El gobierno anunció un proyecto de ley para transformar el campo, pero a la cartera que lo ejecutaría le quitaría casi la mitad del presupuesto.
Saldar la deuda histórica con el campo es con seguridad una de las frases más pronunciadas del gobierno de Juan Manuel Santos. Distintas iniciativas en los últimos cinco años se han puesto en marcha para atender de alguna forma eso que es indiscutible: que en Colombia al campo y los campesinos, escenario y protagonistas del conflicto armado, históricamente no se les ha dado el lugar que merecen. Han salido adelante leyes como la de Víctimas y Restitución de Tierras, y en La Habana se llegó al acuerdo agrario. Este año, además, estarán los resultados finales de la Misión para la Transformación del Campo y los datos que arroje el Censo Nacional Agropecuario, el primero en 45 años y el tercero en toda la historia de este país.
Ahora, una vez más, según anunció el presidente Juan Manuel Santos durante su discurso de instalación del Congreso de la República, se presentará un proyecto de ley de reforma rural integral, en el que se tendrán en cuenta los resultados de la Misión Rural, las propuestas del Pacto Agrario y el Censo Agropecuario. De acuerdo con el presidente, la decisión de promover la propuesta se da “luego de las debidas consultas y debates con las organizaciones sociales”. El objetivo: “Garantizar un mayor acceso de los campesinos a la tierra, un mejor uso de la tierra y promover un mayor desarrollo rural”.
Sin embargo, consultados por este diario, gremios y movimientos sociales afirmaron no haber sido partícipes hasta el momento. Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), dijo que no ha hecho parte de la estructuración de ninguna propuesta. Además, que “lo primero que se necesita, antes de pensar en leyes de reforma agraria, es tener una política agraria de Estado, que no hay”, lo cual, según él, es justamente la intención de la Misión Rural, a cuya junta directiva pertenece Mejía. Señaló que, por demás, lo dicho por la Misión no es vinculante. “Entonces uno no sabe qué tomará el Gobierno y qué no”.
Lo cierto también es que la semana pasada el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció un recorte en el presupuesto de inversión para 2016, a manera de ajuste tras la desaceleración de la economía que ha resultado del desplome de los precios de los commodities, particularmente del petróleo. Según la cartera, los montos que irán para cada sector aún no son definitivos y son materia de discusión. Pero el Ministerio de Agricultura no tardó en manifestar el descontento que le genera que le aprieten el cinto al sector que, entre otras cosas, en este momento se está promocionando como potencial despensa de alimentos para el mundo en la exposición universal de Milán, Italia.
La cartera de Agricultura y Desarrollo Rural hizo cuentas y dijo que el tijeretazo en el presupuesto sería brincar de $3,3 billones en 2015 a $1,4 billones el próximo año. “Con una reducción cercana al 50%, el sector agropecuario es el segundo más afectado con el recorte presupuestal. Entendemos por supuesto que hay una situación fiscal distinta a la de hace un año, pero debe haber coherencia entre lo que plantea el Plan de Desarrollo y su capítulo para la trasformación del campo”, dijo Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de Desarrollo Rural. Agregó que el recorte pone en peligro el cumplimiento de los compromisos del ministerio y su papel en el posconflicto.
¿Qué podría estar en juego? Inversiones en vivienda rural, distritos de riego, seguros agropecuarios subsidiados por el Gobierno, microfinanzas y reactivar cultivos como la cebada o el maíz para sustituir importaciones, son sólo algunos de los proyectos a los que la cartera de Agricultura les apunta, según distintas declaraciones del ministro Aurelio Iragorri. Para las microfinanzas, de hecho, durante la última semana se anunció un fondo inicial de $7.000 millones y una meta en los próximos años de US$100 millones.
Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, dijo que el recorte “es prueba de la burla del Gobierno al sector agropecuario”. Sobre la propuesta de reforma rural, aseguró que el movimiento no ha sido consultado y que, para él, abordar el tema de la tierra en el anunciado proyecto de ley es síntoma de que se querrá promover algo parecido a lo que consigna el proyecto de ley de Zidres, que está a la espera de su paso por el Senado y que, según Gutiérrez, será declarado inconstitucional.
ONG como Oxfam y los partidos Alianza Verde y el Polo Democrático han dicho que las Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) permitirían la transferencia de dominio de tierras con antecedente de baldíos, lo que podría resultar en que tierras que son para campesinos pobres sean dominadas por agroindustriales. Para el Gobierno, sin embargo, lo que promueve la ley son modelos de asociatividad para desarollar la Altillanura, territorio que requiere de grandes inversiones, y facilidades de adjudicación de baldíos para personas o campesinos que vayan a trabajar a esa región.
Eberto Díaz, de Cumbre Agraria, aseguró que tampoco fueron consultados para la propuesta de reforma, pero que esperan que el discurso de Santos “sea un preaviso” de que lo serán. “Pero que no nos llamen cuando el proyecto ya esté en el Congreso”. Además, que de fondo persiste la expectativa de que habrá acceso a la tierra para más de 600.000 familias campesinas que no lo tienen.
