de la leche, la carne y el pollo se rebajaron en términos reales significativamente. El índice de costo de la canasta básica de alimentos se redujo de 1 a 0,35.

En Colombia la canasta de alimentos de los ingresos bajos absorbe el altísimo 34,5% de su ingreso. Imaginémonos que el precio de los alimentos se redujera a la mitad; resultado: menos pobres y pocos indigentes. Entonces apliquemos la receta brasileña (a granos, aceite, leche, carne, etc.) en nuestra altillanura, que tiene 13 millones de hectáreas, pero sólo unas 200.000 están aprovechadas y podrían ser aptas 3,5 millones. De utilizarse estas últimas, duplicaríamos el área que actualmente ocupa la actividad agropecuaria.

Se sabe que, por la calidad del suelo, la utilización de altillanura requiere manejo empresarial de grandes extensiones, mucho capital nacional y extranjero, alta tecnología soportada en investigación y desarrollo de procesos para aumentar la productividad. Pero esto no avanza sin una acertada reglamentación que consulte la evolución de los mercados globales de alimentos y garantice la seguridad jurídica y personal de inversionistas que convivan en el área con los campesinos tradicionales aprovechando nuestras ventajas comparativas. Veinte años de vigencia de la Ley 160 de 1994, llena de buenas intenciones, se traducen en que la mitad de la población del campo es pobre y que el ICA sea un fortín político y no técnico.

Los negociadores de la paz de La Habana, ¿por fin aceptarán que para reducir la pobreza se requiere que los alimentos sean baratos y que hay que explotar eficientemente la altillanura?