Un informe del Departamento Nacional de Planeación y la Secretaría de Transparencia tiene en la mira de las autoridades 382 proyectos en los que estarían comprometidos por lo menos US$1.150 millones. Los casos más graves se encuentran en Magdalena, Córdoba y Casanare.

Bogotá. En septiembre del año pasado, el Congreso aprobó que el monto de las regalía para 2017 y 2018 sería de $14,5 billones (US$5.055 millones). Según lo decretado, la Costa Caribe será la más beneficiada por este dinero. Sin embargo, la atención de las autoridades ya está puesta en esta zona del país por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en años anteriores, precisamente con el manejo de las regalías. 

Según un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, publicado por Caracol Radio, en la mira de las autoridades están 382 proyectos financiados con este dinero en los que estarían comprometidos por lo menos $3,3 billones (US$1.150 millones), una cifra que tiene como cierre el 30 de junio del año pasado, y que están en un estado “crítico de ejecución”. 

Los números recopilados por el DNP y la Secretaría de Transparencia, muestran que los casos más graves están en Magdalena, con un proyecto para el mejoramiento de la vía Salamina (Guáimaro) -Remolino - Sitionuevo (Palermo) por $466.000 millones (US$162 millones); en Córdoba, en donde seis obras están en grave estado por $95.000 millones (US$33,1 millones); y en Casanare, lugar en el que se reportaron dos construcciones en situación crítica por $84.000 millones (US$29,2 millones). 

De acuerdo con los detalles de la investigación, el proyecto que más tiene problemas en el Magdalena empezó en 2014 y tiene un avance de solo el 48%. “A la fecha no se ha definido el trazado, longitud y costo real de la vía, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de la meta y el alcance del proyecto”, dice el informe, que además señala que durante el proceso de licitación, que ganó el consorcio Ribera Este, se habrían presentado irregularidades.

Por otra parte, en varios de los casos reportados en Córdoba también son preocupantes. Uno de los más graves es el proyecto en el que la Corporación Áreas Naturales Protegidas pretender generar conocimiento relacionado con los efectos e impactos ambientales y socioeconómicos que generaría un corredor agroecológico en la cuenca del rio Sinú. Este trabajo se avaluó en más de  $51.000 millones (US$17,7 millones) y hasta ahora solo tiene el 41% de avance.

“No es clara la gestión de los convinientes, la ejecución de los recursos desembolsados y la idoneidad de las fundaciones; por lo cual la entidad ejecutora le está adelantando actuaciones administrativas y jurídicas por incumplimiento”, explica el DNP y la Secretaria de Transparencia.

Asímismo, otro de los casos preocupantes en Córdoba es el de un proyecto para mejorar la producción de carne para competir con otros países en el TLC, en manos de la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal.

Se trata de un contrato de $17.000 millones (US$5,9 millones) en el que hay un avance del 72% pero solo se han beneficiado 70 personas de las 500 que se esperaban y, por las demoras, ya es “insuficiente para cumplir el alcance del proyecto”.

La falta de avance en estos proyectos también se evidencia en construcciones de viviendas de interés social en el Tolima, bajo la dirección de la Sociedad Tolimense de Ingenieros, y de casas para población desplazada en Caquetá, con Ferretería La Escuadra Ltda como contratista, así como en la construcción de una unidad de Urgencias en el Hospital Universitario de Santander, en manos del  consorcio ESEHUS Urgencias.

El informe es claro en señalar que en estos problemas también está claro que la ausencia de los interventores también les preocupa a las autoridades pues en 272 proyectos existe una deficiencia en la labor de las interventorías.

Los hallazgos del informe de la DNP y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia van a ser puestos en conocimiento de las autoridades de control para que se tomen las medidas pertinentes para mermar el riesgo en el que están $3,3 billones (US$1.150 millones) en todo el país.