El Auditor General indicó que se ha recomendado a las contralorías que efectúen seguimiento a las importantes investigaciones que ha realizado la Procuraduría General de la República.

Una relación de 23.128 contratos suscritos por los entes territoriales con fundaciones, universidades, asociaciones, corporaciones y cooperativas, para ejecución de recursos por una cifra que supera los 4,4 billones de pesos (US$2.480M) entregó el Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, al Procurador General de la Nación.

En comunicación dirigida a Alejandro Ordóñez Maldonado, el Auditor pone de presente los resultados del proyecto Control al Control de la Contratación (CCC), mediante el cual se revisan las acciones de vigilancia que realizan las contralorías y se evalúa la gestión para prevenir la corrupción y cuya primera fase se ha orientado al estudio de la contratación territorial, dice el informe de prensa.

El auditor hizo extensiva dicha solicitud a las 62 contralorías territoriales en cuyas jurisdicciones se han firmado algunos de los contratos y convenios.

Ardila Barrera explica que uno de los principales aspectos que ha considerado la Auditoría General de la República como objeto de seguimiento, es el relacionado con las acciones que promueven las contralorías para evaluar los contratos que se suscriben con asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas y universidades.

Dice que la propensión al riesgo contractual y fiscal se ha generalizado en consideración a la mal entendida flexibilidad que la Ley confiere cuando estas entidades celebran determinados contratos con el Estado.

“La evaluación de esta información pretende determinar si se han suscrito contratos con estas organizaciones para evadir el proceso de selección objetiva y desconocer el principio de transparencia contratando con estas organizaciones para desarrollar actividades o ejecutar proyectos que no se relacionen con el objeto de la entidad contratista”, advierte el Auditor General, según el comunicado de prensa de la Auditoría

Explica que la investigación alerta sobre posibles irregularidades en la contratación reportada. Se detectaron casos de contratos presuntamente celebrados a través de modalidades de contratación no indicadas, objetos contractuales difusos, contratación recurrente con una misma persona natural o jurídica y el incorrecto manejo de anticipos.

La investigación no pretende cuestionar la generalidad de los contratos que se suscriban con estas organizaciones, aclara el auditor, según el comunicado de prensa. Reitera que algunos de estos contratos se utilizan para burlar soterradamente la Ley y terminar, finalmente, contratando con terceros que se convierten en intermediarios, encarecen el proceso y llegan a configurar sobrecostos en la contratación.

El Auditor General indicó que se ha recomendado a las contralorías que efectúen seguimiento a las importantes investigaciones que ha realizado la Procuraduría General de la República, que han culminado en pliegos de cargos y destituciones que se han proferido en los últimos días.